Los cortes de luz dejaron de ser una situación excepcional en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Para millones de usuarios del AMBA, el problema se resume en una contradicción persistente: las tarifas aumentan, pero la calidad del servicio no mejora.
Desde la asunción de Javier Milei, se sucedieron grandes apagones. El temporal del 16 de diciembre de 2023 dejó sin electricidad a más de 410.000 usuarios del AMBA: 337.905 en el área de Edesur y 72.743 en la de Edenor. Edesur llegó a informar un pico de 450.000 clientes afectados por los fuertes vientos y la caída de árboles y estructuras sobre la red.
El 10 de febrero de 2024, un incendio en la subestación Caballito de Edesur dejó sin suministro a decenas de miles de personas. La instalación abastecía a unos 100.000 clientes y, en el momento de mayor afectación, alcanzó a 63.920 usuarios. El Gobierno indicó que el hecho ocurrió mientras se realizaban tareas de mantenimiento programadas.
Los episodios continuaron en 2024 y 2025. El 3 de octubre de 2024, una falla durante la sincronización de una máquina en la Central Costanera activó los sistemas de protección y dejó fuera de servicio 16 subestaciones de Edesur: 530.000 usuarios se quedaron sin luz. El 5 de marzo de 2025, una falla en las líneas de alta tensión Bosques-Hudson afectó inicialmente a 550.000 usuarios de Edesur; horas más tarde, otro desperfecto elevó la cifra a unos 780.000 clientes.
El 31 de diciembre ocurrió uno de los apagones más grandes del período, cuando una falla en instalaciones de 220 kV de la subestación Bosques de Edesur dejó inicialmente sin electricidad a 1.085.000 clientes. Dos semanas después, el 15 de enero de 2026, una falla en la subestación Morón de Edenor desconectó cuatro líneas de alta tensión y afectó inicialmente a unos 800.000 clientes. La afectación total llegó a alrededor de un millón de usuarios de Edenor y 200.000 de Edesur.
Los cortes no comenzaron con el actual gobierno: se repiten bajo distintas administraciones. Sin embargo, durante la gestión de La Libertad Avanza las tarifas volvieron a aumentar exponencialmente sin que eso implicara una mejora proporcional en el servicio.
De acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), un hogar residencial del AMBA sin subsidios pagó en septiembre de 2026 alrededor de $49.770 mensuales por electricidad. Aunque el gasto mensual bajó respecto del invierno por la reducción del consumo, fue 48% superior al de septiembre de 2025.
El control de la calidad del suministro corresponde al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (exENRE). El organismo utiliza, entre otros, dos indicadores: el SAIFI, que mide cuántas veces se interrumpe el servicio para un usuario promedio, y el SAIDI, que calcula la duración promedio de los cortes.
Según el último informe semestral del ENReGE, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, un usuario promedio de Edesur estuvo sin suministro durante 4,88 horas, más del doble de las dos horas consideradas aceptables por el regulador. La duración total de interrupción semestral llegó a 8,29 horas. En Edenor, los usuarios acumularon 2,91 horas sin luz durante el mismo período. En San Vicente, dentro del área de Edesur, los cortes sumaron 23,27 horas en el semestre.
Las sanciones tampoco parecen tener un peso relevante para las compañías. En 2025, las multas del ENReGE a Edenor fueron de $36.147 millones, equivalentes al 15% de sus ganancias de ese año. Durante el primer trimestre de 2026, alcanzaron $6.422 millones, el 5% de lo ganado en ese período. Edesur contabilizó las multas como deuda: representaron cerca del 4% de sus deudas y obligaciones en 2025 y el 3% en el primer trimestre de 2026.
Cómo está organizado el sistema eléctrico
Encender una lámpara depende de una red compleja compuesta por centrales eléctricas, líneas de alta tensión, transformadores y trabajadores. El sistema argentino se divide en tres etapas: generación, transporte y distribución.
La generación produce la energía que se consume a diario. Puede provenir de centrales térmicas que usan gas natural o gasoil, represas hidroeléctricas como Yacyretá o El Chocón, centrales nucleares como Atucha o Embalse, y parques eólicos y solares.
