Durante su recorrida por Claypole, Córdoba y Luján, el papa León XIV tiene previsto participar de actividades en instituciones atravesadas por denuncias, causas judiciales y antecedentes vinculados a abusos, vulneraciones de derechos humanos y el accionar de la jerarquía eclesiástica. El artículo original sostiene que es improbable que Robert Prevost se refiera a esos hechos o formule un pedido de disculpas en nombre de la Iglesia católica.
La agenda incluye una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) de Córdoba y otra celebración en la Basílica de Luján, sede de la Arquidiócesis de Luján-Mercedes.
El Cottolengo Don Orione de Claypole
El lunes por la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, situado en Claypole, partido de Almirante Brown, a 25 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Según la Curia, el Pontífice se reunirá con el personal y los huéspedes de la institución: personas con distintas discapacidades, sin recursos y, en numerosos casos, sin familiares, que permanecen allí de manera permanente o asisten a su centro de día.
La sede local de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, entidad propietaria, informa que allí viven actualmente 415 personas y que otras cien concurren durante el día. En total, la institución administra trece cottolengos —once en Argentina, uno en Uruguay y otro en Paraguay— y asiste a unas 1.300 personas con discapacidad. La denominada familia orionita tiene presencia en 34 países.
La obra fue creada en Italia en 1903 por el sacerdote Luis Orione, canonizado por el Vaticano en 1980. Tras fundar hogares en su país, extendió su actividad a Brasil, Argentina, Chile y otros territorios latinoamericanos. El establecimiento de Claypole fue inaugurado en 1935 y Orione participó de la colocación de su piedra fundacional. La frase atribuida al fundador señala que en las puertas de los cottolengos “no se pregunta el nombre, sólo si tiene un dolor”.
El texto plantea que el Estado nacional financia parcialmente el funcionamiento de estas instituciones desde hace décadas, mientras que la Provincia de Buenos Aires también aporta recursos mediante programas sociales. Añade que, durante el gobierno de Javier Milei, se redujo la entrega de medicamentos, pañales y otros insumos del programa Incluir Salud. Según esa mirada, el esquema deja la administración de recursos públicos en manos de autoridades eclesiásticas.
También se mencionan denuncias de abusos y malos tratos en distintas sedes de la obra. Uno de los casos citados es el de Juan Averio, catequista condenado en 2019 a nueve años y medio de prisión por abusar sexualmente de tres personas bajo su cuidado y por poseer material de pornografía infantil. Los hechos ocurrieron al menos desde 2010 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de General Lagos, al sur de Rosario, donde viven aproximadamente cien personas con discapacidad.
De acuerdo con el artículo, una de las víctimas permitió que el caso tomara estado público. Durante el juicio, una trabajadora declaró haber visto a Averio, entonces de 53 años, manosear a un joven indefenso con dificultades para expresarse. Antes de ser detenido, sus superiores habrían intentado trasladarlo al Colegio Cristo Rey de Roldán; luego, ante la reacción del vecindario, fue enviado a Buenos Aires.
El artículo también refiere una denuncia contra un adulto responsable del cuidado de personas con discapacidad en la UEGP 55 Don Orione de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. La acusación fue por abuso sexual contra un adolescente de 14 años con problemas mentales. Aunque el asesor legal de la escuela presentó la denuncia tras recibir el relato de la madre, la causa no avanzó.
En otro expediente, el profesor Darío Castelo fue denunciado por familias de alumnos del Jardín San José, dependiente del Instituto Don Orione de Victoria. Estuvo quince meses en prisión preventiva, pero en abril de 2023 el TOC 6 de San Isidro lo absolvió al considerar que la instrucción había estado viciada y que no existían pruebas concretas en su contra.
En marzo de este año, una residente del cottolengo de General Lagos denunció a un chofer de la institución por abuso. Las autoridades lo apartaron mientras se tramitaba la denuncia, pero el Poder Judicial archivó el expediente y el trabajador fue reincorporado. Según Extremo Diario, la directora Daniela Barbosa y el responsable legal, el sacerdote Aníbal Quebedo, evitaron brindar entrevistas por respeto a las partes involucradas.
