La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmó que el organismo acordó con el Gobierno argentino cuatro medidas destinadas a impulsar el crecimiento, el empleo y la ampliación de beneficios. El planteo se produce en un contexto de recesión económica, con dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, y de pérdida de más de 350.000 empleos registrados.

El anuncio se conoció después de que el FMI aprobara el martes un “acuerdo a nivel técnico” —staff level agreement— vinculado con la tercera revisión del programa acordado por Javier Milei en marzo de 2025. El entendimiento habilitaría un desembolso cercano a US$ 900 millones, aunque todavía debe ser validado por el directorio del organismo. Según Kozack, ese tratamiento podría realizarse a comienzos de diciembre.

Desde Washington, la funcionaria sostuvo que existe un “entendimiento compartido” sobre la necesidad de trasladar los resultados de la estabilización hacia un mayor crecimiento y generación de puestos de trabajo. También señaló que el mensaje del FMI para la Argentina es mantener políticas firmes y ampliar sus beneficios.

Al ser consultada por la suba del riesgo país, que superó los 760 puntos antes de moderarse hasta la zona de 740, Kozack evitó hacer proyecciones. Sin embargo, afirmó que la mejor recomendación para reducir ese indicador es continuar con la ejecución del programa vigente.

Las cuatro medidas acordadas

La primera iniciativa apunta a profundizar los mercados de capitales y los créditos hipotecarios, con el objetivo de ampliar el financiamiento para la inversión privada y sostener la demanda interna. El artículo original advierte que el endeudamiento de los hogares aumentó en los últimos dos años y que la morosidad alcanza a casi una de cada tres personas con deudas de consumo. También señala que la inversión acumula una baja del 7,6%, según la consultora Orlando Ferreres.

La segunda medida consiste en avanzar en una mayor flexibilidad del mercado laboral para promover la creación de empleo privado. Kozack destacó las reformas laborales y de mercado aprobadas a principios de año. No obstante, el texto original cuestiona que los beneficios otorgados a las empresas se hayan traducido en nuevos puestos de trabajo.

La tercera propuesta se refiere al avance de concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente. La cuarta busca facilitar la ejecución de inversiones estratégicas dentro del RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. De acuerdo con Kozack, ya fueron aprobados proyectos por más de US$ 70.000 millones.

La vocera del FMI agregó que las autoridades argentinas mantienen su compromiso con el ancla fiscal de equilibrio financiero cero, el perfeccionamiento del marco de política monetaria, la remonetización de la economía y una mejor gestión de la liquidez y del crédito.

El entendimiento entre el personal técnico del Fondo y el Gobierno establece que el ancla fiscal seguirá siendo un componente central del programa. La meta contempla alcanzar un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y realizar un esfuerzo fiscal similar en 2027.

Deuda, reservas y acceso a los mercados

El FMI considera que la Argentina debe estar preparada para volver a los mercados internacionales cuando las condiciones lo permitan y recurrir a líneas de crédito contingentes si fuera necesario. Sin embargo, el riesgo país en torno a los 740 puntos encarece el acceso al financiamiento externo.

Mientras el Gobierno presenta la acumulación de reservas y el superávit fiscal como resultados de su gestión, el artículo sostiene que la deuda continúa creciendo y que una parte importante de los recursos obtenidos se destina al cumplimiento de compromisos financieros.

El texto original cuestiona el programa promovido por el FMI al considerar que profundiza el ajuste, afecta los ingresos reales, el gasto social y el consumo, y agrava el retroceso industrial. Asimismo, plantea que la deuda externa opera como un mecanismo de transferencia de recursos hacia acreedores y capitales externos, y propone el desconocimiento soberano de la deuda externa como alternativa para priorizar necesidades sociales y económicas internas.