La movilización de estudiantes secundarios, surgida en los barrios populares de Île-de-France, se extendió a comienzos de semana a todo el territorio francés. Este jueves, el movimiento sumó nuevos colegios movilizados y recibió el apoyo de universitarios y trabajadores. Según el artículo original, solo el martes se registraron 440 detenidos.
También se reportaron heridos durante las intervenciones policiales: en Tours, un joven sufrió una grave lesión en un ojo tras recibir una bala de goma, mientras que en Val-d’Oise otro estudiante fue alcanzado en el rostro por una granada lacrimógena. Pese a estos hechos, la movilización continuó y comenzó a articularse con estudiantes universitarios, docentes y trabajadores.
El Gobierno anuncia cierres de colegios y educación a distancia
Ante la expansión de las protestas, el primer ministro Lecornu convocó este jueves a las 13 horas una reunión de gabinete de emergencia para definir nuevas medidas. El ministro de Educación anunció el cierre de establecimientos movilizados y el recurso a la educación a distancia, al denunciar episodios de violencia que calificó como de “extrema gravedad”.
En X, el ministro de Educación, Édouard Geffray, indicó que solicitó impartir clases de forma remota cuando los daños o bloqueos impidan recibir a los alumnos en condiciones de seguridad. De acuerdo con el texto, esta medida busca evitar materialmente las movilizaciones y los bloqueos en los colegios.
Durante la semana, varios centros aplicaron preventivamente mecanismos como las “alertas de intrusión”, previstas inicialmente para situaciones de atentado terrorista. El protocolo establece el confinamiento de estudiantes y personal dentro de las aulas y prohíbe la salida del establecimiento. Estas medidas se activaron, entre otros lugares, en el liceo Saint-Exupéry de Lyon y en el liceo Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, donde, según el artículo, posteriormente se produjo una intervención policial contra estudiantes movilizados frente al centro.
En Gonesse, el liceo René-Cassin, movilizado desde la semana anterior, fue cerrado este jueves 1 de octubre hasta nuevo aviso.
El artículo compara estas decisiones con los cierres administrativos y el pase a la virtualidad aplicados en universidades desde las movilizaciones contra la reforma jubilatoria de 2023. Según esta interpretación, el Gobierno busca extender ese método a los colegios secundarios para impedir bloqueos y limitar los espacios de reunión y organización estudiantil.
Refuerzo policial y respuesta judicial
La represión policial se mantuvo mientras las direcciones escolares intentaban desarticular las protestas, sostiene el texto. En los últimos días se registraron desalojos, uso de gases lacrimógenos y golpes frente a colegios de distintas zonas de Francia, especialmente en los barrios populares.
Para reforzar el dispositivo, Lecornu pidió a sus ministros cancelar los viajes oficiales con el objetivo de liberar más efectivos policiales. Por su parte, el ministro de Justicia, Darmanin, convocó a una reunión de fiscales generales a las 17:30 para impulsar condenas “ejemplares”. El artículo prevé que esta orientación pueda traducirse en más procedimientos inmediatos, penas de prisión y multas.
El Gobierno también dirigió cuestionamientos hacia fuerzas políticas que no condenan las movilizaciones. El entorno de Lecornu atribuyó el movimiento a una “maniobra organizada por La France insoumise (LFI) y sus representantes de la extrema izquierda”. Bruno Retailleau pidió disolver la organización encabezada por Jean-Luc Mélenchon, mientras que el prefecto de París denunció al intendente de Saint-Denis, Bally Bagayoko, tras su presencia en bloqueos de colegios.
Llamados a la solidaridad con los estudiantes
El texto plantea que el endurecimiento de las medidas no debería aislar a los estudiantes movilizados y llama al movimiento obrero a expresar su solidaridad. En ese marco, señala que trabajadores de Siemens, Total y Siedel acudieron masivamente en Le Havre a un bloqueo de un colegio y formaron una cadena humana para proteger a los secundarios de la intervención policial.
La CGT Educ’action convocó a una huelga para el martes 6 de octubre, fecha en la que organizaciones estudiantiles también anunciaron una nueva jornada de movilización. Sophie Binet, secretaria general de la CGT, había denunciado el martes la “violencia policial”, aunque posteriormente se distanció de las supuestas “violencias” atribuidas a los estudiantes y responsabilizó a la estrategia gubernamental.
El artículo concluye con un llamado a ampliar la solidaridad de trabajadores y organizaciones con los estudiantes detenidos y con los colegios que continúen movilizados.