El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 plantea una transformación estructural que, según el análisis presentado, afecta de forma directa las condiciones materiales de vida de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Parte de sus disposiciones luego se convirtió en leyes cuestionadas, como la denominada Reforma laboral, mientras que otras, como la vinculada a la Ley de Tierras, fueron judicializadas: primero se repusieron y más tarde quedaron suspendidas de manera temporal tras reclamos populares.
El texto sostiene que el decreto forma parte del plan que el gobierno de Javier Milei y la derecha buscan aplicar, y convoca a movilizarse en el Encuentro Plurinacional y durante la jornada del 15 de octubre para exigir su anulación.
Vivienda: el impacto de la derogación de la Ley de Alquileres
El DNU derogó la Ley de Alquileres 27.551, eliminando los plazos mínimos de los contratos y las regulaciones sobre moneda e índices de actualización. De este modo, cerca de 3 millones de hogares inquilinos quedaron expuestos a negociaciones desiguales frente a inmobiliarias y propietarios. Tras la medida, los alquileres registraron fuertes aumentos.
La situación repercute especialmente sobre las jefas de hogar y las personas de la diversidad sexual. De acuerdo con encuestas de la Federación de Inquilinos Nacional y del colectivo Ni Una Menos, mujeres y personas LGTB+ recurren al endeudamiento principalmente para afrontar gastos esenciales, como alimentos y tarjetas de crédito.
Para la comunidad trans y travesti, las dificultades para acceder a una vivienda se profundizaron. El artículo señala sobrecostos que pueden duplicar o triplicar el valor de los alquileres, abusos en hoteles e inquilinatos, desalojos violentos y la pérdida de herramientas de trabajo a raíz de recortes en subsidios habitacionales estatales. En respuesta, organizaciones de inquilinos y movimientos feministas impulsaron alianzas para denunciar la crisis de vivienda como una forma de violencia económica que, entre otros efectos, dificulta la salida de situaciones de violencia machista.
El escenario podría agravarse si prospera el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cuestiones vinculadas a las tierras y otros cambios. La iniciativa prevé o refuerza un trámite judicial sumarísimo, con plazos procesales abreviados, para acelerar desalojos y recuperaciones de propiedades. También fija un plazo para intimar el pago ante mora en el alquiler, establecido en 10 días durante el debate en el Senado, antes de avanzar con el procedimiento.
Tierra, trabajo rural y soberanía
La derogación de la Ley de Tierras 26.737 quitó los límites para la compra de terrenos por capitales extranjeros y para la concentración de recursos estratégicos. Según el texto, esto profundiza una desigualdad histórica y estructural en las zonas rurales.
Las mujeres tienen un menor acceso a la propiedad de la tierra y a los recursos productivos. Incluso cuando existe documentación sobre tierras trabajadas por mujeres de la agricultura familiar, más de la mitad aparece registrada a nombre de varones. Sin embargo, tienen una participación central en la producción: en la agricultura familiar campesina e indígena, las mujeres dedican en promedio 7 horas y media diarias a tareas productivas y algo más de 6 horas a tareas de cuidado.
Además, la comercialización directa y en ferias está mayormente feminizada: en más del 80% de los casos queda a cargo de mujeres. El planteo es que las mujeres producen alimentos, sostienen las economías familiares y reproducen la vida, aunque cuentan con menos tierra, recursos y capacidad de decisión sobre lo que generan.
En este contexto, la defensa de la soberanía se vincula con la protección del territorio y de las condiciones materiales necesarias para que las mujeres puedan vivir, producir y decidir. Aunque la medida se encuentra suspendida por el malestar popular, el artículo advierte que podrían intentar reactivarla.
A esta desregulación se agregan la derogación de la Ley de Abastecimiento y de la Ley de Góndolas, junto con la liberación de precios de la canasta familiar y de la salud. La reducción de herramientas de intervención estatal elevó los costos de crianza y de vida, con un impacto directo sobre los presupuestos de los hogares encabezados por mujeres.
Precarización en empleos feminizados y tareas de cuidado
Entre los puntos cuestionados del decreto figura la derogación del artículo 50 de la Ley 26.844, correspondiente al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. La norma eliminó la doble indemnización por falta o deficiencia en la registración laboral, un mecanismo que buscaba incentivar la formalización y que finalmente fue incluido en la Ley Bases.
En la Argentina, 6 de cada 10 trabajadoras de casas particulares son pobres. A su vez, el 74% no realiza aportes jubilatorios, el 72% no cobra por enfermedad y el 73% no tiene cobertura de salud mediante obra social.
El texto también cuestiona que, primero mediante el decreto y luego a través de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y a la Ley de Teletrabajo 27.555, se recortaran derechos asociados a las tareas de cuidado. Asimismo, se declaró como servicio esencial al cuidado de menores y a la educación inicial, estableciendo guardias mínimas del 75%. Esta medida restringe el derecho constitucional de huelga en sectores altamente feminizados, como la docencia y el trabajo en guarderías.
Convocatoria a la organización y la movilización
Frente a los efectos sociales, territoriales y laborales atribuidos al DNU 70/23 y a las leyes derivadas, el artículo propone que las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual continúen al frente de la lucha.
La convocatoria plantea confluir en las calles junto a organizaciones de trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales y ambientales, y la juventud, tomando como referencia las movilizaciones de Francia y otros países de Europa.
El texto rechaza que alcancen las suspensiones parciales de algunos artículos y reclama la anulación completa del DNU 70/2023. También propone sostener la movilización en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y la Diversidad Sexual y el 15 de octubre, ante la sesión convocada para tratar el decreto. Finalmente, plantea la necesidad de un plan de lucha y de avanzar hacia una huelga general con las mujeres y la diversidad sexual como protagonistas.