Patricia Walsh, periodista, exdiputada nacional y referente de la lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas, murió este jueves a los 74 años. En los últimos días había permanecido internada y fue sometida a una intervención quirúrgica.
Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1977 por la dictadura cívico-militar-eclesiástica tras la difusión de su Carta Abierta a la Junta Militar, Patricia nació el 24 de octubre de 1952 en la Ciudad de Buenos Aires.
El asesinato de su hermana Victoria “Vicki” Walsh, ocurrido en septiembre de 1976, y el secuestro de su padre seis meses más tarde marcaron su vida y orientaron su militancia hacia la defensa de los derechos humanos y las demandas de los sectores explotados y oprimidos.
Durante los años 70 estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires, etapa en la que comenzó su actividad periodística y política. Con el retorno de la democracia, en 1983, se incorporó activamente a los movimientos de derechos humanos y a la búsqueda de justicia para víctimas y sobrevivientes de la dictadura. A mediados de la década de 1990 se sumó a la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Capital Federal, donde militó durante varios años junto a compañeras como Alejandrina Barry.
En 1997 fue elegida legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Unida. Desde esa banca promovió iniciativas vinculadas con derechos humanos, género, salud y educación. En 2001 resultó electa diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y ocupó su banca en el Congreso hasta 2005.
Entre sus principales aportes parlamentarios se encuentra el proyecto de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esas normas, impulsadas dos décadas antes durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín y sostenidas por la administración peronista de Carlos Menem, junto con los indultos menemistas, garantizaban la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad.
En 2003, a partir de la acción de Walsh y otros legisladores, y del acompañamiento en las calles del movimiento de derechos humanos, organizaciones de sobrevivientes y familiares y la izquierda, las leyes fueron anuladas. Esa decisión abrió el camino para los juicios contra los represores.
También llevó al Congreso el proyecto de no pago de la deuda externa, una consigna que entonces era compartida por el conjunto de los organismos de derechos humanos, que vinculaban el sometimiento financiero al imperialismo con el plan genocida de los años 70.
Walsh fue además una defensora de los derechos de las mujeres, participó de la campaña por la legalización del aborto y promovió políticas públicas destinadas a la igualdad de género y a la protección de las personas más vulneradas.
En los últimos meses participaba como querellante en el juicio por la Masacre de la Calle Corro, cometida el 29 de septiembre de 1976 por una patota del Ejército. En ese hecho fueron asesinados su hermana, Victoria Walsh, y sus compañeros de militancia José Coronel, Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán e Ismael Salame. La querella es representada legalmente por Myriam Bregman, Lilén Reyes y Matías Aufieri, integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Fuentes cercanas a la familia informaron que sus restos serán despedidos el viernes 6 de noviembre, de 12 a 16, en el Salón Blanco del Congreso Nacional, con ingreso por Rivadavia 1846, en la Ciudad de Buenos Aires.