El gobernador Carlos Sadir aseguró que los salarios estatales superaron a la inflación en lo que va del año, durante una entrevista posterior a la presentación de su proyecto «Jujuy 2040». Sin embargo, el artículo cuestiona esa afirmación y sostiene que los ingresos iniciales continúan por debajo del costo de la canasta familiar.

Entre enero y septiembre, el salario inicial de los trabajadores estatales y docentes habría superado a la inflación en apenas un punto porcentual, aunque habría quedado 2,4 puntos por debajo de la canasta familiar. Según esos datos, tras nueve meses esos salarios permiten adquirir una menor proporción de los bienes y servicios necesarios para no caer bajo la línea de pobreza.

Este mes, el salario inicial estatal alcanza los $1.010.000, mientras que el docente llega a $1.070.000. Esos montos cubren el 61,8 % y el 65,5 %, respectivamente, de la canasta básica total, calculada por la Dipec en $1.632.505.

La brecha entre los salarios y la canasta familiar, señala el texto, es un fenómeno estructural. Solo se habría reducido durante junio y julio de 2023, en el contexto de las movilizaciones de la docencia y las comunidades originarias, cuando el salario inicial de una maestra se acercó al valor de la canasta. Posteriormente, la inflación volvió a ampliar esa diferencia.

El artículo también responsabiliza al PJ y a sectores de la dirigencia sindical por acompañar la política salarial del gobierno. Cuestiona al presidente del bloque justicialista, Rubén Rivarola, por sostener que la Legislatura no puede fijar los salarios estatales, pese a que el cuerpo legislativo aprueba el presupuesto anual de la provincia.

Según el texto, esa postura evita debatir cuál debería ser el salario mínimo estatal. En contraste, gremios como Cedems reclaman un salario inicial equivalente a la canasta familiar, una propuesta incluida en un proyecto presentado este año por el PTS-FITU. El artículo afirma que el oficialismo, el PJ y La Libertad Avanza no avanzaron con esa iniciativa.

En relación con el conjunto de los trabajadores de la provincia, tanto públicos como privados, se indica que el salario real cayó 2,36 puntos porcentuales entre enero y junio de este año, de acuerdo con el último dato del ISAE de la Dipec. Esa pérdida de poder adquisitivo, según la nota, se inició durante la pandemia y se profundizó desde junio de 2023.

El texto plantea que los salarios bajos benefician a las empresas y al Estado. Como ejemplo menciona al Ingenio Ledesma, que en diciembre pagará salarios de $1.290.000. Según la publicación, muchos de los trabajadores que participaron de la producción azucarera durante el año no percibirán ese ingreso porque para entonces la mayoría quedará sin empleo. A la vez, señala que el directorio de Ledesma, compuesto por seis miembros titulares —cinco de la familia Blaquier—, aprobó en septiembre la distribución de $7.300 millones en dividendos provenientes de ganancias acumuladas.

La nota cuestiona además a distintas centrales sindicales. Indica que funcionarios del gobierno radical asistieron la semana pasada a la asunción de nuevas autoridades de la CTA-A, y critica a esa conducción por pedir confianza en el gobierno provincial. También sostiene que la CGT Jujuy se incorporó al gobierno de Sadir al ocupar la Secretaría de Trabajo, y acusa a la CTA-T, que mantiene reuniones con el gobernador, de ser garante del conflicto vinculado con ADEP.

Respecto de los trabajadores de la ex Aceros Zapla, el artículo destaca que, mediante distintas medidas de fuerza, lograron romper 21 meses de congelamiento salarial. No obstante, remarca que sus ingresos permanecen por debajo de la canasta familiar y que la patronal mantiene una deuda millonaria. Tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, la UOM la aceptó sin consulta a las bases, según la publicación.

El texto sostiene que también se expresa una voluntad de enfrentar el ajuste entre los docentes, que volvieron a manifestarse esta semana en las escuelas. Como respuesta, propone coordinar desde abajo a docentes de nivel primario y secundario, trabajadores de la salud, estatales y empleados privados en lucha.

Además, plantea como reclamos centrales la defensa de las condiciones laborales, la reducción de la jornada sin disminución salarial, la creación de puestos de trabajo con derechos y el aumento de los presupuestos de salud, educación y vivienda. La publicación llama a organizar una huelga general contra las políticas de los grandes empresarios y del FMI, que atribuye al gobierno nacional de Javier Milei, a Sadir y a sus aliados.

Finalmente, el artículo menciona procesos políticos en Europa y América, y convoca a conformar una juventud por la revolución socialista. Esa convocatoria se realizará el próximo 5 de diciembre en todo el país.