El pedido de exoneración contra la investigadora Virginia Aparicio abrió un debate que trasciende su situación individual. Investigadores e investigadoras de diferentes organismos sostienen que el caso plantea interrogantes sobre la posibilidad de producir, difundir y defender conocimiento científico cuando sus resultados afectan intereses económicos o políticos.
En un escenario atravesado por el ajuste, la precarización y las denuncias de persecución en el sistema científico, distintas voces advierten que lo que está en discusión es la libertad de investigar, generar conocimiento y comunicar resultados. Para quienes respaldan a Aparicio, la defensa de su trabajo también constituye una forma de resguardar la ciencia crítica y pública.
Llamados de alerta para la comunidad científica
Luis Wall, investigador superior del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en biología y bioquímica del suelo e interacciones entre plantas y microorganismos, califica la situación como un caso de censura científica.
Wall remarca que la investigación de Aparicio había sido inicialmente avalada por la propia institución, con intervención del comité de ética y el cumplimiento de las instancias reglamentarias correspondientes. Según su evaluación, la sanción propuesta no se vincula con una falta laboral o una conducta inapropiada, sino con el carácter de los resultados obtenidos, que podrían resultar conflictivos para otros intereses.
El investigador cuestiona que no se hayan difundido públicamente los motivos de la sanción. Además, considera que los resultados del trabajo son relevantes para diseñar estrategias agrícolas orientadas a proteger el ambiente y la salud pública. A su entender, el caso representa una advertencia para el conjunto de la comunidad científica y puede afectar la valoración social de la ciencia.
El riesgo de un efecto disciplinador
Patricia Pintos, directora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, entiende que la situación puede operar como un mensaje disciplinador para quienes investigan y comunican conclusiones que cuestionan uno de los pilares productivos del modelo económico.
Pintos relaciona el caso con las presiones que, según señala, el INTA ejerce desde 2023 sobre Aparicio para que reemplace el término “agrotóxicos” por expresiones como “fitosanitarios” o “agroquímicos”. Para la investigadora, esta discusión sobre las palabras utilizadas refleja una prioridad institucional por preservar el modelo del agronegocio por encima de los efectos que ese modelo puede tener sobre la salud de las poblaciones afectadas.
También advierte que, en un contexto de ajuste y precarización laboral, pueden fortalecerse mecanismos de autocensura. El temor a un sumario administrativo o a consecuencias en las promociones dentro del sistema científico podría influir, según plantea, en qué se investiga, cómo se comunica y en qué ámbitos se difunden los resultados.
Para Pintos, el problema no se limita al INTA ni al CONICET: alcanza a cualquier organismo público que produzca información sensible para el poder político o para grupos económicos, ya que también compromete la libertad de opinión y el ejercicio del pensamiento crítico.
Por su parte, Santiago Benítez, doctor en Biología, investigador del CONICET especializado en ecología y evolución de las interacciones planta-animal y secretario general de la junta interna de ATE-Conicet en Córdoba, sostiene que el caso expone una contradicción dentro del sistema científico. Por un lado, menciona la precarización, el vaciamiento y el desfinanciamiento; por el otro, cuestiona un discurso que presenta a la ciencia como herramienta para el desarrollo nacional, aunque —según su mirada— ese desarrollo termina favoreciendo a los sectores propietarios del país.
Benítez afirma que impedir la publicación de investigaciones controvertidas, especialmente cuando cuestionan el orden establecido, afecta la dignidad del trabajo científico. Frente a ello, reivindica una ciencia que formule preguntas, actúe en favor del bien común y no quede subordinada a intereses particulares.
El debate sobre las prioridades de la ciencia pública
El caso de Aparicio también reabre la discusión sobre quién decide qué investigaciones deben desarrollarse desde los organismos públicos. Wall considera válido debatir qué líneas deben recibir financiamiento, pero sostiene que esa discusión debe realizarse de forma pública y democrática.
Para el investigador, resulta inaceptable que una línea de trabajo sea cancelada si ello contradice el interés general de la comunidad. En ese sentido, cuestiona que en un organismo público como el INTA puedan priorizarse intereses económicos privados sin que exista un debate abierto.
