Trabajadoras y trabajadores de la Subsecretaría de Discapacidad de Neuquén cuestionaron la respuesta del Gobierno provincial luego del grave hecho registrado el viernes 13 de noviembre en la sede de Perito Moreno 334. Según indicaron, un usuario intentó prenderse fuego mientras solicitaba asistencia.
Mediante un comunicado, el personal denunció un vaciamiento de las políticas de asistencia social y rechazó la interpretación difundida por el subsecretario de Discapacidad, Gustavo Iril, quien presentó el caso como una situación individual vinculada exclusivamente a la salud mental.
Las y los trabajadores sostuvieron que, si bien la dimensión de salud mental requiere un abordaje específico, no debe ocultar las condiciones sociales, económicas y materiales que afectan a las personas ni liberar al Estado de su obligación de garantizar respuestas concretas e integrales.
El comunicado remarcó que el episodio evidencia un debilitamiento de la capacidad estatal para responder ante situaciones críticas y expone tanto a quienes concurren a pedir ayuda como al personal de las dependencias públicas. También advirtieron que no existe un protocolo de seguridad y actuación para casos de crisis.
Además, señalaron que la entrega de recursos básicos, como módulos alimentarios, asistencia económica y apoyo logístico, se ve demorada por procedimientos administrativos burocráticos que, según afirmaron, dificultan el acceso de los sectores más vulnerables a las prestaciones.
El colectivo alertó que cuando el sufrimiento social queda sujeto a trámites, evaluaciones y derivaciones sin respuestas oportunas, se agravan las condiciones de desprotección y se deteriora el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones responsables de asegurar derechos.
Reclamos a Castelli e Iril
Ante la situación, las y los trabajadores dirigieron una serie de exigencias al ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, al subsecretario Gustavo Iril y a las autoridades competentes:
- Elaborar e implementar un protocolo de seguridad y actuación frente a situaciones de crisis y riesgo en las instituciones.
- Fortalecer los recursos para la asistencia inmediata, incluidos módulos alimentarios, ayuda económica y otros recursos materiales.
- Disponer de más días para el uso del vehículo institucional destinado a realizar visitas domiciliarias, ante el aumento de las situaciones atendidas.
- Incorporar más profesionales en las áreas encargadas de abordar estos casos.
- Evaluar una partida presupuestaria específica para emergencias y situaciones de extrema vulnerabilidad social.
- Revisar los circuitos administrativos y burocráticos que retrasan u obstaculizan el acceso efectivo a las prestaciones.
- Impulsar una política pública integral que articule dimensiones sociales, económicas y sanitarias, sin que la intervención en salud mental reemplace otras responsabilidades estatales.
Finalmente, el personal sostuvo que la responsabilidad de los funcionarios no debe limitarse a administrar la demanda cuando las situaciones ya alcanzaron niveles extremos de desesperación. En ese sentido, reclamaron condiciones materiales y recursos suficientes para brindar respuestas acordes a la gravedad de los problemas que atraviesa la población.