La electricidad generada pasa luego al transporte. Como no puede almacenarse a gran escala y debe producirse prácticamente al mismo tiempo en que se consume, viaja por el país a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Para ello, su tensión se eleva hasta los 500.000 voltios. La mayor parte de esta red es operada por Transener.
En abril de este año, el Gobierno completó la privatización de Transener mediante las posibilidades habilitadas por la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización. La iniciativa fue aprobada por el Congreso con votos del oficialismo, sus aliados y un sector del peronismo, entre ellos Edgardo Kueider. Con esa decisión, el Estado dejó de participar en una pieza estratégica del sistema de transporte eléctrico, aunque la actividad continúa regulada.
La coordinación del conjunto está a cargo de CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Esta empresa mixta determina, minuto a minuto, qué centrales deben generar y cuánta energía deben aportar para responder a la demanda. También administra las operaciones comerciales entre generadores y distribuidoras.
La última etapa es la distribución. Cuando la energía llega al AMBA, ingresa en las redes de Edenor y Edesur. Mediante subestaciones y transformadores, estas empresas reducen la tensión hasta los 220 voltios utilizados en hogares y comercios. Aunque los cortes pueden originarse en distintas fases del sistema, Edenor y Edesur son responsables directas del servicio que reciben los usuarios en la etapa de distribución.
De SEGBA a las distribuidoras privadas
Hasta principios de la década de 1990, gran parte del sistema eléctrico metropolitano estaba concentrado en SEGBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. La compañía fue creada en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi como sociedad mixta y fue estatizada completamente en 1961.
SEGBA integraba generación, transmisión y distribución. En enero de 1977 suministraba el 80% de la electricidad consumida en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, abastecía cerca del 60% de la actividad industrial y comercial del país, contaba con alrededor de tres millones de clientes y empleaba a unas 24.000 personas.
En enero de 1977, la última dictadura militar intervino la empresa en el marco de una política de cuestionamiento a las compañías públicas, subas tarifarias y “saneamiento” de sus cuentas. Los cambios de aquel período no fueron revertidos por los gobiernos posteriores y se profundizaron hasta la privatización.
Durante el primer gobierno de Carlos Menem, la Ley 24.065, aprobada en 1991, separó el sistema en generación, transporte y distribución. En julio de 1992 se privatizó y fragmentó SEGBA. De ese proceso surgieron las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, además de varias generadoras.
La transformación implicó una fuerte reducción de personal. SEGBA tenía 22.809 empleados en 1989; en 1998, Edenor, Edesur y Edelap reunían apenas 6.837 trabajadores, aun cuando la red continuaba expandiéndose. La reducción de planteles y la tercerización modificaron las condiciones de mantenimiento y atención del servicio.
Un antecedente emblemático fue el apagón del 15 de febrero de 1999: 700.000 usuarios de diez barrios porteños permanecieron sin luz durante 11 días por una falla en una subestación de Edesur situada en Azopardo, Monserrat. El corte comenzó a las 3.12 y, según una crónica de Ezequiel Siddig incluida en el libro Voltios, no había trabajadores presentes debido a la eliminación de turnos tras los despidos. El episodio pasó a conocerse como “El apagón del siglo”.
Quiénes controlan la distribución
La distribución eléctrica del AMBA se concentra en dos empresas. Según el ENReGE, Edenor tiene 3,49 millones de usuarios y Edesur, 2,8 millones. Entre ambas abastecen a más de seis millones de usuarios.
Edesur pertenece a Enel, una de las mayores multinacionales energéticas de Europa, cuyo principal accionista es el Estado italiano. Enel comenzó a operar Edesur en 2009 y desde entonces recibió subsidios estatales mientras administró el servicio para millones de hogares del sur del Conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires.
Edenor, por su parte, está desde 2021 bajo control del consorcio EDELCOS SA, integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, tras la compra de la empresa a Pampa Energía. Los empresarios tienen presencia en actividades como energía, medios de comunicación, inmuebles, vinos, transporte aéreo, finanzas y negocios vinculados al Estado.
Filiberti integra además las empresas que se quedaron con AySA, la prestadora de agua potable para 14 millones de personas privatizada por el Gobierno mediante la Ley Bases. Manzano fue ministro del Interior de Carlos Menem en 1991, durante el mismo gobierno que impulsó las privatizaciones de los años noventa.
