El Observatorio del Salario de ATE-INDEC difundió su informe mensual de septiembre de 2026, en el que analizó un escenario de desaceleración en el aumento de precios junto con estancamiento de la actividad, caída del consumo interno, destrucción de empleo formal y deterioro de las condiciones de vida.

Según el documento elaborado por trabajadores del organismo, una pareja con dos hijos en edad escolar necesitó $2.651.598 netos durante septiembre para cubrir una Canasta de Consumos Mínimos y no caer en la pobreza. La estimación contempla un monto mínimo, no óptimo, para sostener condiciones de vida dignas.

Del total calculado, $908.184 correspondieron a alimentación básica, mientras que los restantes $1.743.414 fueron destinados a bienes y servicios esenciales, entre ellos vivienda, transporte, salud y educación.

La cifra equivale a casi siete veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil de septiembre, fijado en $383.800. El informe remarcó que, de acuerdo con la ley, ese ingreso debe garantizar al trabajador y a su familia alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación, atención sanitaria, transporte, vacaciones y previsión social.

Estimaciones regionales

El relevamiento de ATE-INDEC también detalló el ingreso mínimo necesario para subsistir en distintas regiones del país. El valor se ubicó en $2.297.092 en Cuyo, $2.360.182 en el NEA, $2.307.247 en el NOA, $2.433.347 en la región Pampeana y $2.594.439 en la Patagonia.

Caída salarial y límites a las paritarias

El reporte advirtió que la reducción del empleo formal y los techos salariales impuestos por el Gobierno obstaculizan una recuperación de los ingresos. De acuerdo con la Junta Interna, desde la asunción de Javier Milei, el salario testigo estatal acumuló una pérdida real del 32%.

Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, los trabajadores plantearon que sería necesario un incremento salarial inmediato del 47% en una sola cuota. En comparación con diciembre de 2015, la pérdida asciende al 57,2%, una diferencia equivalente a más de 46 canastas básicas, según el informe.

La organización también señaló la situación de los trabajadores monotributistas del Estado, a quienes identificó como afectados por la precarización laboral, la falta de aguinaldo y de estabilidad. En ese sector, indicó, la pérdida acumulada supera los $7,2 millones.

Deudas de los hogares y tarifas

ATE-INDEC sostuvo que el endeudamiento se extendió entre los hogares frente a los aumentos en luz, gas, agua y transporte. Según el documento, casi 21 millones de personas poseen deudas con bancos o billeteras virtuales y cerca de 6 millones se encuentran en situación de mora.

La morosidad general de las familias alcanzó el 12,8%, con una deuda acumulada de $8,75 billones. Entre los trabajadores estatales, la mora irregular trepó al 18,6%, siempre de acuerdo con los datos citados por la Junta Interna.

“No es que la gente se administre mal o gaste de más: es que los sueldos no alcanzan. Cuando el ingreso no cubre la comida, el ajuste se termina pagando con deudas”, expresaron desde la Junta Interna.

Reclamos y actualización del IPC

El informe también cuestionó la demora en la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un cambio que, según los trabajadores, debía implementarse luego del freno atribuido al ministro Luis Caputo en la gestión de las estadísticas públicas.

Desde ATE-INDEC reclamaron la reapertura inmediata de las paritarias sin techo, un aumento de emergencia del 47%, un bono mensual de $500.000, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y políticas de desendeudamiento para las familias trabajadoras.