La visita de León XIV dejó una imagen paradójica: miles de personas se acercaron a escuchar a la máxima autoridad de una institución que desde hace décadas pierde influencia social. La devoción se expresó en una sociedad marcada por el desencanto y alrededor de un mensaje que, sin plantear una confrontación política directa con el Gobierno, puso en escena buena parte del sufrimiento generado por el programa de Javier Milei.

Interpretar estas movilizaciones como un regreso masivo de la sociedad a la Iglesia sería, sin embargo, un error. Las cifras muestran otra tendencia. Según el CONICET, la población argentina que se identifica como católica descendió del 76,5% en 2008 al 62,9% en 2019. Un estudio posterior ubicó esa proporción en 58%. El retroceso tampoco es únicamente local: de acuerdo con Latinobarómetro, el catolicismo pasó del 80% al 55% en América Latina entre 1995 y 2025-2026.

Una posible explicación es que una sociedad puede alejarse de las autoridades religiosas sin dejar de buscar consuelo, esperanza y pertenencia comunitaria. Karl Marx definió a la religión como el suspiro de la criatura oprimida, una frase menos difundida que la de opio del pueblo, aunque ambas integran el mismo razonamiento. La religión puede mitigar el dolor y, a la vez, colaborar con la continuidad de las condiciones que lo generan. Brinda alivio ante la injusticia, pero también puede ser una expresión de protesta frente a una realidad difícil de soportar.

Esto puede verse en procesiones y peregrinaciones, en quienes prenden una vela por un familiar enfermo, buscan empleo o encuentran en una comunidad religiosa una manera de atravesar la soledad. La denuncia abstracta o el enfrentamiento con las creencias populares pueden, incluso, reforzar aquello que se pretende cuestionar. Transformar la conciencia no implica solamente convencer a las personas de que Dios no existe, sino ampliar la experiencia colectiva y modificar las condiciones materiales de vida.

Allí aparece una primera dimensión política de la visita de León XIV. Cuando el Papa se refiere a los jubilados, las personas con discapacidad, el empleo, las universidades o a una economía al servicio de las personas, interviene en el núcleo del debate argentino, aun sin decirlo de manera explícita. Sus llamados a la solidaridad remiten a los jubilados reprimidos frente al Congreso; sus defensas de la universidad pública, al desfinanciamiento educativo; y sus pedidos de protección para los sectores vulnerables, a las víctimas de la motosierra. Las movilizaciones no estuvieron por completo desvinculadas de ese clima social.

La figura papal logró concentrar adhesiones de un espectro amplio, algo que el sistema político no consigue. Pero esa misma amplitud también limita su intervención: una cosa es reconocer el sufrimiento social y otra es señalar a los responsables y plantear cómo enfrentarlos.

El Papa puede cuestionar los efectos del ajuste y, al mismo tiempo, participar de ceremonias junto a quienes lo aplican. Puede hablar de los pobres frente a empresarios que se enriquecen a costa de los trabajadores, reclamar justicia social y finalmente convocar a una reconciliación entre quienes padecen la injusticia y quienes obtienen beneficios de ella.

La Iglesia católica desarrolló durante siglos una notable capacidad para intervenir en los conflictos sociales, reconocer sus tensiones y ofrecer respuestas orientadas a preservar un determinado orden. La conciliación social convierte antagonismos irreconciliables en supuestos problemas de entendimiento: presenta como falta de diálogo lo que en realidad enfrenta intereses materiales opuestos.

Ese es el segundo problema de la coyuntura argentina: qué implica llamar a la reconciliación cuando un Gobierno impulsa una ofensiva contra las condiciones de vida de las mayorías.

La última encuesta de Tendencias muestra un deterioro profundo del oficialismo. La valoración negativa de la gestión llegó al 63,7%, el peor registro de la serie. Además, el 40,1% de los hogares no alcanza a llegar a fin de mes y otro 21,1% tuvo que reducir gastos para lograrlo. El 42% considera que su situación económica personal será peor el próximo año.

También se modificó el humor social. La esperanza cayó al 30,4%, mientras que la bronca alcanzó el 29,7%. Si a eso se agregan preocupación, miedo e incertidumbre, el resultado es una sociedad más desgastada que la que encontró Milei al inicio de su mandato.

Durante la visita papal, el Grupo de los Seis, integrado por los principales empresarios del país, propuso una mesa de diálogo nacional entre empresarios, trabajadores y Gobierno. La iniciativa se presentó como una vía razonable para superar los conflictos. Sin embargo, el interrogante es qué buscan acordar quienes se beneficiaron de la pérdida de derechos laborales, el deterioro de los salarios, la motosierra y las reformas promovidas en estos años. La propuesta aparece como si quienes se apropiaron de todo luego pidieran simplemente tratar de entenderse.

La reconciliación puede convertirse, así, en una manera elegante de exigirles a los sectores perjudicados que acepten los resultados de una ofensiva que todavía continúa.

Tras la visita del Papa, el debate político argentino mantiene dos alternativas. Una consiste en permitir que el desgaste del Gobierno avance hasta las elecciones, mientras grandes empresarios, gobernadores, dirigencias sindicales y distintas fracciones de poder negocian una transición que conserve los aspectos centrales del programa económico.

La otra alternativa propone transformar el rechazo existente en una fuerza social organizada, capaz de reunir a jubilados, trabajadores, estudiantes, mujeres, movimientos de derechos humanos y todos los sectores atacados por el Gobierno.

La debilidad de Milei abre oportunidades, aunque también puede dar lugar a nuevas maniobras para sostenerlo. El temor a una crisis política, las presiones de los poderes económicos y los acuerdos parlamentarios pueden operar como recursos de supervivencia para un Gobierno que pierde legitimidad social.

Las movilizaciones religiosas reflejan, entre otras cuestiones, la necesidad de hallar algo común en una sociedad atravesada por la fragmentación, la precariedad y el individualismo. La cuestión central sigue siendo qué hacer con esa necesidad.

La Iglesia ofrece comunidad y consuelo, aunque sus jerarquías promueven la reconciliación. Los grandes empresarios invocan la paz social, pero procuran preservar sus ganancias y para ello necesitan una guerra. El desafío, entonces, es demostrar que el sufrimiento puede convertirse en acción colectiva y que la esperanza no debe depender de una promesa celestial ni de esperar con paciencia las próximas elecciones.

No se trata de disputar la fe de quienes creen, sino de disputar el sentido político de la esperanza.

Foto: Reuters