La historia de la Iglesia católica en Argentina está atravesada, según este repaso, por su relación con los derrocamientos de gobiernos constitucionales y con políticas represivas aplicadas a lo largo del siglo XX. La crítica se centra especialmente en la actuación de la alta jerarquía eclesiástica frente a dictaduras cuyos principales afectados fueron trabajadores, pueblos originarios e infancias víctimas de diversos abusos.

Durante las primeras décadas del siglo XX, las grandes corrientes inmigratorias llegadas desde Europa a puertos como Buenos Aires, Berisso y Rosario contribuyeron a la formación del movimiento obrero argentino. Anarquistas y socialistas participaron en las primeras organizaciones sindicales, que reclamaban mejoras salariales y laborales. En ese contexto, la Iglesia fue presentada como una adversaria de esas luchas, al promover la aceptación de la explotación y sostener una visión tradicional sobre el papel de las mujeres. También impulsó sindicatos católicos que competían con las organizaciones anarquistas.

Un episodio citado para ilustrar ese enfrentamiento es la huelga de panaderos de noviembre de 1911. Los trabajadores exigían una jornada de ocho horas, la eliminación del trabajo nocturno y aumentos salariales. La tradición atribuye a esa conflictividad el nombre de algunas facturas porteñas, como “bolas de fraile”, “suspiros de monja”, “sacramentos”, “cañoncitos”, “bombas” y “vigilantes”, en alusión satírica a miembros del clero, las Fuerzas Armadas y la Policía.

También se menciona la represión de las huelgas patagónicas, relatadas por Osvaldo Bayer en La Patagonia trágica y llevadas al cine en La Patagonia rebelde. Durante el gobierno radical de Irigoyen, el teniente coronel Varela fue enviado a reprimir a los huelguistas. De acuerdo con el artículo, estancieros ingleses y criollos se aliaron con la Iglesia contra los trabajadores, mientras el Ejército persiguió a grupos obreros hasta la frontera con Chile y realizó fusilamientos masivos, entre ellos en la estancia La Anita.

En el golpe de Estado de 1930, que abrió el ciclo de interrupciones dictatoriales del siglo XX, la revista católica Criterio legitimó la represión contra la protesta obrera y popular. Integrantes del clero participaron del golpe encabezado por Uriburu, que dio paso a la denominada “década infame”. El texto recuerda, además, que el artículo 2 de la Constitución de 1853, aún vigente, establece que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, lo que implica su financiamiento mediante fondos del Tesoro nacional.

Respecto del golpe de 1943, que anuló las elecciones previstas para 1944, se sostiene que la Iglesia fue uno de los respaldos del gobierno militar, junto con la burocracia, la Policía y el Ejército. Ese mismo año se dispuso la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, medida que continuó durante el gobierno de Perón y fue convertida en ley en 1947.

El libro Cien años de historia obrera recoge una declaración de la revista del Arzobispado de Buenos Aires de 1946, según la cual capital y trabajo se encontraban en una “guerra implacable” y los trabajadores identificaban al capital con la Iglesia. El artículo interpreta esas palabras como una explicación de la cercanía inicial entre Perón y la Iglesia, expresada especialmente en la política educativa. La mayoría de la jerarquía eclesiástica también apoyó la candidatura presidencial de Perón en 1946, ante su promesa de preservar la enseñanza religiosa y no promover el divorcio.

La relación cambió hacia 1955, cuando amplios sectores católicos acompañaron el derrocamiento de Perón. La Iglesia tuvo, según el texto, un papel relevante en el desgaste político del gobierno. La estrecha relación entre la Fuerza Aérea y sectores eclesiásticos quedó reflejada en los aviones que bombardearon Plaza de Mayo con la inscripción “Cristo Vence”. El ataque del 16 de junio de 1955 dejó aproximadamente 300 muertos y miles de heridos. El 16 de septiembre de ese año se produjo el golpe que destituyó a Perón; en Operación Masacre, Rodolfo Walsh registró cómo sectores populares rebautizaron a la “Revolución Libertadora” como “La Fusiladora”.