Wall añade que, aun si hubiera objeciones acerca de la relevancia de una investigación, la respuesta adecuada debería ser el debate científico y no la sanción. En su visión, los estudios sobre impactos de los agrotóxicos forman parte de investigaciones aplicadas a la salud ambiental y a la salud pública, por lo que su interrupción a causa de los resultados alcanzados sería inaceptable en términos científicos, académicos y éticos.
Benítez coincide en que una ciencia capaz de indagar temas incómodos forma parte de la función de los organismos públicos. Según expresa, la investigación debe contribuir al bien común y conservar su capacidad crítica.
Antecedentes de presiones en Mendoza
El debate en torno a Aparicio es leído por investigadores de Mendoza a la luz de otros episodios vinculados con intervenciones científicas en conflictos ambientales, particularmente en torno a la megaminería de cobre.
Durante el tratamiento legislativo del proyecto minero San Jorge, que generó un fuerte rechazo popular, fue retirado del sitio oficial un informe que advertía sobre posibles riesgos ambientales, sociales e hídricos. El documento había sido elaborado por científicos de los institutos mendocinos IANIGLA e IADIZA.
Luego, el informe fue sustituido por un comunicado de las máximas autoridades provinciales del CONICET, alineado con las posiciones del gobierno de Cornejo, el gobierno nacional y las empresas mineras involucradas.
Fuentes que solicitaron reserva de identidad señalaron que hubo amenazas de sumarios administrativos contra autoridades e investigadores, así como advertencias sobre eventuales denuncias penales. Según esas fuentes, tales situaciones buscarían desalentar la organización, la protesta y la participación pública de quienes trabajan en el sistema científico.
Desde esta perspectiva, el disciplinamiento no siempre adopta la forma de una orden directa. También puede expresarse mediante la prohibición de determinados términos, el cierre o desfinanciamiento de líneas de investigación, las amenazas de sumarios o la posibilidad de perder los escasos recursos institucionales disponibles.
Los investigadores consultados sostienen que estas presiones no comenzaron con el actual gobierno. Entre los antecedentes mencionan la etapa de Lino Barañao en la política científica, distintas intervenciones históricas sobre líneas de investigación del CONICET y el caso de Andrés Carrasco, cuyos estudios acerca de los efectos del glifosato se convirtieron en una referencia de la disputa entre investigación científica, agronegocio y poder.
Una campaña en defensa de Aparicio
Quienes participan de la campaña de apoyo consideran que la reacción frente al caso no responde al aislamiento que, según denuncian, se intentaría imponer. Por el contrario, señalan que integrantes de la comunidad científica, organizaciones socioambientales y trabajadores de la ciencia han visibilizado la situación y expresado su respaldo a Virginia Aparicio.
Para estos sectores, defender a la investigadora no se reduce a acompañar a una trabajadora frente a un sumario. La discusión incluye qué ciencia se produce desde los organismos públicos, para quién se produce y qué intereses debe priorizar.
Pintos sostiene que la defensa de Aparicio implica proteger el derecho de la sociedad a contar con una ciencia independiente de los gobiernos y de los grupos de poder. En ese marco, plantea que está en juego la capacidad de decidir qué investigar, cómo hacerlo y cómo comunicarlo, así como el aporte que la comunidad científica realiza ante conflictos de interés público y causas judiciales vinculadas con territorios, comunidades y protección ambiental.
Wall, a su vez, ubica el respaldo a Aparicio dentro de una discusión más amplia sobre el futuro de la ciencia argentina. Advierte que el silenciamiento de investigaciones críticas puede consolidar formas de oscurantismo y negacionismo amparadas por intereses que no se exponen públicamente.
Frente a ese escenario, investigadores, trabajadores de la ciencia, organizaciones socioambientales y comunidades promueven la organización como respuesta. Para quienes respaldan a Aparicio, defender su investigación significa también defender el derecho colectivo a investigar, conocer y poner el conocimiento al servicio de quienes enfrentan las consecuencias de los conflictos socioambientales.