La movilización juvenil se expandió esta semana en toda Francia, con la participación de estudiantes de distintos niveles y trabajadores de la educación. Tras reunir a más de 450.000 personas en todo el país el 6 de octubre, las protestas continuaron pese a los anuncios del Gobierno y a los cierres de centros educativos con enseñanza a distancia.
Al reabrir las escuelas, se retomaron los bloqueos. En París, cientos de personas bloquearon por primera vez desde el inicio de las protestas la Universidad de Assas y el Instituto Católico de París, dos instituciones consideradas históricamente conservadoras. También fueron bloqueados los institutos Racine, Lamartine, Louis-le-Grand y Hélène Boucher, en solidaridad con jóvenes de barrios periféricos. En otras ciudades continuaron incorporándose nuevos institutos a la movilización.
El jueves 8 de octubre se realizaron numerosas manifestaciones masivas en el país. La plaza de la Bastilla, en París, reunió a estudiantes secundarios, universitarios y trabajadores de la educación, que cuestionaron al Gobierno por no atender sus reclamos. También hubo movilizaciones de miles de personas en Montpellier, Amiens y Toulouse.
En las universidades, la protesta también avanzó. En Nantes, 2.000 estudiantes participaron en una asamblea general y aprobaron bloquear y ocupar las instalaciones. En Créteil asistieron 500 personas, mientras que en Grenoble 600 estudiantes votaron por mantener un bloqueo hasta el 17 de octubre. En la Universidad de Toulouse-Le Mirail, 150 miembros del personal resolvieron prolongar su huelga hasta el viernes 9 de octubre.
Críticas a la consulta impulsada por el Gobierno
El Gobierno de Emmanuel Macron ofreció un «tiempo para el diálogo» con el objetivo de responder al malestar estudiantil. Para ello, lanzó un cuestionario dirigido a estudiantes secundarios y reservó medio día de clases desde el miércoles 7 de octubre para fomentar intercambios en los establecimientos.
El artículo cuestiona estas consultas y las compara con el debate nacional organizado durante el movimiento de los Chalecos Amarillos y con la convención ciudadana sobre cambio climático. Según esta perspectiva, se trataría de maniobras de relaciones públicas destinadas a contener las protestas, mientras el Gobierno mantiene una política represiva.
Después de las movilizaciones del jueves, el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció en TF1 la asignación de 3.000 profesores suplentes en cerca de 100 institutos identificados con una escasez especialmente grave de docentes. También señaló que autorizaría la contratación de «varios cientos» de profesores. Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu afirmó que el Ejecutivo propondrá cambios en el presupuesto de 2027 para transformar algunas demandas estudiantiles en medidas, especialmente en materia de sustitución docente.
Sin embargo, estudiantes movilizados preparaban acciones para denunciar lo que consideran una consulta ficticia. Un docente del instituto Bartholdi de Seine-Saint-Denis relató que alumnos del último curso abandonaron la reunión tras 20 minutos, al entender que sus demandas ya habían sido expresadas durante dos semanas y que debían sumarse a sus profesores, que se encontraban frente al colegio perdiendo días de salario en apoyo a la protesta.
De forma paralela, el Gobierno convocó a organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias. La agrupación Poing Levé rechazó participar al sostener que no había nada que negociar con un Ejecutivo que, a su juicio, reprime las movilizaciones y ataca a los estudiantes.
La coalición sindical de la educación superior, compuesta principalmente por la CGT-Ferc Sup y la Snesup-FSU, abandonó el miércoles una reunión con el ministro Philippe Baptiste como protesta ante un presupuesto para 2027 que considera insuficiente. El texto interpreta este hecho como una muestra de que el Gobierno no prevé ceder y pretende aplicar políticas de austeridad.
Autoorganización y coordinación de las protestas
El artículo plantea que la continuidad del movimiento depende de ampliar las movilizaciones, tomando como referencia la lucha de 2006 contra el Primer Contrato de Empleo (CPE) de Jacques Chirac. En aquella ocasión, estudiantes secundarios y universitarios lograron frenar la medida mediante protestas más amplias y vínculos con otros sectores sociales.
Entre las reivindicaciones actuales figura la derogación de Parcoursup, el sistema de preinscripción y evaluación para acceder a la educación superior implantado en 2018, así como la contratación masiva de docentes, auxiliares y otros trabajadores educativos. También se expresan cuestionamientos a normas y prohibiciones escolares consideradas autoritarias, racistas y favorables a los intereses empresariales, incluida la denuncia de las restricciones al uso del velo y de otras leyes calificadas como racistas.
Para impulsar la movilización, se propone crear asambleas generales en cada centro e instancias interescuelas. Estas estructuras permitirían que los estudiantes debatieran y decidieran democráticamente sus reclamos y las próximas acciones, además de coordinar la defensa de los bloqueos frente a la represión.
Como ejemplo, se menciona una asamblea en Le Havre que reunió delegaciones de unos quince institutos y facilitó la solidaridad entre los bloqueos. El texto compara esta experiencia con la Coordinación RATP-SNCF de 2019, que reunió a trabajadores del transporte urbano y ferroviario para organizar piquetes y sostener la huelga durante las vacaciones navideñas.
La búsqueda de unidad con los trabajadores
La construcción de vínculos con el movimiento obrero aparece como uno de los ejes centrales. El artículo recuerda que, durante las protestas contra la reforma laboral de 2016, las coordinaciones nacionales estudiantiles y de institutos presionaron a las dirigencias sindicales para convocar una jornada de acción conjunta.
El 17 de octubre es señalado como una fecha potencial para unificar reclamos y sumar el malestar por el alto costo de vida y la inflación. En contraste, se critica que las direcciones sindicales hayan convocado una movilización para el 5 de noviembre, una fecha considerada demasiado lejana y que, según el texto, podría debilitar la convergencia de las protestas.
La solidaridad de sectores laborales ya se manifestó en cadenas humanas para proteger bloqueos. Se mencionan las acciones del personal docente del instituto Paul Éluard, trabajadores de la refinería de Le Havre y ferroviarios que expresaron su apoyo durante la manifestación parisina del 6 de octubre.
Tras una semana de protestas, el texto propone organizar una «semana roja» de acción común entre estudiantes y trabajadores. La iniciativa buscaría articular bloqueos de institutos y universidades, movilizaciones y delegaciones elegidas democráticamente en los establecimientos en lucha.
En la plaza de la República de París, durante la noche del miércoles 7 de octubre, más de 1.000 estudiantes votaron a favor de construir esta «semana roja», continuar la lucha hasta abolir Parcoursup y garantizar recursos suficientes para sus estudios.
El artículo concluye que la capacidad de autoorganización será decisiva para el movimiento y sostiene que la protesta representa una oportunidad para cuestionar las reformas educativas implementadas en los últimos ocho años, defender el acceso a la educación superior y plantear cambios sociales y económicos más profundos.