Gallagher Re actualiza su informe sobre la solidez financiera de las reaseguradoras globales; en el mismo analiza las cuentas de los principales grupos en los nueve primeros meses del año. Dos tendencias se confirman: el negocio crece con fuerza (17 de las 25 empresas analizadas registraron un aumento interanual de las primas de dos dígitos) y los resultados siguen al alza.

Esta mejora de los beneficios podría cambiar de cara a 2023. Las estimaciones de consenso sobre el beneficio por acción para el próximo año aumentan solo ligeramente (+0,4%).

Temas clave de los resultados del reaseguro global a 30 de septiembre

  • El crecimiento interanual de las primas se situó en una media del 13%, respaldado por la mejora de los precios de las líneas comerciales.
  • A pesar del aumento de la siniestralidad en el tercer trimestre de 2022, el rendimiento de la suscripción siguió siendo sólido en los nueve meses de 2022, con un ratio combinado medio del 96,9%.
  • Las pérdidas realizadas y no realizadas en los activos de inversión de renta variable y alternativas contribuyeron a ROE inferior: 7,5% frente al 12,4% en los nueve meses de 2021.
  • El aumento de los tipos de interés sin riesgo y los beneficios retenidos contribuyeron a aumentar la solvencia media europea hasta el 228% (ejercicio 2021: 226%).
  • Los fondos propios disminuyeron un 28%, en gran parte debido a la subida de los tipos de interés, que dio lugar a una disminución del valor de mercado de los bonos y las acciones.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.