El Gobierno de Rodrigo Paz suspendió el tratamiento del anteproyecto de ley para descentralizar la educación técnica, después del paro de 48 horas convocado por el Magisterio Nacional y de la ampliación de las movilizaciones, que desafiaron el estado de excepción.

La decisión fue tomada en una mesa de diálogo con participación del Gobierno, integrantes de la Defensoría del Pueblo y dirigentes de la Confederación del Magisterio Rural. El acuerdo también contempla el inicio de negociaciones.

El Magisterio Urbano cuestionó el acuerdo, al que calificó de traición, y anunció que analizará la convocatoria a un paro de 72 horas, además de mantener las movilizaciones. Desde este sector plantean continuar la lucha hasta lograr el retiro definitivo del proyecto de descentralización y enfrentar el plan de ajuste.

La propuesta legislativa buscaba transferir a las gobernaciones el sostenimiento de los Institutos Técnicos, además de otorgarles atribuciones para modificar los contenidos académicos. Según los cuestionamientos planteados por los sectores movilizados, la medida abriría el camino a la privatización de la educación técnica.

Las críticas también apuntaron a que la regionalización y la especialización vinculada a actividades productivas locales —como la minería o la agroindustria— podrían restringir las oportunidades laborales y de movilidad de las y los estudiantes, quienes tendrían que cubrir deficiencias de formación mediante institutos y academias privadas.

Un día antes de la negociación, la Iglesia Católica había solicitado suspender el tratamiento del proyecto, al considerar que el Gobierno no lo estaba abordando con prudencia y que aún no era el momento de debatirlo. El artículo sostiene que representantes de sectores dominantes observaron con preocupación el crecimiento de las protestas en defensa de la educación pública.

Durante las jornadas de conflicto, decenas de miles de maestras y maestros salieron a las calles, instalaron piquetes de huelga de hambre y participaron en el paro de 48 horas con movilización. Estudiantes de institutos técnicos también se sumaron a las protestas, con bloqueos de carreteras y autopistas.

Hubo manifestaciones en Caranavi, La Paz, Cochabamba, Pisiga, Sucre, Tarija y Santa Cruz, entre otros lugares. En ellas se difundieron consignas como: “la educación pública no se vende sino que se defiende”.

La segunda jornada de paro estuvo marcada por la represión policial contra estudiantes de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. El hecho dejó más de 30 personas detenidas y varios heridos, lo que generó el respaldo de distintos sectores populares a los maestros y estudiantes movilizados.

El texto señala que el retroceso del Gobierno no implica el abandono definitivo de su propuesta y advierte que el plan podría volver a debatirse en las mesas de negociación anunciadas con el Magisterio Rural. Por ello, plantea la necesidad de impulsar un plan de lucha nacional contra las políticas de ajuste atribuidas al Gobierno de Paz, al FMI y a la derecha.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia. La posición expresada en el artículo propone que esta instancia sea abierta a afiliados, no afiliados y sectores que participaron de los 53 días de lucha, incluidos movimientos sociales, juventudes, organizaciones feministas, de diversidades y ambientales.

Asimismo, el artículo cuestiona a Argollo, dirigente de la COB, y plantea reforzar la unidad de acción con organizaciones vecinales, sindicatos, centros culturales, comunidades, lugares de estudio y trabajo. Como referencia, menciona los comités de movilización y bloqueo de El Alto, integrados por vecinos, trabajadores precarizados, estudiantes y amas de casa, durante las movilizaciones de mayo y junio.

Foto: Firma del acuerdo con el ministro de Educación y el Magisterio Rural. (DP Bolivia)