Una investigación científica publicada en abril de 2026 en la revista Marine Pollution Bulletin identificó residuos de 49 plaguicidas en moluscos bivalvos del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn. El estudio analizó 57 sustancias en muestras recolectadas entre 2021 y 2023 en tres sectores del golfo, y determinó que ninguna de ellas estaba libre de residuos.
La detección adquiere relevancia tanto por la cantidad y variedad de compuestos como por el sitio en el que fueron encontrados. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2018, menos del 1 % de la superficie de Chubut se destina a la producción agrícola. Los investigadores indicaron que la deposición atmosférica y la escorrentía podrían ser vías de ingreso de estas sustancias, aunque aún no fue posible establecer con exactitud su procedencia.
Entre los compuestos hallados figuran carbendazim y diclorvós, presentes en todas las muestras analizadas. El diclorvós es un insecticida que fue retirado del mercado argentino en 2018. A su vez, 28 sustancias superaron el valor de referencia de 10 microgramos por kilo que utiliza la Unión Europea para comparar residuos en alimentos. Los autores del trabajo precisaron que ese indicador no implica necesariamente un umbral toxicológico para los organismos marinos.
El estudio no prueba, por sí solo, un efecto específico sobre la salud de las personas que consumen productos del mar. Sin embargo, advierte sobre la presencia de contaminantes en el ecosistema y plantea la necesidad de ampliar los mecanismos de control. Según informó la Dirección de Coordinación Pesquera y Acuicultura, los monitoreos provinciales de moluscos se concentran principalmente en la detección de marea roja y no contemplan análisis de residuos de fitosanitarios.
Presencia de plaguicidas en ambientes y personas
La situación relevada en el Golfo Nuevo se suma a otras investigaciones sobre la dispersión de plaguicidas. En la provincia de Buenos Aires, el proyecto internacional SPRINT examinó la presencia de estas sustancias en agua, suelo, alimentos, polvo domiciliario y muestras humanas y animales.
En la zona de Lobos, los estudios identificaron 33 plaguicidas entre las 52 sustancias evaluadas. En muestras de agua destinada al consumo se detectaron 18 compuestos distintos. Además, los resultados del proyecto registraron exposición a plaguicidas entre personas que participaron voluntariamente de la investigación.
En Argentina, el trabajo fue coordinado por Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora del INTA y el CONICET. Tras la difusión de los primeros resultados, el INTA intentó retirarse del proyecto e inició un sumario contra la científica. El 26 de octubre, el directorio del organismo ratificó su exoneración, la máxima sanción disciplinaria. La defensa cuestionó irregularidades en el procedimiento y anunció acciones judiciales para revertir la decisión.
El caso pone en discusión la situación de quienes investigan los efectos de los agrotóxicos. Mientras se acumulan estudios sobre la presencia de estas sustancias en el ambiente y en el cuerpo humano, Aparicio fue expulsada del organismo público donde trabajaba, en un episodio que el artículo vincula con la libertad de investigación y la producción de conocimiento sobre los impactos del agronegocio.
Contaminación más allá de las zonas agrícolas
El hallazgo en los moluscos del Golfo Nuevo muestra que los plaguicidas pueden desplazarse fuera de los lugares donde se aplican. El aire, el agua y las cadenas alimentarias pueden transportar estos compuestos a territorios y ecosistemas alejados de las áreas productivas.
Según el enfoque expuesto, esta expansión de la contaminación responde a un modelo de producción centrado en la rentabilidad empresarial, cuyos costos ambientales y sanitarios recaen sobre las comunidades y la naturaleza. El uso intensivo de sustancias químicas, sostiene el artículo, posterga la prevención, los controles y la investigación independiente de sus efectos.
En una provincia como Chubut, con una superficie agrícola reducida, la presencia de residuos en moluscos del Golfo Nuevo evidencia que la contaminación ambiental no se limita a fronteras administrativas ni a las zonas de producción. Frente a este escenario, se plantea la necesidad de implementar monitoreos públicos, sistemáticos e independientes para determinar el origen de los contaminantes, evaluar sus impactos y garantizar el acceso a la información, así como defender la ciencia pública y a quienes estudian las consecuencias de las actividades empresariales.
