El Gobierno francés ha intensificado las acciones policiales contra el movimiento estudiantil con el objetivo de desarticularlo antes de las vacaciones escolares y evitar que sus demandas confluyan con las del mundo laboral. Tras una nueva jornada de movilización que reunió a 480.000 personas en las calles el martes, las protestas juveniles continuaron y se profundizaron el jueves 15 de octubre.
Uno de los hechos destacados fue el primer bloqueo registrado en HEC Paris, una de las instituciones educativas más elitistas de Francia. Los participantes señalaron que buscaban aprovechar la visibilidad de ese centro para dar impulso al movimiento. A la vez, siguieron los bloqueos en numerosos institutos de todo el país y por la tarde se realizó una manifestación interinstitucional desde Aubervilliers. Las universidades, pese a los cierres administrativos, también mantuvieron un alto nivel de actividad, con asambleas generales que convocaron a cientos de estudiantes.
Frente a esta situación, el Ejecutivo optó por endurecer la respuesta represiva. Durante un discurso pronunciado el jueves por la mañana en Matignon, el primer ministro Sébastien Lecornu retomó un discurso centrado en la seguridad y afirmó: «Esto ya no es un movimiento estudiantil, es un movimiento de violencia urbana». También apuntó a los «200 institutos donde la violencia está latente», es decir, a los centros desde donde surgieron las movilizaciones.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, destacó la cifra de 8.000 detenciones. Según un comisario de policía citado por Le Canard enchaîné, la estrategia de arrestos masivos busca «intimidar a los estudiantes y a sus padres para que detengan la protesta lo antes posible».
Las medidas se aplicaron rápidamente. El miércoles por la noche, una estudiante de 17 años del instituto Jacques-Brel fue detenida en su domicilio y puesta bajo custodia. El jueves se realizó una movilización solidaria convocada por docentes y familias de ese centro educativo de La Courneuve.
Ese mismo día, la policía intervino en el instituto Paul-Éluard de Saint-Denis. Tras la detención violenta de cuatro jóvenes cerca del establecimiento, la BAC, la Brigada Anticrimen, ingresó al recinto para detener a un alumno que había sido convocado al despacho del director. La intervención policial contó con la aprobación de la dirección del instituto.
El Gobierno no solo apuesta por la represión y el comienzo de las vacaciones para debilitar las protestas de estudiantes secundarios y universitarios. El Ministerio de Educación Nacional también busca negociar con la intersindical de estudiantes de secundaria. Sin embargo, según el texto, la única propuesta consiste en anunciar para finales de octubre cambios limitados en Parcoursup, el sistema de acceso a la universidad, además de partidas reducidas para el presupuesto educativo. Las organizaciones de estudiantes secundarios llamaron a mantener la movilización, aunque no cuentan con un mandato de las asambleas generales universitarias.
En Paul-Éluard, docentes, personal educativo, familias y estudiantes impulsaron una respuesta frente al avance represivo. Cuando la BAC ingresó al instituto, asistentes educativos y profesores intervinieron para evitar la detención del alumno. Posteriormente, ejercieron su derecho a huelga o se declararon en paro y convocaron una concentración ante la comisaría de Saint-Denis para reclamar la liberación de las personas detenidas. A la protesta se sumaron estudiantes de la Universidad Paris 8 y participantes de la movilización interinstitucional.
Durante el bloqueo del instituto Paul-Éluard, realizado el 13 de octubre, un rapero de Minneapolis comparó la movilización de estudiantes y docentes con la resistencia de los habitantes de esa ciudad estadounidense contra el ICE, la agencia migratoria vinculada a Donald Trump. Por su parte, Elsa Marcel, concejala de Saint-Denis, cuestionó que la dirección del centro permitiera el ingreso de la BAC y destacó la solidaridad de los profesores que se sumaron a la huelga.
El Gobierno busca contener las protestas ante la posibilidad de que el 17 de octubre se produzca una convergencia entre distintas reivindicaciones. A esto se suman las primeras prohibiciones de manifestaciones convocadas. El texto plantea la necesidad de aprovechar esa jornada para ampliar la movilización ciudadana, reforzar los vínculos con la clase trabajadora y responder a la represión.
Sin embargo, la dirigencia sindical parece priorizar la fecha del 5 de noviembre. La CGT anunció que apoyará la movilización del 17 de octubre, aunque sin convocar expresamente a una huelga y poniendo el foco en la jornada posterior. Según el artículo, esta orientación puede debilitar el impulso del movimiento en un momento en que busca fortalecerse.
En pocas semanas, los estudiantes secundarios lograron romper con el clima de pesimismo y expresar su voluntad de «cambiar el mundo». El texto sostiene que, para convertir esa energía en conquistas, se requiere un plan de acción con demandas como más recursos para la educación, un aumento general de salarios, la expropiación de grandes corporaciones capitalistas y el rechazo al presupuesto de austeridad. El objetivo planteado es transformar la indignación estudiantil en un movimiento unificado capaz de abrir paso a una huelga general contra Emmanuel Macron y su Gobierno.