El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este jueves mediante su cuenta en X que comparecerá ante el Congreso para ejercer su derecho a defensa en el juicio político que enfrenta. El anuncio se produjo después de que el plenario legislativo no aceptara formalmente su renuncia, durante una sesión atravesada por el retiro masivo de diputados y la falta de quórum.

De este modo, Peña continúa al frente del Poder Ejecutivo mientras persiste la incertidumbre sobre el desenlace institucional, en un contexto de presión creciente tanto en las calles como dentro del poder político.

«Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho», expresó el mandatario.

En su mensaje, Peña afirmó que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aportar la información que le sea requerida. También sostuvo que los pagos a los ahorristas no deben quedar condicionados por su situación personal ni por el debate sobre su continuidad en el cargo.

El escándalo de Ueno Bank y el origen de la crisis

La crisis política en Paraguay se desató tras la intervención y el posterior colapso de Ueno Bank, una entidad digital que registró un rápido crecimiento desde su transformación en banco a finales de 2023. Según el artículo original, el 60% de la población adulta del país posee una cuenta en la entidad, que alcanzó casi tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.

La caída del banco dejó a millones de familias sin acceso a sus ahorros y puso en riesgo recursos públicos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank, controlado por el Grupo Vázquez, tras detectar que su índice de solvencia se encontraba en niveles críticos y que se habían concedido créditos a compañías vinculadas al mismo grupo económico por encima de los límites establecidos por la ley. La intervención derivó en el bloqueo de sucursales y el congelamiento de retiros y depósitos, en una situación descrita como un corralito.

Cuestionamientos por los vínculos de Peña

El caso también compromete políticamente a Peña. De acuerdo con el artículo, el presidente fue accionista del grupo propietario de Ueno Bank y mantuvo relaciones comerciales con el holding hasta marzo de 2025, cuando ya estaba al frente de la Presidencia.

Además, tras asumir el Gobierno designó como presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno. Estos antecedentes alimentaron las sospechas de conflicto de intereses y llevaron a la oposición a acusarlo de priorizar intereses empresariales por encima del bienestar de la población.

La crisis se agravó cuando ocho directivos de la entidad bancaria fueron detenidos y la Fiscalía abrió una investigación penal contra Peña, mientras el Congreso debatía la moción de juicio político por presunta mala conducta y conflicto de intereses.

Al mismo tiempo, se hicieron visibles las divisiones dentro del Partido Colorado. Su líder, Horacio Cartes, retiró su respaldo al mandatario y apoyó el proceso político. La oposición también busca impedir que Peña acceda a la senaduría vitalicia en caso de renunciar, al considerar que ese mecanismo podría ofrecerle protección frente a eventuales consecuencias judiciales.

Protestas y reclamos por los depósitos

Miles de ahorristas, jubilados y trabajadores se movilizaron frente al Congreso para reclamar la devolución de sus depósitos y exigir el juicio político contra el presidente. Las protestas continuaron pese a la represión policial y reflejan el malestar por la crisis financiera y la impunidad denunciada por los manifestantes.

Peña pidió preservar la calma y reiteró que la restitución de los fondos no debe depender de su situación personal. Sin embargo, la desconfianza hacia el Gobierno y el sistema financiero se profundizó. El Banco Central anunció pagos parciales de emergencia, mientras el Senado aceleró el tratamiento de una ley destinada a agilizar la devolución de los recursos.

Un proceso aún abierto

Por el momento, Santiago Peña sigue en la Presidencia y el juicio político permanece en curso. La fractura del Partido Colorado se mantiene, mientras el vicepresidente Pedro Alliana espera la evolución de los acontecimientos, la Justicia avanza con sus investigaciones y los afectados reclaman soluciones concretas.

La crisis excede el colapso de una entidad financiera y pone bajo escrutinio los vínculos entre el poder político, el sistema financiero y los grandes negocios. En ese escenario, continúan las movilizaciones de trabajadores, jóvenes y sectores populares que demandan una salida que no traslade los costos de la crisis a la población.