El gobierno chileno ha anunciado un paquete de medidas para enfrentar la grave crisis hídrica en la provincia del Limarí, una de las más afectadas por la falta de agua en el país. Este conjunto de iniciativas busca garantizar el consumo humano de agua y mitigar las consecuencias de la disminución del riego en la producción agropecuaria.
El anuncio se produjo tras un Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (COGRID) celebrado en Santiago, en el que participaron el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; la directora (s) de SENAPRED, Alicia Cebrián; y el delegado presidencial regional, Galo Luna Penna. También asistieron representantes de diferentes ministerios y servicios públicos, con el objetivo de establecer un plan de acción a corto plazo y dar continuidad al Plan de Emergencia formulado por los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Obras Públicas y Agricultura.
El Plan Limarí, como se conoce a estas medidas, está diseñado para combatir los efectos de la sequía en la región. El delegado presidencial recalcó que el gobierno ha puesto especial énfasis en la crisis hídrica de la región y que el COGRID nacional se repetirá en los próximos días para dar seguimiento a la hoja de ruta propuesta. Entre las acciones a implementar se incluye la formación de un Comité de Ayudas Tempranas, que se encargará de gestionar y priorizar las obras necesarias a corto plazo para paliar los efectos de la sequía.
Además, se anunció la entrega de dos zanjas de drenaje y conducción del embalse La Paloma en los ríos Huatulame y Grande, así como una zanja de drenaje en el río Limarí y la conducción de más de un kilómetro aguas arriba de este embalse.
La habilitación de pozos para aprovechar las aguas subterráneas es otra de las medidas clave. En colaboración con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, se habilitarán dos pozos en el sector de Rapel, en Monte Patria, a disposición de la junta de vigilancia. A esto se suma la habilitación en junio de once pozos para el sistema Paloma, y se realizarán seis pozos adicionales en las localidades de Ovalle, Monte Patria y Combarbalá, con una inversión de más de $1.500 millones. Para noviembre se sumarán tres nuevos pozos y en abril de 2025, dos más, con una inversión por encima de $1.200 millones.
Para mitigar los impactos de la falta de agua en los cultivos, se construirá una batería de pozos multipropósito para riego y se entregará un paquete de bonificaciones para los pequeños agricultores y crianceros más afectados de la provincia.
Las reacciones a estas medidas han sido en general positivas. María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), indicó que los pozos de emergencia son parte de las soluciones a mediano plazo y que deben complementarse con otras acciones para aprovechar el recurso hídrico existente en la región. Enfatizó la necesidad de estrategias para un buen uso y optimización del agua, y la importancia de mantener niveles productivos y promover prácticas sostenibles para garantizar la viabilidad a largo plazo de la agricultura en la región.
Estas medidas son un aporte y una buena noticia para la comunidad, indicó José Eugenio González, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí. Aseguró que cualquier cantidad de agua que ayude es bienvenida, y que es crucial seguir implementando medidas de gestión del agua para garantizar la seguridad hídrica, la productividad agrícola y un respaldo sólido para la inversión y el desarrollo económico en la región.
La crisis hídrica en la provincia del Limarí es un desafío que requiere de soluciones urgentes y sostenibles. Con estas medidas, el gobierno chileno busca no solo enfrentar la sequía actual, sino también establecer las bases para una gestión más eficiente y sostenible del agua en el futuro, asegurando así la salud y calidad de vida de los habitantes de la Región de Coquimbo.