La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción a una nueva ley de discapacidad, con un texto acordado entre el oficialismo y distintos bloques legislativos. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y reemplazó la propuesta inicial de prorrogar la emergencia en discapacidad.
El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza con 94 votos, Unión por la Patria con 92, el PRO con 12, Provincias Unidas con 9, Argentina Federal con 8 y la UCR con 6, además de representantes de otros espacios provinciales e independientes. Las cuatro abstenciones fueron del Frente de Izquierda.
Durante los días previos a la sesión se desarrollaron negociaciones en las que participaron gobernadores, sectores de la Iglesia y legisladores de distintas bancadas. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Provincias Unidas y vinculado al gobernador Hugo Passalacqua, tuvo un rol central en las conversaciones. Al presentar los cambios en el recinto, advirtió que su sector no acompañaría la norma si esas sugerencias no eran aceptadas.
Según lo planteado durante el debate, el oficialismo modificó su postura ante la posibilidad de quedar en minoría y perder aliados. El texto aprobado retomó buena parte de la ley de emergencia vigente, aprobada en 2025, y dejó de lado disposiciones previstas en el Presupuesto 2027 de Javier Milei y Luis Caputo. Entre ellas, se cuestionaban cambios al sistema universal del nomenclador de prestaciones y la incompatibilidad entre las pensiones por invalidez laboral y cualquier empleo o actividad como monotributista.
La versión inicial del proyecto había generado críticas porque dejaba decisiones relevantes en manos del Poder Ejecutivo y eliminaba aspectos vinculados al acceso a tratamientos y a la salud para personas de menores recursos. Tras las modificaciones incorporadas, la media sanción establece criterios claros para el otorgamiento de pensiones no contributivas, prevé asignaciones presupuestarias concretas, ratifica el acceso a Incluir Salud, limita las bajas compulsivas derivadas de auditorías y fija un cronograma para cancelar las deudas con los prestadores dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, quien había impulsado la prórroga de la emergencia, confirmó el acompañamiento de su bloque al texto con los cambios introducidos. Sostuvo que la norma permite confrontar con el Presupuesto 2027 y pidió al oficialismo que promueva una declaración para eliminar de ese presupuesto los artículos que, según señaló, perjudican al colectivo de discapacidad.
Sin embargo, el acuerdo no conformó a todos los sectores políticos ni a todas las organizaciones vinculadas a la discapacidad. El Frente de Izquierda optó por la abstención. El diputado Nicolás del Caño sostuvo que las prestaciones se cobran un 40% por debajo de lo previsto en la ley de emergencia actual y denunció que el Gobierno no actualizó los valores por la inflación de 2023 y 2024. También cuestionó que las organizaciones no hayan sido convocadas a intervenir en el debate de comisiones.
Hubo además una postura conjunta de legisladores cordobeses que votaron en contra de la iniciativa y reclamaron la prórroga de la emergencia. Entre ellos estuvieron Carolina Basualdo, de Provincias Unidas; Gabriela Estévez, de Unión por la Patria; y Natalia de la Sota, quien integra un monobloque. De la Sota también solicitó que el proyecto regresara a comisión, pedido que no fue aceptado por la Presidencia de la Cámara.
Los nueve votos negativos correspondieron a seis diputados cordobeses vinculados al gobernador Martín Llaryora, Estévez, De la Sota y la diputada mendocina y exlibertaria Lourdes Arrieta. Organizaciones como la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba ATI, Federación Converger, Colectivo 3 de Diciembre y Capredis habían solicitado ese posicionamiento.
El debate se produjo en un contexto marcado por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Córdoba será la única provincia que recibirá al pontífice fuera de sus actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La Conferencia Episcopal Argentina venía cuestionando al Gobierno por sus políticas en materia de discapacidad.
Aunque las modificaciones fueron valoradas como resultado de la persistencia del colectivo de discapacidad, organizaciones y sectores legislativos mantienen sus reparos. Persisten las dudas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos y sobre la posibilidad de que, luego de la visita papal, el Gobierno retome medidas de ajuste que afecten a las personas con discapacidad.