Diputados del Frente de Izquierda, referentes ambientales y de pueblos fumigados, trabajadores de la ciencia, la universidad y la salud, además de voluntarios del proyecto SPRINT, participaron de una audiencia pública en el Congreso Nacional en rechazo a la exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del INTA especializada en agrotóxicos.

Durante la apertura, se planteó que el Congreso debería recibir a trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la técnica para reconocer su labor y discutir el desarrollo de la investigación en Argentina, en lugar de debatir cuestiones elementales como el derecho a investigar, publicar resultados y acceder al conocimiento.

En la audiencia se cuestionó la sanción contra Aparicio, considerada un hecho inédito y una forma de censura de investigaciones que abordan los efectos de los agrotóxicos. Los participantes denunciaron que el lobby del agronegocio busca silenciar a la investigadora y apartarla de sus tareas. El encuentro reunió a trabajadores del INTA, INTI, docentes universitarios, investigadores y representantes políticos, bajo la consigna: “No a la exoneración de Virginia Aparicio. Queremos ciencia digna, queremos el derecho a investigar”.

Virginia Aparicio cuestionó las consecuencias de su exoneración

Aparicio, exonerada del INTA tras más de veinte años de trabajo científico, sostuvo que su situación excede su despido individual. Según afirmó, el caso expresa un ataque a la libertad de investigación, a la publicación de resultados que pueden afectar intereses del agronegocio y al derecho de las comunidades a conocer los contaminantes a los que están expuestas.

“¿Qué garantía tenemos para investigar, publicar y comunicar resultados científicos cuando estos resultados pueden resultar incómodos?”, preguntó ante legisladores, investigadores, trabajadores y organizaciones que asistieron a la audiencia.

La investigadora es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y CONICET. Durante décadas estudió el comportamiento y la distribución de plaguicidas o agrotóxicos en muestras ambientales, en colaboración con equipos nacionales e internacionales.

En su exposición repasó su participación en el proyecto SPRINT, iniciado en 2020. El consorcio, financiado por la Comisión Europea, reunió a diez países europeos y a Argentina como único país no europeo. El proyecto contaba con un convenio internacional avalado por el INTA y tenía como objetivo analizar la presencia de mezclas de plaguicidas en el ambiente y en las personas, sus posibles riesgos y alternativas para reducir el uso de esos químicos en la producción agropecuaria.

En Argentina, Aparicio coordinó un equipo que tomó muestras ambientales, vegetales, animales y humanas de productores agropecuarios, vecinos y consumidores de alimentos, de acuerdo con protocolos científicos internacionales. Los resultados detectaron mezclas de plaguicidas en todas las muestras evaluadas, incluidas las humanas. La investigadora remarcó que los hallazgos permiten abordar la exposición crónica a múltiples sustancias.

Sin embargo, señaló que desde 2023 decisiones institucionales del INTA afectaron la continuidad del estudio y la posibilidad de comunicar los resultados a los voluntarios. Finalmente, el Consejo Directivo resolvió aplicarle la exoneración, la máxima sanción administrativa para una trabajadora estatal. El 30 de octubre, Aparicio fue obligada a dejar la institución.

“Considero esta sanción profundamente injusta y desproporcionada”, expresó. También advirtió que la medida puede tener un efecto disciplinador sobre otros investigadores que analizan problemas ambientales y sanitarios asociados a actividades económicas de gran poder.

La científica destacó, además, el derecho de las comunidades participantes a conocer los resultados de las investigaciones. “¿Qué respuesta les damos a quienes participaron voluntariamente de esta investigación confiando en que la ciencia ayudaría a comprender las condiciones ambientales en las que viven y trabajan?”, planteó.

Y añadió: “¿No tenemos como instituciones públicas la responsabilidad de transformar ese conocimiento en información accesible, prevención, protección de la salud pública y ambiental?”.

Sobre el impacto personal de la exoneración, Aparicio manifestó que perdió su empleo y estabilidad laboral luego de dedicar buena parte de su carrera al INTA. “Podría afirmar que la decisión de INTA me quitó la identidad científica en el ámbito público nacional. Pero no puede quitarme ni mi título, ni mi trayectoria, ni borrar mis publicaciones”, sostuvo.