En Chile, el sacerdote Jorge Galaz Espinoza, quien dirigía el Pequeño Cottolengo de Rancagua, fue condenado en 2006 a 15 años de prisión por violar reiteradamente a dos menores de 13 y 17 años con discapacidades mentales. Un año antes habían intervenido el Servicio Nacional de Menores y una fiscalía especializada. Durante el juicio se sumó otra víctima y se acreditaron al menos tres delitos de violación.
Doce años después de la condena, se conoció que Galaz Espinoza continuaba participando de misas junto a autoridades de la congregación. En 2018, James Hamilton, denunciante del sacerdote Fernando Karadima, señaló que el condenado había distribuido hostias acompañado por el director provincial de la Obra Don Orione, Roberto Simionato. Hamilton lo definió como “el depredador del pequeño cottolengo”, mientras Simionato afirmó que no sería expulsado de la Obra.
Eneas Espinosa, integrante de la Red de Sobrevivientes a Abusos en Entornos Institucionales de Chile, sostuvo ante La Izquierda Diario que el caso de Don Orione formaría parte de un patrón extendido en congregaciones religiosas de América Latina, en el que las instituciones protegerían a los responsables antes que a las víctimas.
FAdeA y el pasado represivo en Córdoba
El martes a las 10, León XIV celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, empresa dependiente de la Fuerza Aérea Argentina y del Ministerio de Defensa. El lugar, ubicado en el kilómetro 6,5 de la avenida Fuerza Aérea Argentina, fue escenario de una misa de Juan Pablo II ante decenas de miles de personas en 1987.
Los organizadores asocian el predio con la evangelización, la educación, la vida comunitaria y el servicio. Sin embargo, el artículo recuerda que, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, la entonces Fábrica Militar de Aviones tuvo un papel estratégico en el dispositivo represivo. Según el texto, sus autoridades colaboraron con servicios de inteligencia y fuerzas militares en la persecución de activistas obreros y populares, dentro y fuera de la planta, y aportaron personal, instalaciones, vehículos y equipamiento técnico a la Fuerza Aérea.
El inicio de esas tareas se sitúa en 1975, durante el Operativo Independencia en Tucumán, ordenado por el gobierno de Isabel Perón. Ya durante la dictadura, la fábrica quedó subordinada a las directivas del Tercer Cuerpo del Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez.
A pocos kilómetros de FAdeA funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla. El artículo atribuye al entonces arzobispo cordobés Raúl Primatesta, presentado como colaborador de las Juntas Militares, un respaldo a ese contexto represivo.
Luján, Capilla del Señor y las colonias psiquiátricas
En su última jornada en el país, el miércoles 11, el Papa celebrará una misa en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de devoción católica de la Argentina y sede de la Arquidiócesis de Luján-Mercedes.
Bajo la jurisdicción de esa arquidiócesis se encuentra la Parroquia Exaltación de la Cruz, de Capilla del Señor. La sobreviviente Eugenia Castagnaro denunció que el sacerdote Gabriel Ghilardini cometió reiterados abusos sexuales que permanecen impunes. El artículo afirma que Ghilardini es actualmente protegido por León XIV.
También depende del Arzobispado la Capilla San Antonio de Padua, ubicada dentro del Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia Dr. Domingo Cabred, en Open Door. Cerca de allí funciona el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, históricamente conocido como Colonia Montes de Oca, en Torres. La primera institución pertenece al Estado bonaerense y la segunda al Estado nacional. Montes de Oca fue fundada en 1908 a iniciativa del médico Domingo Cabred.
El informe Vidas arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, publicado en 2008 por el Centro de Estudios Legales y Sociales, documentó graves hechos de abuso y negligencia en las colonias Cabred y Montes de Oca, entre otras instituciones. Allí se consignaron violencias físicas y sexuales, muertes por incineramiento en celdas de castigo y privaciones sensoriales sistemáticas.
El texto rescata dos hechos vinculados con la Colonia Montes de Oca: la internación de Alejandro Eugenio Videla, hijo de Jorge Rafael Videla, y la desaparición de la psiquiatra Cecilia Enriqueta Giubileo en 1985.
