El fenómeno de El Niño ya tiene consecuencias en el Litoral argentino. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa precipitaciones por encima de los valores habituales durante noviembre, diciembre y enero. Aunque no es posible precisar con exactitud dónde ni cuándo habrá nuevas inundaciones, las experiencias previas permiten reconocer los territorios más expuestos y las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas de manera recurrente. Identificar esos riesgos con anticipación permite actuar antes de la emergencia.

Los gobiernos nacional y provinciales anuncian protocolos y dispositivos para responder ante este escenario, con una orientación que el texto caracteriza como de preparación reactiva. A la vez, cuestiona que las políticas de ajuste debiliten los recursos destinados a prevenir y actuar frente a las inundaciones. Por ello, resulta relevante analizar qué iniciativas pueden construirse desde las comunidades y los territorios.

Investigaciones sobre adaptación comunitaria y experiencias latinoamericanas muestran que las comunidades, junto a especialistas y trabajadores de la educación y la salud, pueden intervenir en el diagnóstico de riesgos, la organización preventiva y la actuación durante una emergencia. Estos aportes abren un debate sobre las medidas que podrían impulsarse en Argentina antes de las próximas inundaciones.

La discusión es especialmente significativa en Santa Fe, Rosario y otras localidades de la cuenca del Paraná, donde inundaciones anteriores dejaron experiencias de organización, reclamos y conflictos en torno a las responsabilidades estatales. Mientras se indica a las familias que preparen su propia evacuación y se aplican multas por obstruir desagües, se destinan recursos relevantes a proteger al agronegocio y sostener la continuidad exportadora. Frente a ese contraste, se plantea la necesidad de una prevención organizada desde abajo, que no traslade las responsabilidades a las familias trabajadoras.

Adaptación comunitaria: un papel activo de las poblaciones

La Adaptación Basada en Comunidades (ABC), desarrollada en estudios sobre riesgo climático, parte de reconocer que quienes habitan un territorio poseen saberes fundamentales sobre los peligros que enfrentan. Conocen qué calles se inundan primero, qué sectores quedan aislados, dónde viven personas que necesitan ayuda y cuáles fueron los efectos de crecidas anteriores.

Ese conocimiento cotidiano no sustituye la ciencia ni las obligaciones de las instituciones públicas. Debe articularse con estudios hidrológicos, pronósticos meteorológicos y evaluaciones técnicas realizadas por especialistas. La combinación entre conocimiento experto y saber territorial permite elaborar respuestas adecuadas a cada lugar.

Una investigación de Elisa Ravazzoli y colaboradores, publicada en diciembre de 2025 en Climatic Change, revisó 30 estudios empíricos sobre participación comunitaria en la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático. El trabajo identificó modalidades que van desde consultas y talleres hasta experiencias de diseño colectivo y participación en las decisiones.

Sin embargo, los autores advierten que la intervención comunitaria suele concentrarse en las primeras instancias de diagnóstico y planificación, y disminuye o desaparece durante el seguimiento, la evaluación y la recuperación posterior a los desastres. Además, muchas iniciativas presentadas como participación comunitaria se limitan a explicar protocolos ya definidos, en vez de habilitar que la población diagnostique riesgos, establezca prioridades y supervise las medidas. El estudio también señala la insuficiente representación de las mujeres y de los grupos socialmente marginados.

Para avanzar, la adaptación comunitaria debe discutir quién accede a la información, quién administra los recursos y quién tiene capacidad real para modificar las políticas públicas.

Alertas y producción colectiva de conocimiento

En Brasil, investigadores del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) desarrollaron experiencias de construcción colectiva de conocimiento con docentes, estudiantes y comunidades. Un artículo de 2017 publicado en International Journal of Disaster Risk Science, encabezado por Victor Marchezini, analizó proyectos en los que estudiantes participaron en el monitoreo de lluvias, la elaboración de mapas de riesgo y la identificación de posibles rutas de evacuación.

