La explosión ocurrida en Remedios de Escalada, que dejó una persona fallecida, decenas de heridos y severos daños materiales, generó indignación entre vecinos y vecinas de Lanús, que se movilizan para reclamar justicia. El planteo central es que no se trató de un hecho aislado, sino de un problema vinculado con el modelo de gestión de los servicios públicos.

Según esta mirada, las empresas privatizadas convierten prestaciones esenciales en negocios, precarizan las condiciones de trabajo y utilizan la tercerización para diluir responsabilidades.

Metrogas, Manzano y la extensión de las concesiones

La privatización de la ex Gas del Estado se realizó en 1992, durante el menemismo, mediante una concesión por 35 años. La licencia de Metrogas vencía en diciembre de 2027 e incluía originalmente la opción de una prórroga de 10 años.

Con la Ley Bases, aprobada con votos de sectores radicales y peronistas de la oposición, el Gobierno de Javier Milei extendió a 20 años las concesiones de empresas privatizadas vinculadas con servicios públicos.

Posteriormente, Luis Caputo firmó la prolongación de la licencia de distribución. Esa decisión era esperada por el grupo empresario integrado por Vila, Manzano y Filiberti para avanzar en la compra de Metrogas por 780 millones de dólares, correspondiente al 70% de las acciones que poseía YPF.

A través de Filiberti, el holding también adquirió AySA, conformando así una posición relevante en la provisión de luz, agua y gas en el AMBA. El texto cuestiona el silencio del gobernador de la provincia de Buenos Aires frente a esta concentración.

Con el denominado “reacomodamiento tarifario”, que implicó reducción de subsidios y aumentos en las tarifas, el costo fue trasladado a los usuarios. En ese contexto, la ganancia bruta de Metrogas se duplicó entre 2023 y 2025, sin que ello se tradujera, según el artículo, en inversiones. Al tercer trimestre de este año, la empresa acumulaba ganancias por 450.000 millones de pesos.

La extensión de la licencia por 20 años contempla, en teoría, inversiones por US$ 186,8 millones en obras. Esas inversiones no se realizaron entre 2019 y 2020 bajo el argumento del congelamiento tarifario.

La relevancia estratégica de los servicios públicos

La ex Gas del Estado, dedicada a distribuir y comercializar gas natural en el país, llegó a ser considerada la tercera empresa más importante del mundo en su rubro. Para 1990, era la segunda firma argentina en términos de facturación, detrás de la estatal YPF.

De acuerdo con el newsletter Impacto Real de LID+, en 1945 se nacionalizó el servicio de gas en la Capital Federal y, entre 1947 y 1948, el Estado compró varias compañías de gas en la provincia de Buenos Aires. La red se expandió mediante nuevos centros de distribución, con el objetivo de convertirla en un servicio social y reducir las tarifas un 30%, según detalla Mario Rapoport en Historia económica, política y social de la Argentina.

Entre 1943 y 1949, la cantidad de clientes de los servicios de gas casi se duplicó. En ese período, Argentina se ubicó entre los primeros países del mundo en desarrollar una industria hidrocarburífera integrada, aun con una economía condicionada por el imperialismo.

Sin embargo, los datos del Censo 2022 muestran una cobertura incompleta: solo el 48,6% de la población nacional contaba con gas natural de red, equivalente a 8,3 millones de familias. En tanto, el 43,9% utilizaba garrafas, que se consolidaron como la segunda fuente de abastecimiento domiciliario.

El Gobierno de Milei también desreguló el mercado de Gas Licuado de Petróleo y eliminó los precios de referencia de las garrafas que fijaba la Secretaría de Energía para asegurar un abastecimiento regular. Asimismo, redujo los subsidios: la asistencia estatal apenas cubre una tercera parte del valor de mercado de la garrafa de 10 kilos.

Luego de los aumentos de octubre y noviembre de 2026, una garrafa suele costar entre $29.000 y $39.000 en comercios barriales o con entrega a domicilio. Una garrafa de 10 kilos rinde aproximadamente 12,79 m³ de gas natural, lo que representa un costo equivalente de entre $2.150 y $2.350 por m³, sin considerar los subsidios focalizados vigentes. Ese valor equivale a unas 12 veces más, o incluso más, que el gas de red.

Cuestionamientos a la política energética

El artículo sostiene que las empresas energéticas resultaron ampliamente favorecidas por las políticas del Gobierno nacional. Además de las medidas aplicadas a las distribuidoras, el RIGI otorgó beneficios a las compañías productoras.

La norma establece que, desde el segundo año posterior a la adhesión, las empresas quedan exentas de derechos de exportación: retenciones cero y libre disponibilidad del 100% de las divisas obtenidas. También contempla beneficios en los impuestos a las Ganancias y al IVA.

Además, habilita autorizaciones para exportar GNL durante 30 años, con el derecho a exportar los volúmenes autorizados de forma continua, sin interrupciones, restricciones, reducciones ni redireccionamientos. El texto advierte que estas disposiciones reducen la obligación de priorizar el abastecimiento local.

Desde esta posición, una mayor cantidad de concesiones a empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, no resolvería los problemas tarifarios ni mejoraría el servicio. También se cuestiona que la desregulación pueda afectar el autoabastecimiento en un país productor de gas y flexibilizar controles ambientales en una actividad altamente contaminante.

Propuesta de estatización y planificación democrática

Como alternativa, se plantea la estatización integral de la industria energética, bajo gestión de trabajadores y trabajadoras, profesionales, especialistas de universidades públicas y comunidades afectadas en los distintos territorios. El objetivo sería planificar el abastecimiento energético para toda la población con criterios de costo, seguridad y eficiencia, además de avanzar en una transición energética justa.

La propuesta incluye una empresa estatal única con planificación centralizada, financiada mediante el no pago de la deuda externa, la eliminación de subsidios a las petroleras y la nacionalización del sistema bancario. A la vez, esa planificación debería combinarse con instancias de deliberación descentralizadas en cada región.

De ese modo, se podría evaluar qué fuentes de energía resultan más adecuadas en cada zona, considerando las condiciones climáticas y el uso racional de los bienes comunes necesarios para las energías renovables de generación intermitente.

También se propone terminar con el derroche energético y los subsidios dirigidos a grandes capitalistas, mediante medidas de eficiencia en la industria. En ese sentido, se mencionan las experiencias de gestión obrera de Madygraf y FASINPAT, ex Zanon, cuyos planes combinan los conocimientos de trabajadores y trabajadoras con el aporte de profesionales solidarios.

El control obrero en las industrias, sostiene el texto, permitiría mejorar la eficiencia energética y discutir qué se produce y con qué finalidad. Frente al déficit energético, el deterioro ambiental y el encarecimiento de los servicios, se reclama una mayor planificación democrática que limite la influencia de los grupos empresarios.