La Legislatura de Chubut aprobó este jueves 12 de noviembre el proyecto 084/26, que crea el Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento. La iniciativa, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, fue respaldada por el bloque Despierta Chubut (PRO), partidos provinciales y una parte del peronismo. Otro sector peronista se abstuvo, mientras que el Frente de Izquierda votó en contra.

La norma establece un esquema de incentivos económicos, financieros y tecnológicos para empresas y emprendimientos. Sus críticos sostienen que la medida compromete recursos estatales para beneficiar negocios privados y profundiza un modelo extractivo vinculado con el capital internacional.

Incentivos financiados con recursos públicos

El régimen contempla herramientas como asistencia técnica, aportes no reembolsables, beneficios fiscales y líneas de crédito con subsidios de tasa. El artículo 13 crea el Fondo de Fomento Tecnológico (FONTECH), destinado a financiar los mecanismos previstos en la ley.

Entre las fuentes de financiamiento del FONTECH se incluyen partidas del presupuesto provincial, aportes, transferencias, donaciones y otros recursos. Desde una posición crítica a la ley, se cuestiona que el Estado asuma costos y otorgue beneficios, mientras las empresas privadas mantengan el control de sus actividades y ganancias.

El texto también plantea que Chubut enfrenta necesidades en materia de empleo, salarios, educación, salud e infraestructura, y señala las dificultades de escuelas, hospitales y universidades públicas. En ese marco, cuestiona que se orienten recursos fiscales a instrumentos de promoción empresarial en lugar de reforzar la inversión pública en universidades, investigación, educación, conectividad y formación profesional.

La relación con la política nacional y los centros de datos

Según el artículo, el régimen provincial se vincula con la orientación económica del gobierno nacional de Javier Milei, en particular con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases. Ese esquema ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer grandes inversiones.

La promoción de centros de datos en la Patagonia forma parte de esta estrategia, de acuerdo con el texto. En Chubut, uno de los proyectos mencionados es Atlas GigaHub, impulsado por Green Capital al sur de Trelew. El emprendimiento prevé tres etapas y podría alcanzar una capacidad de hasta 3.000 MW hacia 2033. Para la primera fase se anunció una inversión de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.

El artículo advierte sobre la falta de información pública completa respecto de los requerimientos de agua, energía e infraestructura del proyecto. También cuestiona que las promesas empresariales sobre sistemas de refrigeración y reducción del consumo de agua sustituyan estudios independientes y controles ambientales, en una provincia que atraviesa dificultades de disponibilidad hídrica.

En ese sentido, sostiene que la ley 084/26 establece un marco de promoción empresarial que se articula con la estrategia provincial de atraer inversiones de esta clase.

Antecedentes en Estados Unidos y Noruega

La expansión de centros de datos destinados a la inteligencia artificial genera conflictos en distintas regiones debido a su demanda de electricidad y agua, los costos de infraestructura y los beneficios fiscales otorgados a las compañías, según se expone en el artículo.

En Estados Unidos, un relevamiento del Urban Institute publicado en septiembre de 2026 registró 313 moratorias en 44 estados, que comprendían a más de 200 ciudades, condados y otras jurisdicciones. Estas iniciativas buscan suspender de forma temporal nuevos emprendimientos para analizar sus consecuencias.

El caso de Texas también es citado como ejemplo de las tensiones vinculadas con la expansión de estas infraestructuras. El gobernador Greg Abbott dispuso medidas para revisar permisos ambientales de centros de datos, con evaluaciones sobre consumo de agua y electricidad, impacto comunitario y beneficios fiscales.

Por su parte, Noruega anunció el 10 de noviembre un nuevo régimen de licencias para supervisar la instalación y el funcionamiento de estas instalaciones. Según los datos difundidos por las autoridades noruegas, hay 800 MW de capacidad conectada para centros de datos, otros 4.200 MW reservados y 9.100 MW en lista de espera. El Gobierno noruego indicó que buscará priorizar consumos eléctricos considerados de interés público y ordenar la expansión del sector.

La inclusión de actividades vinculadas con la minería

Uno de los puntos destacados de la ley es que incorpora de manera expresa actividades relacionadas con la minería dentro de la definición provincial de Economía del Conocimiento.

El artículo 4 incluye los servicios geológicos y de prospección entre las actividades alcanzadas por el régimen. A su vez, el artículo 12 promueve consorcios público-privados y asociaciones tecnológicas para transferir conocimiento a cadenas productivas provinciales, entre ellas las de energía, pesca, agroindustria, turismo, salud, ambiente y “minería sustentable”.

La norma prevé para estas actividades aportes no reembolsables, beneficios fiscales, asistencia técnica y créditos con tasas subsidiadas, además de un fondo integrado, entre otros recursos, por partidas presupuestarias provinciales.

El artículo remarca que Chubut cuenta con antecedentes de movilización social contra la megaminería y con la Ley XVII N.º 68, que impone restricciones a la minería metalífera a cielo abierto y al uso de cianuro. La nueva norma no deroga esa legislación ni habilita automáticamente la explotación de yacimientos, aunque amplía los instrumentos de promoción estatal hacia actividades asociadas al sector minero.

En el contexto de intereses empresariales sobre yacimientos de uranio y otros minerales, el texto cuestiona que la noción de “minería sustentable” pueda emplearse para legitimar nuevos emprendimientos extractivos y sostiene que esa denominación no elimina los impactos ambientales y sociales de la actividad.

Cuestionamientos por la falta de debate amplio

El artículo también cuestiona que una decisión que involucra presupuesto público, territorio, agua, energía y prioridades productivas haya sido aprobada sin un debate provincial amplio y con participación efectiva de la población.

Responsabiliza políticamente al gobierno de Ignacio Torres y a los bloques que aportaron los votos necesarios —el PRO, partidos provinciales y una parte del peronismo—, al considerar que coincidieron en respaldar un régimen de promoción empresarial. Asimismo, relaciona la discusión con el antecedente de las movilizaciones contra la megaminería de 2021.

Finalmente, el texto plantea la necesidad de fortalecer la organización independiente de trabajadores, comunidades y organizaciones ambientales, reclamar control social sobre los recursos estratégicos y promover una planificación democrática de la economía orientada a las mayorías populares.