Operación a gran escala: desmantelamiento de una red criminal dentro de los penales chilenos
En una operación histórica que duró cerca de un año, la Fiscalía Metropolitana Occidente, en coordinación con el Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de la Gendarmería de Chile y el OS9 de Carabineros, efectuó un masivo operativo en dos regiones el viernes 14 de junio, e ingresó a cinco penales ubicados en diferentes comunas del país.
Este procedimiento, que se llevó a cabo simultáneamente en las regiones de Coquimbo y Metropolitana, incluyó la emisión de 15 órdenes de detención y 16 órdenes de entrada y registro (10 en Coquimbo y 6 en la Región Metropolitana). También se solicitó la incautación de siete vehículos y el allanamiento de seis celdas ubicadas en cinco recintos penales.
Este operativo es parte del Foco Investigativo para el Combate del Crimen Organizado en Cárceles, creado en abril de 2024 por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez. Esta iniciativa está a cargo del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, quien tiene la responsabilidad de investigar la comisión de delitos en todos los penales de la Región Metropolitana.
Esta investigación se estableció como el primer procedimiento de este Foco Regional. Para su desarrollo, se implementaron nuevas técnicas investigativas y se formó un equipo multidisciplinario. Además, se mantuvo un constante intercambio de información, coordinación y análisis entre las tres instituciones involucradas.
El trabajo operativo de esta investigación estuvo a cargo de la Fiscal de Focos Occidente, Tania Mora Gutiérrez, quien trabajó conjuntamente con Dicrim y OS9, utilizando diversas técnicas y efectuando distintas diligencias para comprobar la existencia de ilícitos, que incluyen asociación ilícita, tráfico de armas, tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos, entre otros.
Los hallazgos de la investigación
La investigación surgió cuando se detectó una red de funcionarios de Gendarmería que, a cambio de pagos en dinero, proporcionaban cobertura y apoyo a grupos delictuales para cometer delitos dentro de los recintos penitenciarios. Estos hallazgos permitieron descubrir una red de tráfico de armas de distinto calibre y municiones, que era coordinado desde el interior de los recintos y se concretaba a través de una red de testaferros que recibían los pagos y luego realizaban las entregas en distintos puntos.
Para llevar a cabo estas operaciones, los internos involucrados utilizaban dispositivos celulares que eran ingresados en acuerdo con los funcionarios que los custodiaban, quienes, en algunos casos, los vendían a los internos a cambio de dinero.
La investigación se inició con la detección de hechos susceptibles de ser considerados delitos en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Para acreditar estos hechos, se llevaron a cabo diversas diligencias, que incluyeron medidas intrusivas y el alzamiento de secretos bancarios. Con los antecedentes recabados, se solicitaron las órdenes de detención y de entrada y registro ante el 7° Juzgado de Garantía, las cuales fueron autorizadas.
El Fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, destacó el inédito trabajo de las tres instituciones que integran el Sistema de Justicia, resaltando la gravedad de los hechos y el tipo de armamento que era ofrecido y transado por los internos, que en algunos casos incluían armas largas, fusiles de guerra y granadas.
Arsenal decomisado
Según lo informado por la Fiscalía, durante el operativo participaron más de 230 efectivos policiales. Entre los objetos incautados se encuentran 7 vehículos, 2 armas de fuego (una con número de serie borrado), 1 arma de fogueo, 114 municiones de calibre 38 y 9 mm, 28 teléfonos, 3,8 kilos de droga, tres pesas digitales, 18,5 millones de pesos en efectivo, 970 mil pesos en dinero falsificado, además de notebooks, discos duros y pendrives.
Este caso subraya la necesidad de una vigilancia constante y una investigación rigurosa para combatir el crimen organizado dentro de los recintos penitenciarios, poniendo de manifiesto la importancia del trabajo conjunto de las diferentes instituciones de justicia.