El bloque del PTS-FITU en la Legislatura de Jujuy presentó un proyecto de pedido de informes para que el Gobierno provincial detalle cómo aplicó durante 2026 la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y qué previsiones presupuestarias dispone para sostener las políticas y prestaciones en 2027.
Desde el espacio cuestionaron lo que consideran un incumplimiento de la normativa por parte del Gobierno nacional de Javier Milei. También señalaron que, según su planteo, en Jujuy no existen garantías suficientes para el colectivo de personas con discapacidad bajo la gestión provincial de Carlos Sadir, a quien vinculan políticamente con el Gobierno nacional. Asimismo, criticaron la postergación de sesiones legislativas en las que podrían abordarse este y otros proyectos relacionados con derechos y necesidades de familias trabajadoras, mujeres, diversidades y jóvenes.
La iniciativa fue impulsada por Lamia Debbo, Natalia Morales, Alejandro Vilca y Gastón Remy. El proyecto recoge reclamos del Colectivo de Discapacidad, cuyos integrantes advierten sobre el deterioro de las condiciones de vida, los obstáculos para acceder a prestaciones esenciales y la incertidumbre respecto de la continuidad de tratamientos y servicios.
También se refiere a la situación de trabajadores y trabajadoras del sector, quienes, de acuerdo con los reclamos mencionados, afrontan salarios bajos y condiciones laborales precarizadas. Esta realidad, sostienen, impacta de manera directa en la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad.
El pedido de informes requiere al Poder Ejecutivo provincial, mediante el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Hacienda y los organismos competentes, documentación sobre ocho aspectos centrales: las acciones desarrolladas en 2026; la ejecución presupuestaria y los recursos asignados; la situación de las prestaciones de salud, rehabilitación y asistencia integral; el acceso al transporte, la educación y el empleo; el estado de las pensiones y los trámites administrativos; las condiciones de prestadores e instituciones; la planificación presupuestaria y operativa para 2027; y la distribución territorial de recursos junto con los mecanismos de control.
Además, solicita precisiones sobre eventuales interrupciones de tratamientos y servicios, demoras en la provisión de medicamentos y ayudas técnicas, dificultades para obtener el Certificado Único de Discapacidad, atrasos en pagos a instituciones y prestadores, y las respuestas ante suspensiones o bajas de pensiones no contributivas.
La propuesta busca determinar qué partidas se ejecutaron en 2026, cuánto se proyecta destinar durante 2027 y cuáles serán los mecanismos para evitar que las personas con discapacidad pierdan cobertura, tratamientos o asistencia el próximo año. El bloque reclama respuestas urgentes, presupuesto y garantías para las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sector.