El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la aplicación del Régimen Penal Juvenil en las escuelas porteñas mediante un nuevo protocolo que establece el deber de las autoridades educativas de denunciar situaciones que pudieran constituir delitos. La normativa también prevé mecanismos de intervención de la Policía y la Justicia, en el marco del régimen que fija la responsabilidad penal desde los 14 años.
En declaraciones a AM750, Federico Puy, secretario general adjunto de Ademys, cuestionó la medida impulsada por el Gobierno de Jorge Macri. “Es parte de una política de criminalización de las juventudes”, sostuvo el dirigente docente.
El protocolo comprende hechos ocurridos dentro de los establecimientos educativos y también situaciones que involucren a estudiantes vinculadas con la comunidad escolar. Según la normativa, ante determinados casos los equipos directivos deberán comunicarse con el 911, el SAME y organismos de protección de derechos. En otras circunstancias, deberán efectuar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
Para Ademys, el nuevo esquema deja bajo la posibilidad de intervención penal conflictos que hasta ahora podían ser abordados mediante dispositivos de convivencia escolar. “La escuela pasa a ser un lugar donde se denuncia a los pibes”, afirmó Puy, quien advirtió sobre el riesgo de que las instituciones educativas queden atravesadas por una lógica policial y judicial.
La normativa también habilita la presencia policial dentro de las escuelas en determinadas situaciones. Desde el sindicato docente cuestionan que, ante conflictos, la respuesta oficial priorice la denuncia, la Policía y el Ministerio Público Fiscal en lugar de fortalecer los equipos de orientación, los trabajadores sociales y las herramientas pedagógicas.
Ademys enmarca esta medida en un contexto más amplio de persecuciones, represiones y judicialización de los sectores populares. En ese sentido, menciona operativos como Tormenta Negra en barrios populares, desalojos violentos y la persecución a vendedores ambulantes.
El gremio también cuestiona que se delegue en los equipos directivos la obligación de denunciar hechos que “pudieran” constituir delitos. Según la organización, esta disposición puede profundizar la criminalización de estudiantes, especialmente adolescentes, mientras se reducen recursos destinados a atender problemáticas sociales y educativas.