El reciente artículo sobre cómo se llegó a la actual situación política brasileña y cómo enfrentar a la extrema derecha acumuló cientos de comentarios y miles de visitas. A partir de ese intercambio, resulta necesario profundizar una discusión colectiva sobre las causas políticas y sociales que explican el crecimiento del bolsonarismo, más allá de las explicaciones inmediatas.
El proyecto de Flávio Bolsonaro supone una amenaza de gran magnitud. Su vínculo con Donald Trump, la defensa de un programa económico contrario a los trabajadores y su hostilidad hacia los derechos democráticos y los movimientos sociales requieren una respuesta firme.
Para que esa confrontación tenga eficacia, es indispensable comprender las condiciones que hicieron posible su ascenso y las contradicciones que deberá enfrentar. El poder electoral de la ultraderecha no apareció de manera espontánea. Al mismo tiempo, el temor, la desmoralización y la resignación frente a su avance no pueden imponerse. Analizar cómo actúa la ultraderecha es central para rechazar la idea de que resulta invencible.
Los resultados electorales expresan relaciones políticas propias de un momento histórico, pero no eliminan los conflictos sociales. Quien asuma el gobierno en 2027 encontrará un país atravesado por el endeudamiento de las familias, la precarización laboral, la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos y expectativas contrapuestas entre millones de votantes.
El choque entre las necesidades de las mayorías sociales y los intereses de las grandes empresas continúa vigente, aunque sectores de trabajadores hayan votado por Flávio Bolsonaro u otras figuras bolsonaristas. Si fuera elegido, Flávio buscaría aprovechar el miedo, la pasividad y la desmoralización para atacar derechos. A su vez, incluso una eventual victoria de Lula enfrentaría el peso de una ultraderecha fortalecida en el Congreso, el Senado, distintos gobiernos estaduales y hasta en la composición del Supremo Tribunal Federal.
Las movilizaciones juveniles y el cambio en la relación de fuerzas
Las manifestaciones posteriores a la primera vuelta constituyen uno de los hechos más relevantes de la nueva etapa. Estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron en ciudades grandes, medianas y pequeñas contra la extrema derecha, en defensa de la educación pública y de los derechos democráticos, y para exigir el fin de la jornada laboral 6×1.
Aunque se trata todavía de protestas iniciales, con un componente electoral marcado, alcance social limitado y perspectivas políticas diversas, muestran que existen sectores juveniles dispuestos a enfrentar al bolsonarismo también fuera de las urnas. Su evolución dependerá de los hechos de las semanas siguientes, de su articulación con sectores más amplios de la clase trabajadora y de la posibilidad de impulsar una perspectiva que exceda la contienda electoral.
El debate sobre el fracaso de la moderación está ligado a la experiencia de los últimos años. Las principales conducciones sindicales, estudiantiles y políticas subordinaban la movilización independiente a la preservación de la gobernabilidad de Lula y de las alianzas del Frente Amplio. Las actuales protestas permiten advertir la fuerza que podría haberse desarrollado alrededor de reclamos como la reducción de la jornada de trabajo, la derogación de la reforma laboral, el rechazo a las privatizaciones y la defensa de la educación y la salud públicas.
Si esa fuerza se hubiera movilizado para imponer el fin de la jornada 6×1, en vez de confiar exclusivamente en el Congreso y el Senado, el bolsonarismo podría ser hoy más débil. Con el respaldo de las grandes organizaciones obreras, estudiantiles y populares, esas luchas no solo habrían conquistado reivindicaciones importantes: también podrían haber modificado la relación de fuerzas y puesto a la extrema derecha a la defensiva.
La estrategia de los últimos años no se expresó únicamente en concesiones dentro de la política institucional. También implicó oportunidades de movilización desperdiciadas en nombre de la estabilidad de las alianzas gubernamentales. La situación presente es, en ese sentido, el resultado de una política sostenida que evitó la movilización y fragmentó las luchas existentes.
La juventud que comienza a movilizarse necesita incorporar estas experiencias y establecer vínculos con trabajadores de aplicaciones, fábricas, comercio, servicios, educación y transporte. La fortaleza del movimiento no dependerá solo de la cantidad de asistentes a las movilizaciones, sino de su capacidad de convertirse en una referencia para millones que no encuentran una salida a la situación actual.
