La Libertad Avanza logró este martes las firmas necesarias en la Cámara de Diputados para emitir dictamen sobre el Presupuesto 2027, con el acompañamiento de distintos bloques provinciales. El oficialismo prevé buscar la media sanción en una sesión el próximo miércoles 25 de noviembre y apunta a que el Senado lo convierta en ley durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
El proyecto, presentado hace dos meses por el gobierno de Javier Milei, reunió 28 firmas. Siete de ellas corresponden a aliados del oficialismo: el PRO, la UCR, el MID, legisladores sanjuaninos vinculados al gobernador Marcelo Orrego y representantes de los gobernadores peronistas Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, ambos exintegrantes de Unión por la Patria.
Entre las previsiones oficiales para 2027 figuran un crecimiento del 4% del PBI y una inflación interanual del 18%. Los diputados Itai Hagman Strada, de Unión por la Patria, y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, cuestionaron esas estimaciones al recordar que para 2026 se había proyectado una inflación anual del 10%, mientras que el INDEC registró hasta octubre una suba acumulada superior al 26%.
El texto que llegará al recinto incorpora pocas modificaciones respecto de la iniciativa original y mantiene, según los cuestionamientos expresados durante el debate, sus lineamientos centrales vinculados al ajuste, el pago de deuda y los beneficios para grandes empresas. La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado señaló que se retiraron los artículos cuestionados por afectar al colectivo de personas con discapacidad, en línea con un compromiso asumido durante la votación de una nueva ley.
Además, a pedido del PRO, se incluyó la prórroga de la ley de autopartismo y sus beneficios impositivos. El Gobierno también eliminó el artículo que buscaba dejar sin efecto la movilidad automática de las asignaciones familiares, por lo que sus actualizaciones deberán acompañar la inflación.
En cambio, el oficialismo no incorporó el pedido de la UCR y de rectores universitarios para elevar la partida destinada a las universidades de $7 billones a $11 billones. Pese a esa demanda, la UCR acompañó el dictamen oficial sin modificaciones. Del Caño sostuvo que quienes respalden el proyecto serán “cómplices del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario”.
El PRO tampoco consiguió incluir en el presupuesto los recursos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Según se indicó durante el debate, el Gobierno se negó a incorporarlos al proyecto y prometió resolver la cuestión por otra vía.
La comisión emitió también dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria y otro de Provincias Unidas, integrado por representantes de Córdoba, CABA y Jujuy. Germán Martínez, jefe del bloque peronista mayoritario, afirmó que el ajuste también alcanza a los bomberos y cuestionó a los legisladores que firmaron el despacho oficial.
Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, por sus declaraciones sobre la falta de consumo. El diputado comparó partidas presupuestarias y afirmó que, por cada peso destinado al programa de violencia hacia las mujeres, se asignan $15 para subsidiar a Marcos Galperin mediante la ley de economía del conocimiento. También señaló que por cada peso destinado al CONICET se derivan $22,50 al pago de intereses de la deuda, y propuso un desconocimiento soberano de esos compromisos.
Del Caño fue además el único legislador que mencionó el crimen social en Lanús y cuestionó a Metrogas, al tiempo que planteó poner fin a las privatizaciones.
Mientras el Gobierno obtenía el respaldo de gobernadores en la Comisión de Presupuesto de Diputados, en el Senado seguía el debate sobre la suspensión de las PASO y la incorporación de colectoras para 2027, una cuestión que el oficialismo considera prioritaria. El artículo original contextualiza este escenario con una situación de recesión, cierres de empresas y pérdida de empleo.
