El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 condenó a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos por el ataque contra cuatro mujeres lesbianas ocurrido el 6 de mayo de 2024 en un hotel precario del barrio porteño de Barracas. La sentencia reconoció como agravante el odio a la orientación sexual de las víctimas, en el primer fallo por el asesinato de lesbianas que aplica esta figura.
El ataque se produjo durante la madrugada en el hotel situado en Olavarría 1621. Allí vivían Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, hacinadas en una habitación de entre 10 y 12 metros cuadrados, con una cama y un colchón en el piso. El establecimiento no estaba habilitado y presentaba condiciones de extrema precariedad.
Según lo expuesto durante el juicio, Andrea y Sofía habían atravesado una situación de calle y no podían alojarse juntas en paradores de la Ciudad debido a que eran pareja. Barrientos, quien residía en el mismo hotel, las hostigaba de manera sistemática por ser lesbianas: las insultaba, amenazaba y perseguía. Los testimonios indicaron que las mujeres procuraban circular juntas por los espacios comunes para evitar encontrarse con él.
En la madrugada del 6 de mayo, Barrientos arrojó combustible hacia la habitación y provocó un incendio que alcanzó a las cuatro mujeres. Pamela Cobbas murió ese mismo día; Roxana Figueroa falleció el 8 de mayo y Andrea Amarante, el 12 de mayo. Sofía Castro Riglos sobrevivió, aunque sufrió graves quemaduras y consecuencias psicológicas profundas. La reconstrucción del caso estableció que el hecho estuvo precedido por amenazas y hostigamientos motivados por el odio.
La condena y el precedente judicial
La fiscalía y las tres querellas solicitaron la pena de prisión perpetua. La defensa de Barrientos pidió su absolución por el beneficio de la duda, al sostener que no se había probado su responsabilidad en el incendio. De manera alternativa, solicitó que fuera condenado por homicidio simple, sin agravantes.
Las querellas estuvieron integradas por Luciana Sánchez, representante de Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante; Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, del Ministerio Público de la Defensa, en representación de familiares de Pamela Cobbas y Roxana Figueroa; y Samanta Pedrozo, abogada de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), incorporada como querellante colectiva tras una resolución favorable de la Cámara de Casación.
El tribunal declaró a Barrientos autor de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, por odio a la orientación sexual de las víctimas y por utilizar un medio apto para crear un peligro común, en los asesinatos de Pamela, Roxana y Andrea. Respecto de Sofía, fue hallado culpable de homicidio agravado en grado de tentativa, bajo las mismas circunstancias agravantes.
Si bien el agravante por odio a la orientación sexual está incluido en el Código Penal desde 2012, hasta este caso no se había registrado una condena por lesbicidio que lo aplicara. Por ese motivo, el fallo representa un precedente en el reconocimiento judicial de los crímenes de odio contra lesbianas. La incorporación de este agravante no había sido considerada en la investigación inicial y fue impulsada a partir de los reclamos de familiares, activistas y organizaciones.
Desde el comienzo del caso, familiares, organizaciones de la diversidad sexual, activistas y la asamblea de Barracas promovieron una campaña para exigir justicia y denunciar el hecho como un triple lesbicidio. La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más también llevó adelante acciones y convocó a una concentración en Tribunales con motivo de la sentencia.
Reclamos de reparación para la sobreviviente
Luciana Sánchez pidió una reparación integral para Sofía Castro Riglos, entre ellas una pensión económica para afrontar las secuelas del ataque y las condiciones materiales necesarias para reconstruir su vida. Sin embargo, el tribunal resolvió no hacer lugar a las medidas de reparación, satisfacción y prevención solicitadas.
La querella también reclamó la expropiación del hotel para convertirlo en un espacio de memoria, así como un reconocimiento público del carácter lesbofóbico del crimen. Además, exigió que el vocero presidencial leyera la sentencia en una conferencia de prensa, luego de las burlas de Manuel Adorni sobre el término lesbicidio, al afirmar que no está registrado en el diccionario.
Violencia y discursos de odio
El caso ocurrió en un contexto de aumento de la violencia contra las personas LGBTIQ+. De acuerdo con los relevamientos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, los casos registrados pasaron de 140 en 2024 a 227 en 2025, lo que representa un incremento superior al 62 %.
El artículo señala que los discursos de odio desde el Estado contribuyen a un clima de discriminación. Menciona, entre otros hechos, que el presidente Javier Milei vinculó la homosexualidad con la pedofilia durante su exposición en el Foro de Davos de 2025. También cuestiona las posiciones de Jorge Macri y Clara Muzzio frente a la Educación Sexual Integral, los derechos LGBTIQ+ y la Marcha del Orgullo.
Asimismo, se vincula este escenario con el reciente ataque de un grupo de jóvenes varones contra travestis y mujeres trans en los Bosques de Palermo. La sentencia contra Barrientos se conoció pocos días después de la 35.ª Marcha del Orgullo y, para las organizaciones que acompañaron el caso, pone de relieve la importancia de la movilización frente a los crímenes de odio, la discriminación y la precariedad que afectan a parte de la diversidad sexual.
