La aprobación del presidente chileno José Antonio Kast descendió hasta el 18%, según la consultora Criteria. El mandatario registra así el mayor nivel de desaprobación para un presidente desde 2021, en un contexto marcado por el alza de los combustibles, medidas de ajuste, una controversia en el Ministerio de Justicia y la movilización de camioneros y transportistas.

El deterioro de la evaluación del Gobierno se venía observando desde semanas anteriores, pero se profundizó tras el paro contra el incremento en los precios de los combustibles y la crisis vinculada al ministro de Justicia, Fernando Rabat Celis. El ministro otorgó beneficios y rebajas de penas a más de 50 condenados por delitos sexuales contra menores, a tres represores de la dictadura militar y a otras personas condenadas por casos que pueden ser considerados delitos de crimen organizado.

Estos factores habrían marcado un punto de inflexión para el Ejecutivo, ya que incluso parte de quienes votaron por Kast comenzó a cuestionar las políticas de su administración.

El rechazo social, sin embargo, contrasta con el respaldo que el Gobierno mantiene entre grandes empresarios, principales beneficiados por el paquete de ajustes y reformas económicas promovido en marzo de 2026 por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El denominado Plan Quiroz redujo, mediante una reforma tributaria, el impuesto de primera categoría del 27% al 23%. Posteriormente, Kast pidió al sector empresarial que generara empleos a partir de esos beneficios, sin obtener respuesta, según el artículo original.

En este escenario, el presidente se prepara para realizar una gira por países asiáticos junto a las principales cámaras empresariales, en el marco de la APEC y con el objetivo de reforzar los vínculos comerciales con China, el principal socio comercial de Chile.

La visita se produce mientras persisten indicadores económicos adversos: la inflación acumulada en doce meses alcanza el 4,5%, el desempleo llega al 9,8% —más de un millón de personas sin trabajo— y el Índice Mensual de Actividad Económica se ubica en 0,2%. El Gobierno y la derecha defienden el carácter estratégico de la gira para las alianzas con Asia-Pacífico, aunque sus críticos consideran que refleja una orientación favorable a los grandes grupos empresariales pese a sus costos internos y políticos.

El impacto del costo de vida en los hogares

El encarecimiento de la vida continúa afectando a las familias trabajadoras. Durante 2026, la gasolina acumuló un aumento de 26,2% y el diésel, de 53,5%. Solo en octubre, las subidas fueron de 4,5% y 12,3%, respectivamente.

En alimentos, las papas aumentaron 12,0% y los tomates 11,2% durante el mes. El grupo de hortalizas, legumbres y tubérculos subió 4,6%, mientras que el conjunto compuesto por pan, cereales, harinas y pastas avanzó 0,8%. De los 81 productos alimentarios considerados, 56 registraron alzas en octubre.

Ante este panorama, numerosas familias han debido reducir su consumo, endeudarse para cubrir necesidades básicas y priorizar con mayor rigor sus compras. Organizaciones de ferias libres han denunciado caídas de hasta un 60% en sus ventas, una situación relevante dado que estos espacios abastecen a buena parte de las familias trabajadoras.

El desempleo es otra de las principales preocupaciones. Las mayores tasas se registran en Ñuble, con 11,8%; O’Higgins, con 10,9%; y Biobío, con 10,5%. Les siguen la Región Metropolitana, con 10,4%, y Valparaíso, con 9,9%. En las tres primeras regiones, el desempleo femenino se sitúa entre 11,0% y 12,8%.

La combinación de desempleo y aumento del costo de vida también ha impulsado la morosidad de los hogares. De acuerdo con el último informe de la USS y Equifax, más de 4 millones de personas, equivalente a uno de cada cuatro adultos del país, mantienen deudas impagas. El 74% de ellas arrastra esa condición durante más de doce meses, mientras que el segmento con deudas superiores a $3 millones creció 13,9% en un año.

En el grupo socioeconómico E, correspondiente a los menores ingresos, el 46% de las personas está en mora. Su deuda impaga representa, en promedio, 5,1 veces su ingreso.

El paro de transportistas y la respuesta oficial

La paralización de camioneros y transportistas de la última semana elevó la presión sobre el Gobierno. Kast solicitó que se despejaran las carreteras y abrió conversaciones con las federaciones que representaban a los sectores movilizados.

La eventual expansión de los cortes y bloqueos generó preocupación en el Ejecutivo, especialmente por la posibilidad de que trabajadores del sector público y de la educación se sumaran a las protestas. En respuesta, Quiroz ofreció US$900 millones en subsidios para contener el incremento de los combustibles y reducir parcialmente su precio.

La movilización obtuvo una amplia simpatía ciudadana. Según encuestas recogidas por Criteria, el 80% respaldó los bloqueos de transportistas, en una señal del malestar existente por el aumento del costo de vida.

Llamado a un paro nacional desde sectores opositores

Antonio Paez, editor de La Izquierda Diario de Chile, sostuvo que el Gobierno de Kast favorece a los sectores más concentrados de la economía a costa de las familias trabajadoras. También señaló que el paro reflejó el distanciamiento de pequeños propietarios, comerciantes y otros sectores afectados por las políticas de Quiroz.

De acuerdo con Paez, la movilización fue impulsada al margen de las grandes confederaciones del transporte, como la CNTC de Sergio Pérez y la CNDC de Juan Araya. Participaron pequeños propietarios de camiones, conductores asalariados, transportistas escolares, taxistas, operadores de grúas y agrupaciones como No + TAG. Las acciones incluyeron cortes en la Ruta 5, accesos a los puertos de Valparaíso, San Antonio, Talcahuano y Antofagasta, además de rutas mineras del norte.

Estas protestas lograron subsidios y un proyecto para congelar los precios hasta febrero, medidas que, según esa posición, son parciales y transitorias, pues se financian con recursos públicos mientras las grandes empresas no asumen el costo del diésel.

El artículo cuestiona además la fragmentación de las convocatorias sindicales: la Confech movilizó a estudiantes universitarios el día 11, la CUT convocó a una jornada para el 18 y el Movimiento Nacional de Pobladores fijó acciones para el 27 de noviembre.

Desde La Izquierda Diario Chile plantean que la movilización del 18 de noviembre debería convertirse en un paro nacional activo, con bloqueos y cortes de ruta que integren a trabajadores, estudiantes, pobladores y transportistas. También proponen la realización de asambleas y la creación de comités de base para extender la paralización a sectores como minería, puertos, transporte, salud, educación y administración pública.