SACRAMENTO, California–(BUSINESS WIRE)–Después de distribuir con éxito casi $300 millones en ayuda a propietarios de vivienda elegibles en todo el estado, El Programa de Rescate Hipotecario de California se está ampliando para proporcionar asistencia adicional y expandir la elegibilidad para ayudar a aún más propietarios que han sufrido con sus pagos del hogar debido al impacto de la pandemia de COVID-19.

El programa se está expandiendo de cuatro maneras importantes:

  • Propietarios de vivienda que anteriormente recibieron ayuda del programa y todavía son elegibles, pueden recibir más fondos de hasta $80,000 en ayuda total
  • La ayuda ahora está disponible para propietarios de vivienda con segundas hipotecas de reclamo parcial o aplazamientos de préstamos tomados durante o después de enero de 2020
  • Se restableció la fecha de morosidad para la ayuda con pagos atrasados de la hipoteca e impuestos a la propiedad- los solicitantes tienen que estar atrasados con al menos dos pagos de la hipoteca o al menos un pago de los impuestos a la propiedad antes del 1 de marzo de 2023
  • Propietarios de vivienda con una residencia principal que incluye hasta 4 unidades en la propiedad ahora son elegibles

“Desde sus inicios, el Programa de Rescate Hipotecario de California se ha dedicado a ayudar a los propietarios de vivienda más vulnerables de California a superar los desafíos financieros provocados por el COVID-19″, dijo Tiena Johnson Hall, directora ejecutiva de la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de California (CalHFA), que está administrando el programa a través de la Corporación de Ayuda para Propietarios de Vivienda de CalHFA (CalHRC). “Este programa ya ha alivianado una pesada carga para miles de familias que estaban preocupadas por perder sus casas, y con la expansión permitirá que aún más propietarios de vivienda protejan su principal activo financiero”.

“Muchos proprietarios de vivienda en California todavia se están recuperando de las dificultades financieras debido a la pandemia”, dijo la Secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda de California, Lourdes Castro Ramírez. “Esta expansión del programa habilitara al estado en asistir más propietarios de vivienda que se atrasaron en sus pagos hipotecarios. Nuestro objetivo principal es mantener a las familias en sus hogares, prevenir ejecuciones hipotecarias, y ayudar a los propietarios de vivienda en un camino estable hacia la recuperación financiera”.

Con esta expansión, el Programa de Rescate Hipotecario de California ahora incluirá fondos para reducir o eliminar las segundas hipotecas de reclamo parcial y los aplazamientos de préstamos relacionados con COVID. Aunque muchos propietarios de vivienda actuaron durante la pandemia de COVID-19 para reestructurar sus hipotecas con el fin de salvar sus hogares, ahora enfrentan grandes pagos al final de su hipoteca. Aquellos que tomaron una segunda hipoteca de reclamo parcial o un aplazamiento de préstamo durante o después de enero de 2020 ahora pueden ser elegibles para recibir ayuda.

“El uso de fondos de ayuda para pagar los saldos diferidos de los propietarios de vivienda que sufrieron dificultades por el COVID, restaura el valor de la vivienda y coloca a familias financieramente vulnerables en una posición más sólida para mantener la propiedad de vivienda”, dijo Lisa Sitkin, abogada principal del National Housing Law Project. “También alivia la ansiedad de tener que averiguar cómo pagar un pago global muy alto en el futuro”.

Además, el programa ha restablecido la fecha de morosidad para hogares buscando ayuda con pagos atrasados de la hipoteca o de los impuestos a la propiedad. Los propietarios de vivienda tienen que estar atrasados con al menos dos pagos de la hipoteca o al menos un pago de los impuestos a la propiedad antes del 1 de marzo de 2023, para ser elegibles. Las fechas de morosidad no se aplican a los propietarios que buscan segundas hipotecas de reclamo parcial o ayuda con el aplazamiento de préstamos.