Más allá de los accionistas, el esquema se mantiene: empresas privadas administran un servicio monopólico, reciben subsidios estatales y cobran tarifas reguladas a usuarios que no pueden elegir proveedor.
Ganancias y subas tarifarias
Desde la llegada de Javier Milei, las distribuidoras incrementaron sus tarifas por encima de la inflación. El Gobierno autorizó subas del valor agregado de distribución (VAD), componente de la factura que perciben compañías como Edenor y Edesur.
Edenor obtuvo una ganancia de $239.236 millones en 2025. En su presentación para inversores señaló que el VAD aumentó 37% durante ese año, frente a una inflación del 32%. En 2024, la empresa destacó que desde el 16 de febrero se aplicaban tarifas transitorias con un incremento nominal de 319,2%, mientras la inflación anual fue de 117,8%.
En el primer trimestre de 2026, Edenor ganó $117.854 millones, unos $1.309 millones diarios y un 147% más que en igual período de 2025. La firma atribuyó parte de ese resultado a la actualización tarifaria y a menores gastos operativos; entre ellos, informó una optimización de la fuerza laboral que incluyó una baja del 5% en remuneraciones.
Edesur también revirtió sus resultados: ganó $29.219,5 millones en 2025, luego de las pérdidas de 2024, y en el primer trimestre de 2026 obtuvo una ganancia de $46.084,8 millones, equivalente a $512 millones diarios.
En septiembre, el Congreso aprobó un mecanismo que implicó perdonar deudas millonarias de Edenor y Edesur con CAMMESA mediante los llamados activos regulatorios, reclamados por los años de congelamiento tarifario. La medida fue incorporada en el artículo 4 del proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías y reduce subsidios al gas. El esquema contempla la condonación de unos US$1.842 millones en deudas históricas, de los cuales el 69% corresponde a ambas distribuidoras del AMBA.
Subsidios, deuda e infraestructura
Los subsidios suelen presentarse como una disyuntiva entre financiamiento estatal y facturas más caras. Sin embargo, desde la privatización de los años noventa se sucedieron subsidios, compensaciones, créditos y renegociaciones sin resolver los problemas estructurales del servicio.
Durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, Edenor y Edesur mantuvieron tarifas residenciales bajas o congeladas en buena parte del período. Las empresas fueron compensadas con subsidios y otros mecanismos estatales. El 22 de diciembre de 2013, más de 11 millones de personas quedaron sin electricidad en el AMBA. Edenor y Edesur atribuyeron los cortes al nivel de tarifas, mientras el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, advirtió que tomaría medidas si no restituían el servicio de inmediato. Las concesiones, sin embargo, continuaron en manos privadas.
Con Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, las facturas residenciales de Edenor y Edesur acumularon aumentos nominales superiores al 3.000%, según un informe del exENRE. Durante el gobierno de Alberto Fernández, las obligaciones de las distribuidoras también se redujeron: una deuda conjunta con CAMMESA de unos $219.615 millones en 2022 terminó refinanciándose por $80.210 millones, mientras cerca de $139.405 millones quedaron fuera del monto a pagar por quitas de intereses y compensaciones.
Según el IIEP, tras las subas tarifarias los usuarios residenciales cubren en promedio el 58% del costo del sistema eléctrico mediante sus facturas, mientras el Estado nacional aporta el 42% restante. Aun así, los subsidios energéticos crecieron 16% real interanual en septiembre; entre los principales desembolsos figura CAMMESA, con un aumento de 43% real.
Un pedido de acceso a la información pública realizado por La Izquierda Diario al Ministerio de Economía indicó que en noviembre de 2023 había 3.535.126 usuarios subsidiados de Edenor y Edesur. En abril de este año, la cifra cayó a 2.835.921: casi 700.000 usuarios menos, una disminución del 20%.
Trabajadores, tercerización e inversión
Los trabajadores sostienen el funcionamiento cotidiano de la red: monitorean el sistema, reparan cables, reemplazan transformadores, realizan maniobras, atienden emergencias y restituyen el suministro. Pero la privatización redujo el personal propio y amplió la tercerización.
SEGBA llegó a tener un trabajador por cada 104 usuarios. Según un trabajador de Edesur consultado para el newsletter, la compañía cuenta actualmente con alrededor de 3.500 empleados propios y 4.500 tercerizados.