En una de esas experiencias, estudiantes construyeron pluviómetros con botellas plásticas para medir precipitaciones. Durante una actividad en el territorio advirtieron que una vecina no sabía leer, por lo que adaptaron el instrumento con colores e imágenes para que pudiera utilizarlo. En otro caso, un equipo instalado en una escuela registró 100 milímetros de lluvia en 24 horas, un nivel considerado peligroso por la Defensa Civil municipal. A partir de ese dato, los estudiantes difundieron la advertencia entre otros cursos y sus familias.

El estudio muestra que una propuesta escolar puede convertirse en una instancia de generación colectiva de conocimiento y de comunicación del riesgo. Aunque la iniciativa todavía no había sido evaluada durante una inundación real, sus autores resaltaron su potencial para vincular ciencia, educación y organización comunitaria.

En las zonas inundables de Argentina, estas experiencias podrían traducirse en mapas participativos elaborados con escuelas, universidades, especialistas y organizaciones barriales; en la recuperación de la memoria sobre inundaciones previas y en ejercicios de evacuación con participación familiar. Estas medidas no reemplazan las funciones de los organismos especializados en monitoreo meteorológico, hidrológico y protección civil, pero pueden complementarlas mediante redes territoriales que comuniquen alertas oficiales e identifiquen problemas que un sistema centralizado no siempre detecta. Para ello se requieren recursos, capacitación y coordinación técnica.

Escuelas y docentes frente al riesgo

Una revisión sistemática publicada en diciembre de 2025 en BMC Emergency Medicine analizó 17 estudios sobre la participación de las instituciones educativas en la gestión de desastres. Sus autores identificaron seis dimensiones: planificación y preparación; educación y sensibilización; comunicación y cooperación; infraestructura y equipamiento; evaluación de las medidas; y superación de obstáculos.

Las escuelas pueden articular información, recursos y vínculos comunitarios. Las docentes pueden enseñar a interpretar alertas, reconocer riesgos, elaborar planes preventivos y desarrollar actividades junto con las familias. Pero la educación no se limita a indicar cómo actuar cuando llega una inundación: también permite comprender por qué algunos barrios están más expuestos, cómo inciden las políticas de uso del suelo, qué consecuencias tiene la falta de infraestructura y cuáles son las decisiones públicas necesarias para reducir la vulnerabilidad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estableció mediante la resolución 2234/2026 un protocolo para contingencias climáticas que prioriza la denominada “continuidad pedagógica”, el resguardo de los edificios escolares y el reconocimiento administrativo de las tareas de docentes y asistentes escolares. Las docentes deben asegurar la continuidad de las actividades para garantizar el derecho a aprender, mientras el protocolo establece que las actividades escolares y educativas continuarán desarrollándose con normalidad y que los edificios escolares no serán utilizados como centros de evacuación.

El texto plantea interrogantes sobre la continuidad de la enseñanza cuando las familias pueden estar evacuadas, sus hogares inundados y los propios docentes y asistentes escolares atravesando la emergencia. La inundación de Santa Fe de 2003 mostró que las escuelas también funcionaron como espacios de refugio, asistencia y organización comunitaria. Sus trabajadores y familias tuvieron un papel activo en la respuesta al desastre.

El protocolo contempla medidas para sostener el vínculo educativo e identificar problemas de conectividad, y en algunas regiones se promovieron relevamientos de zonas de riesgo y mecanismos de comunicación con las familias. No obstante, el eje continúa puesto en el funcionamiento de la educación como servicio, sin mecanismos equivalentes para que trabajadoras y comunidades participen en las decisiones de prevención territorial.

También existe un conflicto por las condiciones laborales. Durante las plenarias escolares, docentes advirtieron que los protocolos de emergencia no consideran suficientemente las situaciones que pueden afectar a las propias trabajadoras y sus familias. Una docente cuya vivienda se inunde, que deba evacuar o cuidar a familiares podría perder, además, el incentivo salarial de “Asistencia Perfecta”.

Ese mecanismo de presentismo ya es cuestionado por trabajadoras de la educación porque implica una presión económica para asistir a clases incluso ante enfermedad, estrés o agotamiento físico y emocional. En una emergencia hídrica, esa presión podría intensificarse. Por eso, una política preventiva que fortalezca el rol comunitario de las escuelas debe garantizar licencias y justificaciones de inasistencias sin descuentos salariales ni pérdida del incentivo, además de recursos y personal suficientes para las tareas educativas y de acompañamiento comunitario.

