La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de La Serena, que sesiona dos veces al año durante cinco jornadas, ha evaluado un total de 398 solicitudes presentadas por el tribunal de conducta de la Gendarmería de la Región de Coquimbo. Estos pedidos corresponden a los internos en centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle.
El presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Iván Corona Albornoz, quien también es el timonel de la comisión, reveló que se concedieron 46 solicitudes, lo que representa el 11,5% del total, mientras que se rechazaron 352 solicitudes, que equivalen al 88,5%. De las solicitudes aceptadas, 36 corresponden al centro penitenciario de La Serena, 5 a Ovalle y 5 a Illapel.
Corona destacó la minuciosa revisión de todas las solicitudes. Se aseguró de que cumplieran con las exigencias establecidas por la ley, considerando factores como el riesgo de reincidencia, los informes psicosociales proporcionados por la Gendarmería de Chile y el cumplimiento de todos los demás requisitos legales.
Comparando las cifras con las de 2023, Corona señaló que hubo un ligero aumento dentro de los parámetros normales. Según él, cada comisión revisa diferentes casos y tiene diversos criterios para resolverlos. Sin embargo, los antecedentes presentados a la comisión para su evaluación son proporcionados por la Gendarmería de Chile y son objetivamente similares entre una comisión y otra.
Para optar al beneficio, se consideran requisitos como el cumplimiento de un tiempo mínimo de privación de libertad, que para los delitos más graves corresponde a dos tercios del total de la pena impuesta, las conductas que se han mantenido durante cierto periodo de tiempo, el riesgo de reincidencia y los factores psicosociales y las redes de apoyo que los internos puedan tener en libertad.
Respecto a la cantidad de solicitudes, que solo fueron superadas por las que se enviaron a las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, Corona explicó que esto se debe principalmente al gran tamaño del centro penitenciario de la región, que alberga a un gran número de internos cumpliendo condena. A ello se suma la población penal de Ovalle e Illapel, lo que determina que haya un alto número de solicitudes.
En relación a si entre los beneficiados figuraban personas condenadas por delitos de alta connotación, Corona aseguró que no recordaba casos puntuales, pero enfatizó que la comisión evalúa de la misma forma todos los casos. Los mismos criterios y antecedentes se aplican a todos.
Una de las nuevas exigencias legales implementadas al momento de conceder o no la libertad condicional es que las víctimas puedan oponerse a la entrega del beneficio. En la jurisdicción, se presentaron 11 oposiciones, 10 de ellas fueron por escrito y una en audiencia a través de Zoom. Según el ministro, estas oposiciones pueden tener cierta influencia siempre y cuando los demás antecedentes que la comisión conoce den cuenta de factores que inciden en el rechazo de la solicitud.
La comisión estuvo integrada por los jueces orales Carlos Manque, Eugenia Gorichón y Claudio Weishaupt, los jueces de Garantía, Claudio Ayala y Carolina Baroncini y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe.
Para postular, los internos deben cumplir con una serie de exigencias, que se encuentran establecidas en el Decreto Ley N° 321 del año 1925. Entre los requisitos se destaca haber cumplido la mitad de la pena impuesta por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral, o haber asistido con regularidad la escuela del penal.
La ley establece que la comisión debe sesionar dos veces en el año, en abril y octubre.