La tercerización abarca mantenimiento de redes de baja y media tensión, reparación de cables, emergencias, mantenimiento de cámaras, tendido de líneas, poda y otras tareas centrales. Mientras el personal propio conserva funciones de operación, coordinación e inspección, buena parte de la ejecución material depende de contratistas.
Los empleados encuadrados en Luz y Fuerza suelen tener mejores salarios y mayor estabilidad. Un trabajador que ingresa hoy a Edesur bajo ese convenio percibe alrededor de $1,9 millones mensuales, según la fuente consultada. Muchos tercerizados, en cambio, están bajo convenio de la UOCRA, con salarios inferiores, pagos por producción, jornadas más extensas y menor protección laboral.
Entre las contratistas se encuentra EMA Servicios S.A., que realiza desde lecturas de medidores y cortes de suministro hasta mantenimiento y reparación de redes. También opera SECCO, dedicada a proveer generación móvil y grupos electrógenos durante cortes prolongados. Sus trabajadores protagonizaron en 2025 una pelea contra despidos que logró reincorporaciones.
Según el trabajador entrevistado, la presión sobre contratistas para reducir costos y cumplir plazos provoca rotación, pérdida de conocimiento sobre la red, menor capacitación, falta de herramientas y reparaciones provisorias. Los problemas detectados por las cuadrillas, como transformadores saturados o cables envejecidos, no siempre derivan en obras definitivas por criterios presupuestarios, prioridades empresariales o falta de recursos.
El informe de Gustavo García Zanotti y Martín Schorr, Las privatizadas en el gobierno de Milei. Tarifazos, ganancias extraordinarias y reticencia inversora, señala que la mayor rentabilidad no se tradujo en más inversión. Según el análisis de balances presentados ante la CNV, tanto en 2023 como en 2025 Edenor y Edesur destinaron a inversión productiva el equivalente al 14% de sus ventas.
Otros modelos posibles
La organización privada del servicio eléctrico no es el único modelo existente. En Córdoba, la empresa pública EPEC presta el servicio, aunque este año el gobernador Llaryora firmó el decreto que la transformó en sociedad anónima. En Argentina operaban cerca de 600 cooperativas eléctricas en 2023, según datos oficiales.
En Uruguay, la empresa estatal UTE desarrolla actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. En Francia, el Estado volvió a ser en 2023 el único accionista de Électricité de France (EDF), al recuperar la totalidad de su capital y derechos de voto.
La experiencia de SEGBA también muestra que la integración estatal de generación, transporte y distribución fue una alternativa existente en el AMBA. Aunque estas experiencias presentan límites y contradicciones, plantean una discusión sobre si la electricidad debe organizarse para generar ganancias o para garantizar un derecho básico.
Propuestas y debate sobre el servicio
Los trabajadores consultados señalan como medidas urgentes la renovación de cables de media y baja tensión envejecidos, la repotenciación de centros de transformación, la construcción de nuevos alimentadores, la ampliación de cuadrillas propias, el mantenimiento de stocks de materiales críticos y un mantenimiento preventivo e integral de cámaras, tableros y transformadores. También proponen planificar inversiones según el historial de fallas y las necesidades sociales de cada territorio.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda plantean declarar de utilidad pública todo el sistema energético, terminar con las concesiones privadas y crear una empresa única de energía que integre generación, transporte y distribución. En la Legislatura bonaerense, Ariel Moreno, trabajador de SECCO y exdiputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda, presentó un proyecto de expropiación y estatización de las empresas eléctricas.
En el Congreso Nacional, diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto para dejar sin efecto los incrementos en tarifas de servicios públicos aplicados desde el 10 de diciembre de 2023 hasta determinar el costo real de los servicios. La iniciativa incluye una comisión de auditoría, balance y revisión tarifaria integrada por trabajadores y profesionales especializados.
El debate sobre el sistema eléctrico abarca la propiedad, las inversiones, el mantenimiento, las condiciones laborales y la participación de usuarios, técnicos y trabajadores. Sin electricidad no es posible estudiar, trabajar, conservar alimentos, acceder al agua ni enfrentar una ola de calor en condiciones dignas; por eso, su organización continúa siendo una discusión central para el AMBA.