La situación de las personas con discapacidad volvió a debatirse en la Legislatura de Jujuy. El bloque del PTS-FITU presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Carlos Sadir detalle cómo aplica la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad durante 2026 y qué previsiones presupuestarias tiene para asegurar la continuidad de prestaciones y políticas públicas en 2027.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Lamia Debbo, junto con Natalia Morales, Alejandro Vilca y Gastón Remy. Según señalaron desde el bloque, el planteo busca visibilizar una problemática que afecta a cientos de familias jujeñas. También cuestionaron que el Gobierno provincial no estaría cumpliendo la ley de emergencia y que los bloques mayoritarios de la Legislatura postergan las sesiones en las que podrían abordarse proyectos vinculados con estos reclamos.

Familias endeudadas para sostener tratamientos

El pedido legislativo recoge las denuncias realizadas por familias y organizaciones del colectivo de discapacidad en Jujuy, en particular por madres de niños y niñas con discapacidad. Durante 2025 y 2026 se realizaron movilizaciones en la provincia en defensa de la Ley de Emergencia y contra los intentos de modificarla.

En esas manifestaciones se expusieron los bajos ingresos de los prestadores, las demoras administrativas para acceder a programas básicos y al Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de las bajas de pensiones que impactan en la economía de numerosas familias.

Debbo indicó que, de acuerdo con datos de la DiPEC citados por el bloque, la cantidad de personas registradas con CUD descendió de 7.107 en 2023 a 6.844 en 2024 y a 5.445 en 2025. Asimismo, afirmó que no existe información estadística pública sobre 2026 ni explicaciones acerca de la reducción registrada durante esos tres años.

La legisladora agregó que el colectivo de discapacidad prepara una nueva jornada nacional de lucha para el próximo 3 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El debate en Jujuy se da mientras avanza la discusión a nivel nacional. El jueves 19 de noviembre, el Senado aprobó por unanimidad, con 71 votos afirmativos, la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

La normativa sustituye el régimen de emergencia, cuya vigencia estaba prevista hasta fines de 2026, por un sistema permanente. Entre sus disposiciones, conserva las pensiones no contributivas equivalentes al 70% de la jubilación mínima, habilita la compatibilidad con el empleo formal bajo determinados límites de ingresos, establece un nomenclador único de prestaciones y mantiene la cobertura de Incluir Salud. También contempla mecanismos para actualizar aranceles y cancelar deudas con prestadores.

La sanción recibió cuestionamientos desde el Frente de Izquierda, que reclamó respetar el planteo de las organizaciones de discapacidad. Estas organizaciones venían exigiendo extender la emergencia y asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente, en lugar de reemplazarla por un nuevo régimen acordado entre los bloques parlamentarios.