El municipio de General Pueyrredón impulsa una licitación por 20 años para las tres playas públicas restantes de Chapadmalal: Playa Dorada, Playa Redonda y Playa Santa Isabel. La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal cuestiona el proceso y advierte sobre posibles impactos en un sector de alto valor ambiental, geológico, paleontológico y arqueológico.
Ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de General Pueyrredón, Chapadmalal se distingue por sus paisajes costeros y sus acantilados, que alcanzan hasta 25 metros sobre el nivel del mar. El área constituye un ecosistema de relevancia ecológica, científica y social.
Un patrimonio científico y cultural de gran relevancia
La costa de Chapadmalal reúne cerca de 5 millones de años de historia geológica pampeana. Los primeros estudios académicos de la zona fueron realizados por el naturalista Florentino Ameghino en 1908, y actualmente distintos organismos académicos continúan desarrollando investigaciones en el lugar.
Entre los elementos de interés científico, los acantilados conservan un registro que, según se indica, correspondería al impacto de un meteorito ocurrido hace unos 3,3 millones de años, durante el Plioceno Medio. La evidencia se encuentra en una capa con presencia anómala de Iridio, un elemento utilizado como indicador de eventos de impacto por su abundancia en meteoritos y su baja concentración natural en la corteza terrestre.
La región también es objeto de estudios sobre el Gran Intercambio Biótico Americano (GABI), el proceso de migración de especies entre América del Norte y América del Sur posterior a la formación del istmo de Panamá, que produjo profundas modificaciones en la fauna continental.
Asimismo, en los arroyos Lobería, Seco y Chapadmalal se registraron hallazgos arqueológicos como talleres e instrumentos líticos, sitios habitacionales prehispánicos y materiales cerámicos. Estos espacios están amparados por la Ley Nacional 25.743/03, que establece normas para la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico.
La licitación de las últimas playas públicas
Chapadmalal cuenta con siete Unidades Turísticas Fiscales (UTF), cuatro de las cuales fueron privatizadas durante las políticas neoliberales de la década de 1990. La licitación en curso abarca las tres playas públicas que permanecen disponibles y contempla emprendimientos privados.
De acuerdo con la Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal, el proyecto prevé intervenir cerca de 30 hectáreas de reserva protegida para instalar restaurantes, estacionamientos, cabañas, spas, clubes de playa y realizar eventos masivos nocturnos.
La organización sostiene que el proceso presenta irregularidades legales y protocolares, al señalar que no se realizó una consulta pública ni se presentó un Informe de Impacto Ambiental (EIA). Para la asamblea, estas omisiones resultan especialmente preocupantes por la relevancia natural, cultural y científica del territorio.
Denuncias por pasivos ambientales
En 2021, el balneario privado Luna Roja fue denunciado por presuntamente volcar desechos cloacales de sus cabañas en el arroyo Lobería. Según el artículo original, los análisis de laboratorio realizados sobre muestras tomadas en el lugar detectaron niveles elevados de bacterias fecales, entre ellas Escherichia coli y Enterococcus faecalis.
La Asamblea también advierte sobre las consecuencias de los festivales y eventos multitudinarios que se expandieron en los últimos años sobre la costa bonaerense. Entre los impactos mencionados figuran la acumulación de residuos, la contaminación lumínica y acústica y las alteraciones a la fauna y a las poblaciones cercanas.
Según la organización, las concesiones sobre el dominio público han dejado pasivos ambientales, como suelos contaminados, estructuras abandonadas y ecosistemas degradados. También afirma que persisten déficits de infraestructura para residentes de la zona, donde todavía no hay redes cloacales ni agua corriente y muchas calles continúan sin asfaltar.
Denuncias contra activistas y vecinos
Tres vecinos fueron denunciados penalmente luego de una manifestación pacífica que buscaba frenar el avance de la concesión en Playa Redonda. La denuncia fue presentada por Santiago de Compostela 1943 S.A., empresa vinculada al empresario Roberto Fiocca y adjudicataria de la UTF Playa Redonda.
El artículo señala que Fiocca fue condenado en 2023 en una causa relacionada con el desvío de fondos del Astillero Río Santiago. La Asamblea cuestiona además que las denuncias por presunta contaminación y obras ilegales vinculadas a actividades nocturnas permanezcan sin avances, mientras continúa la causa iniciada contra los tres vecinos.
En ese contexto, la organización convocó para el martes 6 de octubre, a las 12, a una concentración frente a la Fiscalía N°12, ubicada en Rawson 1139, Mar del Plata, en respaldo de uno de los vecinos investigados y para reclamar el cese de la criminalización de quienes defienden los bienes comunes.
La movilización prevista para el 15 de octubre
La Asamblea plantea que la experiencia de la movilización del 6 de agosto contra la ley de extranjerización de la tierra demuestra la importancia de la organización popular ante los conflictos territoriales. También vincula esta discusión con el DNU 70/23 y la restitución del artículo que deroga la Ley de Tierras, en el marco de una convocatoria de movilización para el próximo 15 de octubre.