Para ello se plantea un programa que reúna el respaldo de amplias mayorías: el fin inmediato de la jornada 6×1, la derogación de las reformas laborales, previsionales y de la Nueva Educación Secundaria, aumentos salariales significativos, el fin del Marco Fiscal y grandes inversiones en educación, salud y vivienda. Se trata de una orientación opuesta a la del Frente Amplio, comprometido con mantener la actual estructura social del país.
La conciliación de clases y los orígenes de la extrema derecha
El fortalecimiento de la extrema derecha no puede analizarse sin considerar la trayectoria del Frente Amplio. Sin embargo, las contradicciones de esta estrategia son anteriores al tercer mandato de Lula y tuvieron una expresión especialmente grave en el golpe institucional de 2016.
Durante sus gobiernos, el PT buscó conciliar intereses de sectores de la clase trabajadora con los de fracciones de las clases dominantes. Las alianzas con el agronegocio, el sistema financiero, las grandes constructoras, empresarios y partidos conservadores fueron presentadas como indispensables para garantizar la gobernabilidad y aplicar políticas sociales.
Cuando se profundizó la crisis económica y política, sectores decisivos de esas mismas clases dominantes avanzaron contra el gobierno. La FIESP, que había respaldado políticas de Lula, pasó a ser uno de los emblemas de la campaña de destitución contra Dilma Rousseff. La experiencia exhibió los límites de una estrategia basada en acuerdos con fuerzas cuyos intereses estructurales permanecen enfrentados a los de los trabajadores.
El segundo gobierno de Dilma comenzó con un ajuste fiscal que contrariaba las expectativas de sectores importantes de su base social, bajo el argumento de preservar la confianza de los mercados. El nombramiento del banquero Joaquim Levy como ministro de Hacienda expresó esa orientación. Sin embargo, esas concesiones no evitaron que sectores de la burguesía reorganizaran sus alianzas y respaldaran su destitución.
La derrota abrió paso al gobierno de Temer, a la reforma laboral, a la expansión de la subcontratación, a una mayor austeridad y, más adelante, a la elección de Jair Bolsonaro. Ese proceso encontró resistencia: en abril de 2017, la huelga general contra las reformas laboral y previsional de Temer fue una de las mayores huelgas nacionales de las últimas décadas.
La fuerza demostrada entonces mostraba la posibilidad de profundizar la confrontación contra las contrarreformas. Pero, antes de una nueva huelga nacional, las principales conducciones sindicales —incluida la CUT— desarmaron la convocatoria. Así interrumpieron una dinámica que podía haber colocado a Temer y su programa de ataques a la defensiva.
La contención de aquella movilización y la estrategia que luego condujo al Frente Amplio guardan una continuidad política: en ambos casos se priorizaron los acuerdos institucionales con sectores de las clases dominantes por encima de la organización independiente de los trabajadores. La derrota de 2016, la ofensiva de Temer, el ascenso bolsonarista y el resultado electoral de 2026 integran un mismo proceso histórico que debe ser examinado.
La derrota electoral de Jair Bolsonaro en 2022 no implicó el debilitamiento estructural de la extrema derecha. La política de conciliación preservó condiciones económicas, sociales e institucionales que facilitaron su recomposición. Entender este problema resulta indispensable para enfrentarla.
La trampa histórica del mal menor
La lógica del mal menor transforma la elección de la alternativa menos perjudicial en un principio permanente. Como siempre puede presentarse un mal como menos grave que otro, esta orientación puede derivar en una secuencia ilimitada de moderaciones y concesiones.
La experiencia brasileña ilustra este problema. En 2016, la defensa de la gobernabilidad justificó alianzas con sectores que después participaron en el juicio político contra Dilma. En 2018, la amenaza de Bolsonaro fue utilizada frecuentemente para deslegitimar críticas a las políticas del PT, e incluso se sostuvo que las luchas fortalecían al bolsonarismo. En 2022, el Frente Amplio junto a representantes tradicionales de las clases dominantes fue presentado como la única salida posible.