La preparación frente a las inundaciones no debería exigir que las escuelas funcionen a cualquier costo, sino asegurar que trabajadores y comunidades participen de las decisiones necesarias para proteger sus vidas, su educación y sus condiciones laborales. Docentes, asistentes escolares y familias pueden aportar a la identificación de áreas inundables, el relevamiento de necesidades de evacuación, la creación de redes de comunicación y la discusión de obras y políticas públicas. Esto no supone transformar las escuelas en organismos de emergencia ni trasladar nuevas cargas a sus trabajadores, sino reconocer el valor de su conocimiento territorial. Para lograrlo hacen falta edificios seguros, formación dentro de la jornada laboral y ámbitos efectivos de participación, con un papel relevante de los sindicatos.

El aporte estratégico de los equipos de salud

Un estudio de Ashleigh Domingo y colaboradores, publicado en 2024 en Public Health, revisó 30 trabajos sobre agentes comunitarios de salud ante fenómenos meteorológicos extremos en países de ingresos bajos y medios. Entre sus funciones se identificaron la atención sanitaria, la orientación para acceder a servicios, la educación preventiva, la vigilancia de la salud, el apoyo psicosocial y la participación en respuestas de emergencia.

Varias de estas tareas pueden comenzar antes de una inundación. Los equipos de atención primaria pueden identificar a personas que requieren continuidad de tratamientos, anticipar dificultades en el acceso a medicamentos y organizar seguimientos para familias que podrían quedar aisladas. También pueden colaborar en la prevención de enfermedades vinculadas al agua contaminada, acompañar a personas evacuadas y atender consecuencias psicológicas de los desastres.

Otra revisión, publicada en 2025 en The Lancet Regional Health – Americas por investigadores vinculados a la Organización Panamericana de la Salud, examinó 70 estudios de América Latina y el Caribe sobre participación comunitaria en atención primaria. El trabajo distinguió 14 estrategias agrupadas en tres dimensiones: participación de trabajadores comunitarios de salud, intervención de las comunidades y movilización de organizaciones sociales.

Los resultados indican que las redes de confianza construidas previamente, la articulación entre salud, escuelas y organizaciones barriales, y la integración de saberes comunitarios y técnicos pueden mejorar la respuesta sanitaria. Entre los principales obstáculos aparecen la precarización y sobrecarga laboral, la falta de presupuesto sostenido para la atención primaria y las decisiones gubernamentales centralizadas que excluyen a las comunidades e invisibilizan su conocimiento territorial.

El trabajo invisible de la adaptación climática

Una investigación de 2023 publicada en Global Environmental Change, titulada El trabajo invisible de la adaptación al cambio climático y encabezada por Leigh Johnson y Michael Mikulewicz, examinó experiencias de 12 países. Sus autores analizaron cómo numerosas tareas indispensables para enfrentar la crisis climática se realizan mediante trabajo mal remunerado, gratuito o no reconocido.

Se trata de labores de cuidado, organización, mantenimiento de infraestructura y asistencia, frecuentemente presentadas como contribuciones voluntarias de las comunidades. El estudio propone reconocer la adaptación climática como un trabajo socialmente necesario y debatir sus condiciones de realización.

La organización comunitaria puede reforzar la capacidad de respuesta ante un desastre, pero también puede ser utilizada por el Estado para transferir responsabilidades sin aportar recursos. El caso de las brigadas voluntarias de Santa Fe es señalado como un ejemplo de ese riesgo. Fortalecer la organización comunitaria no debe equivaler a reemplazar empleo remunerado por voluntariado ni a aumentar la sobrecarga de quienes sostienen los servicios esenciales.

Los trabajadores de educación, salud y otros servicios públicos cuentan con experiencias y vínculos cotidianos fundamentales para la prevención. Su protagonismo debe incluir participación en las decisiones sobre la preparación comunitaria, los recursos necesarios y la organización de las respuestas. Cuando se necesiten brigadistas permanentes para prevención y emergencia, deben contar con contratación formal, salarios dignos, cobertura de riesgos, equipamiento, capacitación y todos los derechos laborales correspondientes.

