El Indec publicó este miércoles los Indicadores de condiciones de vida de los hogares, correspondientes al primer semestre de 2026. El estudio abarca 31 aglomerados urbanos, con una población estimada de 10,2 millones de hogares y 30,1 millones de personas.

De acuerdo con el relevamiento, el 81,3% de los hogares habitaba viviendas construidas con materiales de calidad adecuada, mientras que el 18,7% residía en viviendas con materiales inadecuados. A su vez, el 13,8% de los hogares se encontraba en situación de hacinamiento.

Las condiciones del entorno también reflejan situaciones de vulnerabilidad. Cerca de medio millón de hogares, en los que vivían 1,8 millones de personas, se ubicaban próximos a basurales. Además, casi 800 mil hogares, donde residían 2,7 millones de personas, estaban asentados en zonas inundables.

En cuanto a los servicios públicos, el organismo informó que el 90,9% de los hogares tenía acceso a la red de agua corriente, el 64,6% a gas de red y el 73,1% a desagües cloacales en el segundo semestre de 2026. Sin embargo, al considerar los tres servicios en conjunto, el 47% de los hogares no accedía al menos a uno de ellos.

La proporción representa un aumento frente al primer semestre de 2023, cuando el 45,2% de los hogares no tenía cobertura de alguno de esos servicios. Medido por cantidad de habitantes, el 52,6% de las personas carecía de acceso a por lo menos uno de ellos, lo que equivale a casi 16 millones de personas.

El informe también indicó que el 20,9% de los hogares eran inquilinos. Dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados, 5,5 millones de personas vivían en hogares que alquilaban su vivienda. El artículo vincula esta situación con el incremento de los precios de los alquileres y los bajos salarios tras la derogación de la ley de alquileres.

Respecto de la cobertura de salud, el 64,3% de la población contaba con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. En cambio, el 35,5% solo tenía cobertura médica mediante el sistema público. El texto asocia este dato con la desregulación de las prepagas establecida por el DNU 70/2023 y el aumento de sus cuotas.

Según el artículo, estos indicadores expresan un deterioro de las condiciones de vida durante el gobierno de Milei, en un contexto marcado por el ajuste y la búsqueda de superávit fiscal.