Leonardo Bertulazzi, ciudadano italiano y exintegrante de las Brigadas Rojas, residió durante más de veinte años en Argentina, país que en 2004 le otorgó el estatus de refugiado político. Dos décadas más tarde, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) resolvió el cese de esa protección. Tras su detención, la jueza María Servini concedió la extradición solicitada por Italia, una decisión que luego fue confirmada por la Corte Suprema. El 10 de noviembre, mientras cumplía arresto domiciliario, Bertulazzi se fugó del departamento en el que se encontraba detenido.
Su abogado, Rodolfo Yanzón, cuestionó que la Justicia argentina hubiera avanzado con la extradición sin resolver de manera definitiva la impugnación presentada contra el cese de la condición de refugiado. Según sostuvo, ni Servini ni la Corte Suprema tomaron en consideración un aspecto central del caso: la protección internacional que había recibido Bertulazzi.
“En ninguna de las dos instancias se tuvo en cuenta algo fundamental, que fue su condición de refugiado”, afirmó Yanzón. Para la defensa, tanto la detención como el procedimiento de extradición vulneraron la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Yanzón vinculó el reconocimiento del refugio, otorgado en 2004, con la persecución contra militantes de izquierda en Italia durante las décadas de 1970 y 1980. Indicó que Bertulazzi fue condenado en ausencia, sin posibilidad de ejercer su defensa, y que la sentencia se sustentó en declaraciones de dos arrepentidos. El abogado relacionó esos testimonios con un contexto de torturas y legislación especial que, según su planteo, caracterizó la persecución de la militancia de izquierda italiana.
La concesión de la extradición no implica que la Justicia argentina haya realizado un nuevo juicio sobre los hechos ni una revisión completa de la culpabilidad de Bertulazzi. De acuerdo con Yanzón, la Corte consideró las garantías brindadas por Italia para que pueda defenderse en un nuevo proceso. Sin embargo, el letrado sostuvo que ese compromiso no debía ser suficiente para autorizar la entrega, ya que la defensa no contó con una revisión de las pruebas equiparable a la de un nuevo juicio.
El cese de la condición de refugiado
La defensa también impugnó la decisión de retirar el estatus de refugiado. Yanzón afirmó que Bertulazzi no renunció a esa protección al presentarse ante las autoridades italianas, ya que lo hizo a través de un abogado para solicitar la prescripción de las condenas dictadas en ausencia. Según el defensor, la CONARE interpretó esa presentación como un motivo para finalizar el refugio, pese a que la medida continuaba siendo discutida en sede judicial.
El abogado atribuyó el cambio de criterio a un entendimiento político entre los gobiernos de Javier Milei y Giorgia Meloni. Esta es su interpretación del contexto en el que se produjo la decisión. También cuestionó el DNU 942/2024, que introdujo modificaciones en las normas sobre refugio y migraciones. A su entender, esas reformas endurecieron la respuesta estatal y vincularon estos asuntos con el discurso sobre el terrorismo.
Para Yanzón, existe una contradicción en el caso: el Estado argentino reconoció a Bertulazzi como refugiado y conoció su paradero durante años, pero posteriormente permitió su extradición sin que estuviera definitivamente resuelta, según afirma, la controversia sobre el cese de aquel estatus. La residencia y el trabajo que mantuvo Bertulazzi durante esas décadas, señaló, quedan relegados frente a una presentación enfocada exclusivamente en su militancia pasada y su actual condición de prófugo.
Prescripción y responsabilidad individual
Yanzón sostuvo que los delitos por los que Italia reclama a Bertulazzi están prescriptos en Argentina, ya que ocurrieron hace casi cincuenta años y, a su criterio, no constituyen crímenes de lesa humanidad. Como antecedente, mencionó el caso de Jesús María Lariz Iriondo, en el que la Corte Suprema rechazó que las acciones de una organización armada privada fueran consideradas automáticamente delitos de lesa humanidad y declaró prescripta la acción penal.
Ese antecedente no define por sí mismo la situación de Bertulazzi, que requiere examinar las normas y argumentos aplicables. No obstante, el abogado cuestionó que la Corte Suprema no hubiera abordado la cuestión de la prescripción y que Servini considerara que las sentencias dictadas en ausencia interrumpieron el estatus de refugiado político.
“La Corte no trató el tema de la prescripción. Se limitó a decir que Italia ahora otorgaba garantías para un nuevo juicio en el que Bertulazzi pudiera defenderse”, afirmó Yanzón. Además, recordó que en 2003 Servini había rechazado una solicitud de extradición por los mismos hechos, al entender que Italia no garantizaba entonces la realización de un nuevo juicio que permitiera ejercer la defensa.
Luego de la fuga de Bertulazzi, Yanzón responsabilizó a la jueza María Servini por lo que definió como una “caza de militantes de izquierda y de derechos humanos”. Según denunció, esa situación derivó en allanamientos, secuestros de teléfonos celulares y computadoras, además de detenciones que calificó como “absolutamente ilegales”. Entre las detenidas mencionó a Bettina Koepke, ciudadana alemana y pareja de Bertulazzi, acusada de haber facilitado la evasión. El abogado negó que existan pruebas en su contra.
Por último, el defensor señaló que Bertulazzi tiene 74 años y padeció tres accidentes cerebrovasculares, con secuelas motrices y neurológicas. Indicó que recibió atención en el Hospital Ramos Mejía y que mantenía estudios y tratamientos pendientes, cuya autorización, según dijo, fue solicitada sin resultados. Yanzón denunció que Servini impulsó la extradición sin considerar adecuadamente su estado de salud: sostuvo que la jueza rechazó la continuidad del tratamiento y no ordenó una evaluación del Cuerpo Médico Forense para determinar si estaba en condiciones de viajar en avión a Italia.
Para Yanzón, el caso reabre el debate sobre el uso político de la etiqueta “terrorista”, una categoría cuyos alcances son discutidos en el derecho internacional. A su entender, la situación trasciende el caso individual de Bertulazzi y pone en juego la defensa del derecho al refugio y la prevención de una escalada de persecución política contra la militancia.