Rosario: emergencia, salud y organización de trabajadoras

En Rosario, la lucha de las trabajadoras sociales permitió el reconocimiento de sus derechos tras su incorporación a centros de atención primaria entre 2003 y 2007, en un proceso vinculado a las consecuencias de las inundaciones provinciales. La trabajadora social e investigadora Romina Bustos estudió este caso.

Su investigación señala que la emergencia visibilizó problemas sanitarios y sociales que excedían una respuesta centrada en el tratamiento de enfermedades. Las inundaciones provocaron desempleo, deterioro de las condiciones de vida y afectaciones psicológicas y emocionales que requerían intervenciones territoriales. Las trabajadoras sociales realizaron acercamientos a familias, recorridas barriales y articulaciones con otras instituciones.

Sin embargo, estas tareas se desarrollaron en condiciones de extrema precariedad: contratos inestables, retrasos en los pagos y falta de reconocimiento dentro del sistema sanitario. Las profesionales impulsaron entonces una organización colectiva que dio origen a la Red de Trabajadoras Sociales de Salud Provincial y reclamaron el reconocimiento de sus funciones en el escalafón profesional, logrado en 2010.

Santa Fe: las inundaciones como disputa política

Las inundaciones de 2003 y 2007 dejaron una profunda experiencia social en Santa Fe. Diversas investigaciones sostienen que sus efectos no pueden explicarse únicamente por las lluvias y las crecidas de los ríos. También deben considerarse las condiciones de vulnerabilidad de la población, las formas de ocupación territorial y las políticas de gestión del riesgo.

La investigadora Tamara Beltramino analizó cómo las personas afectadas por la inundación de 2003 construyeron organizaciones colectivas y cuestionaron las explicaciones oficiales sobre el desastre. Esas experiencias pusieron en debate las responsabilidades políticas y los mecanismos estatales de reparación.

La prevención, por lo tanto, no puede reducirse a una cuestión de infraestructura. Las obras hídricas, los sistemas de bombeo y las defensas son esenciales, pero también lo son la planificación territorial, la infraestructura disponible en los barrios, el acceso de las familias a viviendas seguras y su capacidad para afrontar una evacuación.

Organización comunitaria sin renunciar a las obligaciones estatales

Partir de las experiencias comunitarias es indispensable para construir una prevención que comience antes de las emergencias. Los vecinos conocen los problemas de sus barrios, las escuelas pueden producir información colectiva y los equipos de salud pueden fortalecer redes de cuidado. Pero la organización y el conocimiento territorial no sustituyen las obras, los recursos ni las políticas públicas que debe garantizar el Estado.

La solidaridad y la asistencia son necesarias durante una inundación. Sin embargo, si la organización territorial se limita a distribuir ayuda después del desastre, puede quedar restringida a una lógica de respuesta inmediata que no modifica las causas de la vulnerabilidad. Una política centrada exclusivamente en el asistencialismo corre el riesgo de administrar las consecuencias de la desigualdad sin cuestionar las decisiones que la reproducen.

Prepararse desde abajo también supone reclamar obras, controlar el uso de los recursos públicos y disputar las prioridades gubernamentales. Trabajadores organizados en sindicatos, asambleas barriales y universidades pueden elaborar diagnósticos y demandas colectivas, no solo como receptores de información o ejecutores de protocolos elaborados desde arriba, sino como protagonistas de las decisiones sobre sus territorios.

Una política preventiva debe vincular necesidades inmediatas —sistemas de alerta, evacuación, refugios y redes de cuidado— con debates estructurales sobre vivienda, planificación urbana, infraestructura barrial, condiciones laborales y las ganancias de grandes empresas basadas en la precariedad de las mayorías. No basta con responder a las consecuencias de una inundación si no se actúa sobre las condiciones que vuelven tan desiguales sus efectos.

Si las comunidades tienen capacidad para organizarse cuando llega el agua, también pueden anticiparse, cuestionar las decisiones que profundizan la vulnerabilidad y exigir las transformaciones necesarias para evitar que una crecida se transforme en catástrofe.