La Serena: anuncian la construcción de 600 viviendas sociales en El Milagro

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en la Región de Coquimbo, Chile, ha dado un paso hacia adelante en su plan de emergencia habitacional, con la meta de entregar 12.490 viviendas sociales a la ciudadanía necesitada. Para alcanzar esta ambiciosa meta, el ministerio está explorando nuevas metodologías de trabajo, una de las cuales se ha desarrollado recientemente.

El programa, que se financia a través del fondo solidario del subsidio DS-49, se centra en atraer a entidades privadas para que propongan alternativas de construcción. El enfoque principal es asegurar buenos suelos en lugares estratégicos de la ciudad, permitiendo al ministerio adquirir y financiar estos proyectos al 100%.

José Manuel Peralta, Seremi de Vivienda y Urbanismo, explicó que se destinarán más de $29 mil millones de pesos para la construcción de 600 soluciones habitacionales. «El año pasado nosotros como ministerio, postulamos un total de 600 soluciones habitacionales en el sector de El Milagro, y este lunes nos informaron que está el total aprobado por más de $29 mil millones de pesos para cuatro proyectos que estarán emplazados en esa ubicación, específicamente en la calle Alberto Arenas hacia el sector sur», sostuvo.

Lo interesante de estos proyectos, según Peralta, es que las viviendas estarán rodeadas de un desarrollo de los DS-19, que es el programa de integración social. Este es un enfoque que el ministerio ha estado utilizando, donde el 25% de las viviendas se destinan a sectores vulnerables.

En términos de ubicación, el seremi destacó que esta nueva metodología permitirá romper la tendencia de construir soluciones habitacionales solo en el sector de Las Compañías. En cambio, la construcción se realizará en un área consolidada y próxima al nuevo hospital de La Serena, ubicado en la avenida Cuatro Esquinas. «Esto permitirá que las familias beneficiadas puedan tener acceso a servicios de primer nivel», agregó.

Además, estas iniciativas aumentarán la oferta pública de vivienda en un sector ya consolidado del área urbana. En cuanto a los plazos, Peralta detalló que esperan comenzar la construcción a fines de este año, con el objetivo de que los proyectos estén en plena ejecución durante 2025. Dependiendo del progreso, las soluciones habitacionales podrían entregarse a fines del próximo año o a principios de 2026.

Es importante destacar que los beneficiarios de este programa ya han sido seleccionados a través de los comités de vivienda. «El sueño de la vivienda propia será una realidad», aseguró Peralta. Además, aunque el proceso de construcción estará a cargo del sector privado, será supervisado por el SERVIU. También se ha garantizado que los proyectos cuenten con todos los permisos sectoriales necesarios para asegurar una buena integración con el entorno.

Con respecto a la composición de las viviendas, el seremi indicó que los cuatro proyectos tendrán características importantes. «No solo se trata de construcciones de hormigón, sino que también incluirán espacios públicos o áreas comunes. Esto garantizará que el emplazamiento de las obras sea amigable con la comunidad», explicó.

Peralta también aclaró que, aunque la imagen de una vivienda social antigua todavía persiste en la mente de algunas personas, las viviendas actuales ofrecen un buen confort interno y un entorno amigable que facilita una mejor convivencia comunitaria.

Finalmente, el seremi de Vivienda y Urbanismo expresó su optimismo sobre la búsqueda de nuevas metodologías para avanzar en la construcción de viviendas sociales. «Es una política pública que esperamos consolidar a largo plazo como una política de Estado y que no sea algo solo del gobierno de turno, sino que sea algo permanente sobre cómo abordar esta situación», concluyó.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.