La Cámara de Diputados fue convocada a sesionar el 15 de octubre a las 14 con el objetivo de tratar el rechazo del DNU 70/2023, incluido su impacto sobre la extranjerización de tierras, junto con el resto de las medidas desregulatorias impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
El temario también contempla la declaración de emergencia en discapacidad y por endeudamiento familiar. La sesión coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo por el financiamiento de la educación pública y la ciencia. Además, se anunció una autoconvocatoria para coordinar acciones en todo el país junto a las organizaciones que participaron de la Marcha de la Bronca.
La convocatoria reúne firmas de Unión por la Patria (92), el Frente de Izquierda (4), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), un sector de Provincias Unidas (6 de 18), el peronismo puntano (2) y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota (2). En total, suma 110 diputados y diputadas, aunque se requieren 129 legisladores para alcanzar el quórum y asegurar una mayoría en la votación.
Los cuatro diputados misioneros de Provincias Unidas, vinculados al gobernador Hugo Passalacqua, confirmaron que acompañarán el quórum y el rechazo del decreto. El diputado Alberto Arrúa señaló que el 92% de Misiones es zona de frontera y cuestionó que el decreto de diciembre de 2023 afectara a la actividad yerbatera al desregular el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Con esos respaldos, aún faltarían 15 voluntades para llegar al número necesario.
Los votos que faltan
Según el planteo expuesto, las 15 voluntades restantes dependen principalmente de gobernadores peronistas: Martín Llaryora, de Córdoba, con seis diputados; Gustavo Sáenz, de Salta, con tres; Raúl Jalil, de Catamarca, con tres; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, también con tres.
También quedan definiciones pendientes entre sectores de Provincias Unidas y ex Juntos por el Cambio. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro cuenta con los diputados Gisela Scaglia y José Núñez. En Jujuy, el gobernador Carlos Sadir tiene como referentes a Natalia Sarapura Zigarán, firmante de la convocatoria y favorable al rechazo, y a Jorge Rizzotti, quien no se pronunció. En Chubut, el gobernador del PRO Ignacio Torres tiene al diputado Jorge “Loma” Ávila dentro de Provincias Unidas.
Por su parte, el gobernador neuquino Rolando Figueroa podría aportar el voto de la diputada Osvalda Maureira. Figueroa había expresado públicamente su rechazo a la extranjerización de tierras durante el debate en el Senado, aunque aún no fijó posición sobre la sesión del 15 de octubre.
El mecanismo para rechazar el DNU
La normativa que regula los decretos de necesidad y urgencia establece que un DNU debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso para perder vigencia. En cambio, para que continúe vigente alcanza con que una de las cámaras lo valide o con que no exista un rechazo de ambas.
El Senado rechazó el DNU 70 el 14 de marzo de 2024, pero el decreto siguió en vigencia porque Diputados no se había expedido. El 15 de octubre deberá votarse la validación o el rechazo de la totalidad del decreto. Si La Libertad Avanza obtiene una mayoría para validarlo, el DNU quedará firme en su totalidad, incluidas las disposiciones que habían sido suspendidas judicialmente.
En caso de ser rechazado, el megadecreto dejaría de regir desde el 15 de octubre, aunque esa decisión no anularía de manera retroactiva los efectos producidos durante su vigencia. Para ello sería necesaria una ley de nulidad. El artículo señala que el Frente de Izquierda es el único espacio con un proyecto en ese sentido.
Las alternativas evaluadas para sostener el decreto
El Gobierno busca preservar el contenido del DNU 70 y, según el artículo, evalúa utilizar las negociaciones presupuestarias con los gobernadores y el respaldo de sectores económicos. También analiza reponer el capítulo referido a las tierras en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y aún debe ser tratada en Diputados.
Entre las alternativas mencionadas figura una propuesta difundida por Miguel Ángel Pichetto, quien planteó restablecer la Ley de Tierras dentro de la iniciativa denominada de defensa de la soberanía. La otra es un proyecto presentado en el Senado por el peronismo, con las firmas de José Mayans y Juliana Di Tullio, que propone derogar únicamente el artículo 154 del DNU, referido a la derogación de la Ley de Tierras.
El texto original cuestiona esta última iniciativa por considerar que podría dejar vigente el resto de las disposiciones del decreto, entre ellas las vinculadas a alquileres, medicina prepaga, tasas de interés y endeudamiento familiar.