Con la reforma laboral impulsada por Javier Milei y el DNU 70/23 vigentes, la conducción provincial de ATEN busca incorporar a la negociación con el gobierno de Rolando Figueroa la discusión de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que sustituya al Estatuto Docente. Desde una posición crítica con esa iniciativa, se plantea la necesidad de reforzar las asambleas y la organización desde las bases docentes.
Según este planteo, mientras la conducción de ATEN acepta los bajos porcentajes de aumento salarial ofrecidos por el Gobierno provincial, pretende avanzar con un CCT. Sus críticos sostienen que esta medida permitiría evitar la aprobación posterior de las asambleas de base, establecer la afiliación compulsiva de la totalidad de los trabajadores docentes e incrementar los aportes sindicales. Consideran, además, que esa orientación se corresponde con las normas laborales promovidas por Milei y pone en riesgo conquistas históricas que regulan las condiciones de trabajo mediante el Estatuto Docente.
La reforma laboral y la negociación colectiva
La relación entre la reforma laboral —integrada por el DNU 70/23 y las leyes 27.742 y 27.802— y los convenios colectivos resulta central para analizar los cambios en las relaciones laborales argentinas. La reforma no solo modifica derechos individuales, sino también las reglas bajo las cuales sindicatos y empleadores negocian, fijan y sostienen las condiciones de trabajo de cada actividad.
El cuestionamiento sostiene que estas modificaciones alteran la relación de fuerzas entre empleadores y trabajadores, al poner en discusión derechos y conquistas acumuladas por la clase trabajadora. Históricamente, el sistema argentino se caracterizó por la negociación colectiva por rama de actividad, que establece condiciones comunes para un sector más allá de la empresa en la que se desempeñe cada trabajador. En ese contexto, se plantea como interrogante por qué sería favorable que el sector docente quede expuesto a convenios colectivos si la reforma laboral afecta al conjunto de los trabajadores.
El sistema anterior otorgaba relevancia a los convenios de ámbito mayor, como los acuerdos nacionales de una actividad. Con el avance de la negociación por empresa, la nueva legislación introduce tres modificaciones:
- Los convenios colectivos de ámbito mayor no pueden modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor.
- Los convenios de empresa pueden definir sus propias modalidades de articulación con los convenios de actividad.
- Un convenio de ámbito menor prevalece sobre otro de ámbito mayor, incluso si este último es posterior.
De este modo, los acuerdos alcanzados dentro de una empresa pueden tener mayor gravitación en la definición de las condiciones laborales, fortaleciendo la negociación empresarial frente al conjunto de los trabajadores. También se modificó el régimen de ultraactividad, que permitía mantener vigentes las disposiciones de un convenio vencido hasta la firma de uno nuevo. De acuerdo con el artículo, si la patronal paraliza la negociación, pueden perderse las condiciones previamente pactadas. Esta situación ya habría afectado a convenios de la UOM, FAECYS, Camioneros, UOCRA y UTHGRA, entre otros sindicatos privados.
Para los trabajadores estatales existe una distinción: la Ley de Contrato de Trabajo excluye a los regímenes especiales, entre ellos el docente, salvo que una norma expresa lo reglamente o que los convenios colectivos acordados con los gobiernos lo refrenden. Desde esta mirada, esa exclusión funciona como un límite a la reforma laboral, aunque un convenio colectivo podría habilitar su aplicación.
Los tres niveles estatales cuentan con regímenes propios. La Administración Pública Nacional se regula por la Ley 24.185 y por el Convenio Colectivo General de Trabajo homologado mediante el Decreto 214/2006. Las administraciones provinciales se rigen por sus constituciones, leyes de empleo público y sistemas de negociación colectiva. En los municipios, salvo que exista normativa municipal específica, se aplica la normativa provincial, incluidos los estatutos y convenios correspondientes.
En Neuquén existen regímenes particulares para la administración pública provincial, educación, salud pública, municipios y organismos descentralizados. Cada sector cuenta con sus propios estatutos, marcos normativos y acuerdos.
El papel del Estatuto Docente
El Estatuto del Personal Docente y los convenios colectivos de trabajo no son instrumentos equivalentes. El Estatuto, establecido por la Ley 14.473, regula aspectos centrales de la carrera docente: ingreso, estabilidad laboral, derechos y obligaciones, ascensos, calificación profesional y condiciones para ejercer la docencia. A nivel nacional tuvo actualizaciones hasta 2013 y, posteriormente, se introdujeron modificaciones locales en jurisdicciones como Neuquén.
