El Senado aprobó una reforma de la Ley de Salud Mental con 42 votos a favor y 21 en contra. La iniciativa, acordada entre el oficialismo y bloques aliados, deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados. El texto final incorporó modificaciones respecto del proyecto inicial.

La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, además de bloques provinciales vinculados con distintos gobernadores. Entre ellos se encuentran espacios de origen peronista, como Hacemos, de Córdoba, y el Frente Renovador de la Concordia, de Misiones.

La reforma es presentada como una herramienta para mejorar la respuesta del sistema de salud ante situaciones críticas y atender demandas de familiares. Sin embargo, genera cuestionamientos por los cambios vinculados a las internaciones involuntarias, la participación de equipos interdisciplinarios y el modelo de atención en salud mental.

El debate ocurre en un contexto de crisis de salud mental y de discusión sobre el enfoque que debe orientar las políticas públicas: una perspectiva centrada en los derechos y las condiciones sociales de las personas, o una respuesta enfocada en el diagnóstico, la medicalización y el control de conductas. Desde el PTS cuestionan que sindicatos como ATE, Federación, CICOP, AMM, SUTECBA y UPCN, así como centros de estudiantes, no hayan impulsado medidas de rechazo ni espacios de debate frente a la reforma.

Los cambios aprobados

Una de las principales modificaciones alcanza los criterios para ordenar internaciones involuntarias. La ley vigente las habilita únicamente frente a un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. El texto aprobado reemplaza esa definición por la de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”.

Además, permite considerar antecedentes de conductas o ideaciones y la evolución previsible de una situación en caso de no realizarse un tratamiento. De este modo, se amplía el margen para disponer una internación involuntaria aunque el riesgo no se manifieste como inminente al momento de la evaluación.

En casos de emergencia, un médico podrá ordenar la internación, que deberá ser confirmada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Para las evaluaciones ordinarias, el nuevo esquema prevé la participación de un médico —sin exigir formación específica en psiquiatría o salud mental— y de un segundo profesional que deberá ser psicólogo.

La norma también habilita la intervención de psiquiatras mediante teleconsulta cuando no pueda garantizarse su presencia física.

Otro cambio modifica la terminología de la ley: la expresión “padecimiento mental” será reemplazada por “afección o trastorno de salud mental”. El artículo original cuestiona esta modificación por considerar que puede reforzar una mirada individual del sufrimiento y relegar los factores sociales, económicos y políticos que inciden en la salud mental.

Respecto de las internaciones voluntarias, el texto incorpora la posibilidad de impedir el alta solicitada por una persona si el equipo tratante entiende que existe una alteración en su capacidad de juicio y persiste una situación de riesgo grave. En esos casos, podría aplicarse el régimen de internación involuntaria.

La reforma también amplía las responsabilidades de familiares y convivientes en el acompañamiento de personas externadas. Establece obligaciones para padres, hijos, cónyuges y representantes legales, con excepciones para quienes no puedan asumirlas y con la previsión de herramientas de apoyo. No obstante, se plantea el interrogante sobre cómo se garantizará el cuidado cuando no exista una red familiar o cuando esta carezca de tiempo y recursos.

Asimismo, se incorporan de manera expresa problemáticas como la ludopatía y otros consumos problemáticos dentro del abordaje previsto por la ley.

El proyecto mantiene formalmente la prohibición de crear nuevos manicomios y el carácter excepcional de las internaciones. A la vez, introduce cambios sobre el funcionamiento de instituciones especializadas y dispositivos de atención, además de mecanismos de cooperación financiera entre Nación y provincias. Su aplicación dependerá de las partidas presupuestarias y de los acuerdos que se celebren.

Presupuesto y recursos para la atención

El texto advierte sobre la falta de recursos para sostener una ampliación de las intervenciones. Según los datos citados, el presupuesto de los hospitales de salud mental se redujo 19% en un año y 44% desde el inicio de la actual gestión.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que los recursos proyectados para salud mental en el Presupuesto 2026 son un 32,63% inferiores en términos reales a los ejecutados en 2023.

De acuerdo con ese mismo relevamiento, la inversión prevista equivale al 1,42% del presupuesto total de salud, mientras que el artículo 32 de la Ley 26.657 establece que al menos el 10% debe destinarse a salud mental. El artículo también sostiene que se destinan al FMI recursos equivalentes a seis veces el presupuesto de salud pública y recoge la posición del PTS a favor del desconocimiento soberano de la deuda para orientar esos fondos a salud, vivienda y educación.

El debate que continuará en Diputados

La aprobación en el Senado abre una nueva etapa de discusión en Diputados. El texto plantea que defender la Ley 26.657 no implica desconocer sus problemas pendientes, la participación del sistema privado en la atención ni los incumplimientos presupuestarios de gobiernos anteriores.

Al mismo tiempo, cuestiona que esas deficiencias sean utilizadas para ampliar mecanismos de intervención coercitiva mientras continúa el ajuste sobre la salud pública. Desde el PTS proponen una política de salud mental que reconozca la dimensión social e histórica del padecimiento, garantice la participación de las personas usuarias, fortalezca los equipos interdisciplinarios y desarrolle dispositivos comunitarios con presupuesto y trabajadores con derechos.

La discusión legislativa seguirá en la Cámara de Diputados, donde trabajadores de la salud, usuarios, familiares, organizaciones sociales y estudiantes podrán intervenir en el debate sobre una política de salud mental basada en derechos, autonomía y condiciones materiales.