Durante el tercer mandato de Lula, las principales demandas de los trabajadores quedaron subordinadas a la preservación de esa alianza y al mantenimiento de las reformas antiobreras aprobadas por Temer y Bolsonaro. Ahora, ante una ultraderecha fortalecida en términos electorales, vuelve a exigirse postergar toda crítica a la conciliación, como si sus resultados acumulados no necesitaran una revisión profunda.
Las diferencias entre Lula y Flávio Bolsonaro existen y tienen consecuencias concretas para millones de personas. Desconocerlas sería un error político. Pero reconocerlas no obliga a renunciar a la construcción de una alternativa independiente de la clase trabajadora mientras se enfrenta de forma inmediata a la ultraderecha.
Prepararse para los próximos enfrentamientos
La segunda vuelta implica riesgos concretos para trabajadores, jóvenes, mujeres, población negra, pueblos indígenas y otros sectores históricamente atacados por las políticas de Bolsonaro. Es necesario enfrentar a Flávio Bolsonaro, denunciar su subordinación a los intereses de Trump y combatir su programa reaccionario. No obstante, la urgencia de esa tarea no debe bloquear el análisis sobre las razones del fortalecimiento ultraderechista ni el desarrollo de una perspectiva política independiente.
Las dos semanas siguientes demandan una lucha decidida, pero el desafío central consiste en lograr que esa lucha trascienda el resultado electoral. Una victoria de Lula no eliminaría a la extrema derecha, que mantendría posiciones relevantes en el Congreso, los gobiernos estaduales y entre sectores de las clases dominantes.
Una victoria de Flávio Bolsonaro volvería aún más urgente reorganizar las fuerzas obreras y prepararse para posibles confrontaciones sociales. La oposición al nuevo gobierno debería desarrollarse sin quedar subordinada a la expectativa de una futura recomposición electoral del PT o de otro Frente Amplio, para no repetir el camino que contribuyó a la situación actual.
En cualquier escenario, será decisiva la construcción de una fuerza independiente. Esto requiere unidad e intervención común de las organizaciones de izquierda, pero no puede resolverse solo mediante ellas. Su desarrollo dependerá de las experiencias concretas de la lucha de clases: trabajadores precarizados, estudiantes movilizados y movimientos que resisten privatizaciones y ataques contra los derechos sociales.
La lucha por terminar con la jornada 6×1, defender salarios y jubilaciones, derogar las contrarreformas, enfrentar el endeudamiento familiar, proteger los servicios públicos, combatir el racismo y el sexismo y rechazar la injerencia imperialista puede ser el punto de partida para una reorganización política de mayor profundidad. Esa reorganización debería cuestionar el poder de los grandes capitalistas, los bancos, el agronegocio y las instituciones que resguardan sus intereses, en lugar de administrar el orden vigente.
La necesidad de superar al PT por izquierda
El debate busca aportar a una evaluación colectiva de la situación brasileña y de las tareas de la izquierda. Comprender cómo se llegó a este punto es necesario para encontrar una salida que no reproduzca los errores del pasado.
No debería aceptarse que cada generación de trabajadores y jóvenes renuncie a sus demandas en nombre de la moderación. La lucha contra la extrema derecha no puede convertirse en una justificación para preservar indefinidamente el poder económico y político de las clases que ayudan a sostenerla.
Las movilizaciones que se desarrollan en Europa, en particular las protestas estudiantiles de Francia, expresan estas contradicciones. En un país donde Marine Le Pen y Jordan Bardella disputan el liderazgo nacional, estudiantes secundarios y universitarios encabezan acciones contra el deterioro de la educación pública, los recortes presupuestarios y la represión policial, y buscan reforzar sus lazos con docentes, sindicatos y otros sectores populares.
Estos movimientos muestran que una crisis política también puede abrir procesos de radicalización por izquierda. Las relaciones de fuerza no permanecen inmóviles: la conciencia de millones puede cambiar a través de experiencias, acontecimientos decisivos y enfrentamientos concretos.
Derrotar a la extrema derecha es una urgencia. Para evitar que continúe reorganizándose y fortaleciéndose elección tras elección, es necesario abordar las raíces sociales y políticas de su crecimiento. Desde esa perspectiva, superar al PT por izquierda, romper con su estrategia de conciliación de clases y construir una alternativa revolucionaria que impulse y coordine la autoorganización de la clase trabajadora no son tareas de un futuro lejano, sino necesidades del presente.