Alejandro Eugenio Videla, nacido en 1952, fue el tercero de los siete hijos de Jorge Rafael Videla y Alicia Raquel Hartridge Lacoste. Según reconstruyeron María Seoane y Vicente Muleiro en el libro El Dictador, recibió de niño un diagnóstico de “oligofrenia profunda”, fue internado primero en un hogar de Morón y luego trasladado al Pabellón 7 de Montes de Oca. Murió en 1971, a los 19 años.
En el hogar de Morón trabajaban monjas de la Congregación de Misiones Extranjeras. Entre ellas se encontraban las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes cuidaron al hijo de Videla y fueron secuestradas y desaparecidas años después por la dictadura encabezada por su padre. En diciembre de 1977, Domon, Duquet y otras diez personas fueron secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las víctimas estaban las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. Tras tareas de inteligencia dirigidas por Alfredo Astiz, fueron llevadas a la ESMA y posteriormente asesinadas en los vuelos de la muerte.
Giubileo, de 39 años, trabajaba en las colonias Domingo Cabred y Montes de Oca. Durante una guardia en esta última, en la madrugada del 17 de junio de 1985, atendió pacientes, firmó un certificado de defunción y avisó que descansaría en la casilla destinada al personal médico. Desde entonces no volvió a ser vista. Su cama, su automóvil y sus efectos personales permanecieron intactos.
El periodista Juan Provéndola revisó el caso en su investigación “Un misterio llamado Cecilia Giubileo”, basada en testimonios cercanos a la médica y archivos de inteligencia de la Policía Bonaerense. Según el artículo, las hipótesis judiciales y policiales fueron inconducentes y se descartaron pistas que apuntaban a un posible secuestro y asesinato relacionados con su tarea en las colonias.
El texto atribuye responsabilidades en la falta de esclarecimiento a la Arquidiócesis de Luján-Mercedes, especialmente a Emilio Ogñénovich, arzobispo entre 1982 y 2000. La Curia habría defendido a Florencio Sánchez, entonces director de la colonia y amigo de Ogñénovich, y no habría acompañado a la familia de Giubileo. También se sostiene que la jerarquía difundió hipótesis que responsabilizaban a la propia médica y que Ogñénovich rechazó intervenir ante la Justicia para solicitar pericias y el rastrillaje de las 250 hectáreas del predio.
Antes de llegar a Luján-Mercedes, Ogñénovich había sido vicario general de Bahía Blanca. El artículo lo vincula con la campaña represiva del Quinto Cuerpo del Ejército y recuerda una declaración suya según la cual la sociedad estaba cansada de “inútiles declaraciones sobre derechos humanos”.
Tras la dictadura, durante el gobierno bonaerense de Alejandro Armendáriz, el Ministerio de Acción Social encabezado por Pablo Pinto y la Subsecretaría del Menor, la Familia y la Tercera Edad, a cargo de Isidoro Alconada Sempé, crearon una Comisión Interna de Asesoramiento sobre niños desaparecidos y nacidos en cautiverio. La abogada Sara Cánepa fue designada al frente de ese organismo.
La psicóloga Liliana Rodríguez, integrante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, formó parte de aquella comisión luego de haber sido cesanteada durante la dictadura de la Escuela Superior de Sanidad de La Plata. Rodríguez recorrió las colonias Cabred y Montes de Oca y afirmó que, aunque no encontraron allí a personas buscadas por familiares de desaparecidos, pudieron comprobar el nivel de degradación y violencia padecido por quienes se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Rodríguez relacionó la historia de Giubileo con la de Alejandro Videla y las religiosas Domon y Duquet. A su entender, la Colonia Montes de Oca, ubicada a 12 kilómetros de la Basílica de Luján, condensó durante más de un siglo el abandono y la situación de los sectores más frágiles. Además, describió el papel de la jerarquía católica como el de una Iglesia que, según sus palabras, mira hacia otro lado ante crímenes atroces o interviene directamente en ellos.
Finalmente, Espinosa afirmó que la Santa Sede tendría dificultades para elegir espacios de visita sin atravesar heridas abiertas para las víctimas de abusos eclesiásticos. Como antecedente, mencionó la presencia de León XIV en la Abadía de Montserrat, en España, señalada como escenario de delitos impunes cometidos por religiosos contra niños y niñas.