Tras la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, cada jurisdicción asumió la responsabilidad sobre sus escuelas y su personal dentro de un marco normativo propio. Mediante la Ley 956, Neuquén estableció su adhesión a las disposiciones de la Ley Nacional 14.473 y su reglamentación hasta contar con un estatuto propio, con modificaciones vigentes hasta 1991. A su vez, la Ley Provincial de Educación 2945 reconoce los derechos y deberes establecidos tanto en los estatutos como en las negociaciones colectivas. Según el texto, esto permite articular un régimen estatutario complejo con la negociación permanente a través del sindicato.
Entre las funciones principales del Estatuto se encuentran la regulación del ingreso, la estabilidad, los concursos, la carrera docente y los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación. A ello se añade la posibilidad de negociar anualmente con el Gobierno las condiciones de trabajo, los salarios, las jornadas y otras mejoras. Desde esta posición, un convenio colectivo no puede reemplazar esa dinámica.
La reforma laboral no deroga ni modifica la Ley del Estatuto Docente ni la Ley Provincial 956. Por lo tanto, los derechos relativos a estabilidad, concursos, carrera docente y condiciones profesionales continúan bajo su régimen particular. La negociación colectiva docente, por su parte, sigue encuadrada en la legislación provincial, especialmente en la Ley 1974, marco en el cual se desarrollan las negociaciones actuales.
El Estatuto es presentado como una protección frente a intentos regresivos de alterar las condiciones laborales. Funciona como un límite que impide al Estado desconocer de forma unilateral los derechos y procedimientos estatutarios, incluso cuando hayan vencido acuerdos surgidos de la negociación. Sin este marco, la docencia dependería de negociaciones permanentes en una posición de mayor debilidad frente al Estado.
El texto señala que también podrían ponerse en riesgo derechos reconocidos por el Estado neuquino, como los viáticos para traslados en zonas rurales, las vacaciones escolares y de los planteles, la participación docente en el Consejo Provincial de Educación, el perfeccionamiento profesional mediante capacitaciones, las condiciones jubilatorias, la reglamentación de la asistencia social y las actuales condiciones de sindicalización. Estos derechos se encuentran protegidos por el artículo 133 de la Constitución provincial, que se apoya en la existencia del Estatuto y establece que las resoluciones y los decretos ministeriales no pueden modificarlos.
Asambleas, paritarias y condiciones de trabajo
En las negociaciones paritarias, se cuestiona que la burocracia sindical aliada al Gobierno reduzca el debate a la cuestión salarial. Las paritarias también incluyen las condiciones de seguridad e higiene en las escuelas, donde se registran demandas de mantenimiento, reparación y construcción en más de 100 instituciones; las condiciones de accesibilidad para los estudiantes; y reclamos sociales, como la exigencia de destinar todos los recursos necesarios a la búsqueda de Luciana Muñoz, estudiante del CPEM 76 desaparecida hace más de dos años.
El artículo sostiene que el interés del TEP en abrir la discusión sobre un convenio colectivo se vincula con el hecho de que ATEN es el único sindicato que mantiene, con cierta regularidad, asambleas para definir decisiones. Según esta crítica, un CCT eliminaría esa práctica y dejaría a la docencia bajo la conducción de un grupo de dirigentes, que obtendría mayores recursos a partir de la afiliación compulsiva. También limitaría la posibilidad de debatir y resolver en asamblea las condiciones de trabajo y las exigencias dirigidas al Gobierno provincial y al Estado.
Si las asambleas votan reclamar nuevos establecimientos ante el aumento demográfico o aumentos salariales que compensen las pérdidas acumuladas, esas definiciones deberían constituir el pliego oficial de negociación. El texto afirma que, cuando la deliberación asamblearia logra movilizar a un sector relevante de la docencia mediante un plan de lucha acorde a sus demandas, no existen negociaciones imposibles para los trabajadores de la educación. Esa capacidad, concluye, está garantizada por el Estatuto y no por un convenio colectivo en el que la comisión directiva con personería puede decidir sin consultar necesariamente a las bases.
La propuesta final es defender el Estatuto Docente, discutir medidas que fortalezcan las garantías y los derechos de las comunidades educativas, y profundizar las asambleas y la participación organizada de la docencia en defensa de la educación pública.