La ayuda ahora está disponible para propietarios de vivienda cuya propiedad tiene hasta cuatro unidades. Las propiedades elegibles, que deben ser la residencia principal del solicitante, pueden incluir casas, condominios, casas prefabricadas fijadas permanentes, ADU’s, dúplex, tríplex o cuádruplex.

Además, los propietarios de vivienda que anteriormente recibieron fondos pueden regresar para obtener ayuda adicional, de hasta un máximo total de $80,000 por hogar, si califican por todos los otros requisitos del programa al momento de presentar la solicitud. Se pueden otorgar los fondos, que son gratuitos y no se tienen que devolver, para cubrir múltiples áreas de necesidad desde pagos de hipotecas atrasados hasta impuestos a la propiedad, segundas hipotecas de reclamo parcial y aplazamientos de préstamos.

Los propietarios de vivienda que solicitaron previamente han sido notificados de las expansiones del programa, y alentamos a cualquier persona que crea que cumple con los nuevos criterios a presentar su solicitud.

“Estos fondos han cambiado vidas y salvado familias”, dijo Volma Volcy, fundador y director ejecutivo de The Ring of Democracy. “He tenido el honor de ayudar a propietarios que creyeron que iban a perder su casa a sentir alegría y alivio después de recibir esta ayuda financiera. Estoy aquí para decir a cualquiera que piense que esta ayuda es demasiado buena para ser verdad que es real y que debe solicitarla hoy”.

“Mantener mi casa es importante porque no solamente es una casa. Es mi casa. Es la única casa que mis dos niños conocen”, dijo Kevin Johnson, un propietario del condado de San Joaquín. “Cuando oí que yo había recibido casi $32,000 para ponerme al día con mi hipoteca, por fin tuve algo alegre que decirle a la gente. Me siento afortunado y este programa es un testimonio de que soy afortunado. Yo todavía no puedo creer lo maravilloso que sentí y que sigo sintiendo hoy en día”.

Desde su lanzamiento, el programa ha distribuido fondos a más de 10,000 propietarios de vivienda de California para ayudarles a ponerse al día con los pagos de la casa.

El Fondo de Asistencia al Propietario de Vivienda del Plan de Rescate Estadounidense proporciona fondos de ayuda hipotecaria cruciales a todos los estados. Lanzado el 27 de diciembre de 2021, California está distribuyendo su asignación de $1 mil millones a propietarios de vivienda calificados hasta que se asignen todos los fondos.

Si bien no hay una fecha de entrega estricta para las solicitudes, los propietarios de vivienda en necesidad deben solicitar los más antes posible. Los solicitantes interesados pueden visitar el sitio web del programa en CaMortgageRelief.org para revisar la información sobre elegibilidad y solicitar a través del portal en línea.

Se puede ver una descripción detallada de los términos del programa de California, aprobado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aquí. Los solicitantes tienen que adjuntar documentos para determinar la elegibilidad. Documentos que pueden ser incluidos son estados de cuenta hipotecarios, estados bancarios, facturas de servicios públicos, y documentación de ingresos (es decir talones de pago, declaraciones de impuestos, o documentos de desempleo). Se puede completar el proceso de solicitud en menos de 30 minutos una vez que los solicitantes hayan reunido todos los documentos e información requeridos.

Los propietarios de vivienda con preguntas pueden llamar al Centro de Atención al 1-888-840-2594 entre 8 a.m. y 6 p.m., de lunes a viernes. También pueden visitar a CaMortgageRelief.org/help para aprender más sobre los recursos y asistencia disponibles a ellos.

La Corporación de Ayuda a los Propietarios de Viviendas de la CalHFA (CalHRC) es una filial con fines especiales de la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de California (CalHFA). La CalHFA es una agencia estatal independiente que ayuda a los californianos de ingresos bajos a moderados, ya que actúa como prestamista de viviendas asequibles del estado. A través de la CalHRC, la agencia puede desembolsar el Fondo de Ayuda a los Propietarios de Viviendas (HAF) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense en nombre del estado de California, dada su amplia experiencia en el ámbito de la ayuda hipotecaria y la propiedad de viviendas.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.