Aseguró que continuará investigando y reclamando su reincorporación. “Esto es más importante que mi exoneración. Se trata de nuestra salud, se trata de la posibilidad que tenemos todos y todas desde la universidad pública de entrenarnos para investigar para el pueblo”, afirmó. También reiteró: “A INTA quiero volver. Eso es así, a INTA quiero volver”.

Al cierre de su intervención, reivindicó una ciencia pública independiente de intereses económicos y políticos, y pidió un aplauso en homenaje a Andrés Carrasco, investigador argentino cuestionado por sus estudios sobre los efectos del glifosato.

Respaldo internacional de integrantes del proyecto SPRINT

Violette Geissen, coordinadora del proyecto SPRINT, afirmó que Aparicio cumplió los protocolos científicos y éticos aprobados. Recordó que el INTA firmó en 2020 el convenio que habilitaba las actividades del proyecto, aunque en 2023 solicitó retirarse.

“No hemos hecho nada que no estuviera previsto en el proyecto SPRINT”, señaló Geissen. Asimismo, indicó que la investigación derivó en 40 artículos científicos y más de 100 presentaciones en eventos nacionales e internacionales, y que Aparicio participó como coautora en tres publicaciones.

Por su parte, el investigador brasileño Danilo Reyhenberg dos Santos, de la Universidad Federal de Santa María, repasó más de diez años de colaboración científica con Aparicio, iniciada a partir de estudios sobre glifosato en agua. Según explicó, ese trabajo posibilitó proyectos financiados por el gobierno brasileño, fortaleció líneas de investigación y contribuyó a formar profesionales que actualmente trabajan en Brasil, Francia, Pakistán, Mozambique y Paraguay.

“Nuestro grupo de investigación dio un salto cualitativo enorme gracias a Virginia”, afirmó. También destacó su dedicación, capacidad intelectual, ética y respeto por las instituciones. Los dos testimonios señalaron el reconocimiento internacional de Aparicio y las consecuencias de su exoneración para la cooperación científica y la libertad de investigación.

Del Caño reclamó la reincorporación de Aparicio

La audiencia fue impulsada por la diputada Romina Del Plá (PO-Frente de Izquierda Unidad) y contó con la presencia de Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda Unidad) y Carlos Castagneto (Unión por la Patria), además de adhesiones de otros legisladores, entre ellos Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano, Nicolás Trotta y Esteban Paulón.

Del Caño sostuvo que la exoneración de Aparicio constituye un caso de persecución y censura científica en el contexto del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el CONICET, el INTA, el INTI y otros organismos públicos. Afirmó que quienes sancionaron a la investigadora “ni siquiera rebatieron alguna de las conclusiones del estudio” y los acusó de defender intereses de grandes empresas vinculadas al negocio de los agrotóxicos.

Además, consideró que revertir la exoneración y lograr la reincorporación de Aparicio sería “un triunfo también de todas las trabajadoras, los trabajadores, científicas y científicos que hoy están batallando, están resistiendo frente a todos estos ataques”.

Cecilia Gárgano cuestionó la persecución dentro del INTA

La investigadora del CONICET Cecilia Gárgano, especialista en la historia del INTA y sus agendas de investigación, afirmó que la exoneración de Aparicio es un hecho sin precedentes en la historia del organismo, incluso en comparación con la última dictadura militar. Recordó que no fueron exonerados funcionarios acusados de obligar a trabajadores detenidos durante la dictadura a firmar sus renuncias.

“No puede haber una defensa de los derechos humanos que le dé la espalda a las poblaciones que están hace años viviendo a expensas de este modelo de muerte y de saqueo”, manifestó. A su vez, definió la sanción como “un acto disciplinador para el conjunto de quienes trabajamos en el ámbito de ciencia y técnica”.

Gárgano sostuvo que “estas persecuciones no empezaron con el proyecto SPRINT”. En ese sentido, recordó que Aparicio había puesto a disposición el laboratorio de plaguicidas del INTA Balcarce para atender solicitudes de comunidades afectadas por la contaminación del agua, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Según relató, ese compromiso generaba tensiones dentro de la institución, donde la llamaban “la tirabomba”. También mencionó antecedentes de censura, como la prohibición de emplear la palabra agrotóxicos dentro del organismo.

