Laura y Gustavo, vecinos de Remedios de Escalada y participantes de la asamblea local, dialogaron con El Círculo Rojo sobre las consecuencias de la explosión vinculada a Metrogas. Denunciaron precarización laboral, falta de controles y responsabilidades compartidas entre las empresas y los distintos niveles del Estado.
Según relataron, durante la mañana se enteraron a través de grupos de WhatsApp de vecinos organizados de la muerte de dos jóvenes de alrededor de 20 años, aunque señalaron que todavía no conocían sus identidades ni había demasiada información sobre las personas internadas. También enviaron un abrazo a la sobrina de la persona que estuvo desaparecida y que el jueves fue identificada como la víctima carbonizada.
Los vecinos afirmaron que la familia atravesó una semana muy difícil y cuestionaron que inicialmente no se habilitara el panel de ADN. Indicaron que esa medida se consiguió a partir de la presión ejercida por la asamblea.
Gustavo contó que, a las 10 de la mañana, pasó por la esquina afectada y percibió un olor a gas que calificó como casi irrespirable. En ese momento, escuchó que se había roto un caño, aunque les aseguraban que la situación estaba controlada. La calle sólo tenía un sector cerrado, los comercios permanecían abiertos y, ante las consultas de la gente sobre una eventual evacuación, les respondían que no era necesaria.
Minutos después, ya en su casa, sintió la explosión. Dijo que todo vibró y que, al escuchar que había explotado algo, llamó a la escuela de su hijo, ubicada a 150 metros del lugar, para pedir que no lo dejaran salir.
Tras el hecho, la asamblea de Escalada se organizó de forma inmediata con comisiones de investigación, asuntos legales, salud y cuidados y prensa. Explicaron que impulsaron estas instancias porque no confían en la Justicia y porque buscaban una mayor presencia del municipio.
También destacaron las gestiones para atender a las infancias, garantizar un regreso digno a las clases y evitar que la situación de los vecinos quedara reducida a problemas individuales. En ese sentido, remarcaron la necesidad de redes de contención para las personas adultas mayores.
Para Laura y Gustavo, la responsabilidad alcanza al gobierno municipal, provincial y nacional. En particular, cuestionaron al ENRE, al sostener que no cuenta con funcionarios designados, y reclamaron que cada sector asuma la responsabilidad que le corresponda.
De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, señalaron que se habría roto un caño que no figuraba en los planos. Los vecinos denunciaron que los distintos actores se atribuyen mutuamente la culpa y vincularon la situación con el deterioro del Estado y con empresas que, según expresaron, privilegian la facturación.
Indicaron que hay cuatro personas fallecidas y que esa cifra podría aumentar. Además de las familias que perdieron viviendas y comercios, mencionaron a quienes no sufrieron grandes daños materiales pero enfrentan consecuencias psicológicas, como niños que tienen miedo de volver a sus casas.
La zona continúa atravesada por restricciones de circulación, vallas, sectores tapiados y sirenas permanentes. Para los vecinos, estas condiciones dificultan las tareas cotidianas y generan temor al transitar por el barrio.
Una de las entrevistadas, que es una persona ciega, sostuvo que el malestar era perceptible incluso antes de la explosión en la circulación diaria. Cuestionó la planificación de las obras de modificación de cañerías, afirmó que el barrio quedó condicionado por esos trabajos y aseguró que las filtraciones habían sido denunciadas de manera sostenida.
Por último, plantearon que las empresas acumulan dinero sin destinar los recursos necesarios a garantizar los servicios, lo que perjudica tanto a los usuarios como a los trabajadores. En ese marco, cuestionaron que Metrogas no hubiera acudido a supervisar la situación.