La dictadura posterior buscó favorecer la inversión de capital extranjero y derrotar a trabajadores que habían alcanzado conquistas mediante años de lucha, según la mirada expuesta. Mientras el gobierno militar procuraba acuerdos con sectores del peronismo y de la burocracia sindical bajo la consigna “Ni vencedores ni vencidos”, surgió la llamada Resistencia peronista, caracterizada por huelgas, sabotajes y otras medidas de acción. El historiador británico Daniel James abordó ese proceso en Resistencia e integración.

Bajo la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, iniciada en 1966, se firmó el Concordato entre el Vaticano y el gobierno de Juan Carlos Onganía, el 10 de octubre de ese año. Según una investigación de Daniel Satur citada en el artículo, el acuerdo garantizó a la Iglesia una amplia libertad de acción en asuntos internos y en su vínculo con el Estado, incluso con tribunales propios para juzgar delitos comunes dentro de sus ámbitos. El texto aclara que las gestiones para el Concordato habían comenzado durante el gobierno de Illia, posteriormente derrocado por Onganía.

El capítulo más grave señalado corresponde a la última dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica, entre 1976 y 1983. Un día antes del golpe, la cúpula eclesiástica se reunió con Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. El entonces presidente del Episcopado, Adolfo Tortolo, convocó a la población a “cooperar positivamente” con la dictadura, mientras comenzaban las razias, la militarización de fábricas y las primeras desapariciones. Tortolo describió al nuevo gobierno como un “proceso de purificación” y reivindicó la idea de una civilización “occidental y cristiana” amenazada por el “comunismo internacional apátrida”.

Además, el artículo afirma que sectores de la Iglesia colaboraron en centros clandestinos de detención, suministraron nombres y domicilios de personas perseguidas, encubrieron a torturadores y participaron en la apropiación de bebés. En ese sentido, atribuye un papel central al Movimiento Familiar Cristiano (MFC), institución acreditada por el Episcopado argentino, que habría operado como intermediaria entre bebés nacidos en cautiverio y sus apropiadores, entre ellos integrantes de las fuerzas de seguridad y personas vinculadas a ellas.

María Victoria Moyano, nieta recuperada, denunció el papel de la Iglesia en la maternidad clandestina de Campo de Mayo y señaló que se investigan al menos 70 casos dentro de un total de 119 apropiaciones. De acuerdo con esa denuncia, el MFC facilitaba la entrega de bebés y falsificaba documentación para modificar su procedencia y dar apariencia de legalidad a las adopciones.

La Iglesia también habría legitimado los llamados “vuelos de la muerte” sobre el Río de la Plata. El periodista Adolfo Ruiz, quien entrevistó a Videla en 2010 para la Revista El Sur, publicó declaraciones del dictador en las que este aseguró haber tratado el tema de los desaparecidos con el cardenal Primatesta, algunos obispos de la Conferencia Episcopal Argentina y el nuncio apostólico Pío Laghi. Videla afirmó que la Iglesia los asesoró sobre cómo manejar la situación y que, en algunos casos, comunicaron a familiares que no buscaran más a sus hijos porque estaban muertos.

Tras años de movilización de familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos, el capellán policial Christian Von Wernich fue el único eclesiástico procesado y condenado por genocidio. Continúa detenido, aunque la Iglesia no lo excomulgó y sigue siendo sacerdote e integrante de la institución. Von Wernich solicitó autorización para salir de prisión y visitar al Papa León XIV durante una eventual visita a Argentina, pero la Justicia rechazó el pedido.

Desde el regreso de la democracia, en diciembre de 1983, la institución eclesiástica no pidió perdón por los crímenes vinculados con la última dictadura, según sostiene el artículo. Jorge Bergoglio, luego Papa Francisco, afirmó no saber sobre las desapariciones. Los organismos de derechos humanos reclaman la apertura de los archivos de la dictadura, una demanda que alcanza a las Fuerzas Armadas, las empresas consideradas cómplices y la cúpula de la Iglesia católica. Esa documentación es considerada clave para conocer el destino de las personas desaparecidas, recuperar la identidad de los bebés apropiados e identificar a represores, encubridores y cómplices.

El repaso concluye con un interrogante: si la llegada del Papa León XIV a Argentina podría implicar un pedido de perdón por estos hechos.