La investigadora cuestionó, además, la influencia de las entidades patronales del agro en las definiciones de investigación del INTA y la ausencia de representación con voz y voto de la agricultura familiar, campesina e indígena en su Consejo Directivo. “No hay un solo INTA como no hay un solo campo”, expresó.

Testimonios de voluntarios y cuestionamientos a la conducción del INTA

Un productor agroecológico que participó como voluntario del proyecto SPRINT relató que, luego de seis o siete años de producción agroecológica, los análisis mostraron que el suelo se había recuperado y no presentaba los contaminantes estudiados. “La agroecología realmente funciona, no es un verso”, afirmó.

No obstante, los estudios detectaron mezclas de plaguicidas en otras muestras, entre ellas cultivos, animales y los cuerpos de las personas que vivían y trabajaban en el lugar. “No importa que vivas en el medio de un campo agroecológico, en tu pequeña burbuja, igual estás afectado”, advirtió. El productor señaló que tanto él como su esposa presentaron residuos de distintos agrotóxicos, incluido glifosato en materia fecal.

Por ello, defendió la difusión de los resultados del proyecto: “Es ciencia pública que fue pagada con dinero de todo nuestro pueblo. Y como es un problema de todos, tiene que ser información manejada por todos”.

El investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires Guillermo Folguera cuestionó los argumentos utilizados para justificar la exoneración. Sostuvo que, aunque se invoca la cientificidad, quienes promovieron la sanción desconocen procedimientos básicos de investigación.

En particular, rechazó los cuestionamientos al envío de muestras a Europa para su análisis. “Si queremos hacer un estudio comparativo, se tienen que hacer los análisis en el mismo lugar, no en diferentes lugares del mundo”, explicó. También señaló que existe amplia producción científica nacional sobre la presencia de agrotóxicos en el agua, el aire, los alimentos y los cuerpos.

Folguera denunció conflictos de intereses en la conducción del INTA por los vínculos de su presidente con entidades y empresas del agronegocio. “La ciencia no tiene precio, siempre denuncia. La ciencia no oculta, devela. La ciencia no es cómplice, siempre incomoda. La ciencia no se compra ni se vende, se hace con libertad y compromiso. Y, sobre todo, la ciencia no acepta la censura, la enfrenta”, afirmó. Finalmente, le expresó a Aparicio: “Virginia, no estás sola”.

La experiencia de los pueblos fumigados

Durante la audiencia se recuperó la experiencia de organizaciones de Lobos, provincia de Buenos Aires, que realizaron un bingo para reunir fondos y demostrar la contaminación a la que estaban expuestas. A partir del trabajo de Aparicio en el laboratorio del INTA Balcarce, se analizaron muestras ambientales con residuos de agrotóxicos, incluso agua de lluvia recolectada en la plaza central de la localidad.

Según el testimonio presentado, mientras la Sociedad Rural negaba la contaminación, el Concejo Deliberante debatía autorizar fumigaciones a apenas 150 metros de las viviendas. Se señaló que las comunidades afectadas deben reclamar, pueblo por pueblo, distancias mínimas de protección frente a fumigaciones.

En la provincia de Buenos Aires, se afirmó que el gobierno de Axel Kicillof mantiene suspendida la normativa regresiva impulsada durante la gestión de Vidal, aunque sin avanzar en medidas de protección consideradas suficientes. La exposición vinculó esta situación con conflictos en el Garrahan y Shell, donde trabajadores denunciaron riesgos para su salud y la de poblaciones cercanas.

El planteo final fue unir las demandas de pueblos fumigados, científicos y trabajadores frente a los despidos discriminatorios, la contrarreforma laboral y el modelo extractivista.

Participación de científicos, trabajadores y organizaciones

También intervinieron integrantes de la comunidad científica como Alicia Massarini y Damián Verzeñassi, junto con otros voluntarios de las investigaciones sobre agrotóxicos. Participaron representantes de la Agrupación Naranja de ATE, APINTA, CONICET, INTI, Garrahan, pueblos fumigados de Lobos y Necochea, y la RENAMA.