Generali ha llegado a un acuerdo con CTT, grupo portugués de servicios postales, para la distribución de pólizas de Vida y No Vida a través de su red. La asociación se refuerza con la adquisición de una participación en el Banco CTT por parte de Generali, mediante una ampliación de capital reservada de 25 millones de euros. La aseguradora italiana se convertirá en accionista de la entidad con una participación aproximada del 8,71%.

A través de esta asociación, los productos de seguros de Tranquilidade, la entidad portuguesa del grupo italiano, serán distribuidos por CTT y por su banco, en base a un acuerdo de distribución a largo plazo, con períodos de exclusividad de cinco años renovables.

El acuerdo refuerza la capacidad de distribución de Generali en Portugal, especialmente en Vida, al tiempo que aumentará sus primas en el país, que a finales de 2021 se situaban en 1.140 millones de euros (1.060 millones en No Vida y 80 millones en Vida).

“Este acuerdo confirma la estrategia de Generali para consolidar su posición de liderazgo en el mercado de seguros portugués y está totalmente alineado con nuestro plan ‘Lifetime Partner 24: Impulsar el crecimiento’. Esta asociación con CTT nos permitirá aumentar aún más el valor para los clientes en todo el país gracias a nuestra capacidad de distribución ampliada”, ha manifestado Jaime Anchústegui, CEO de Internacional de Generali.

Esta operación se completará tras la aprobación de los reguladores correspondientes. Tranquilidade y Generali han sido asesorados por Arcano Partners como asesor financiero exclusivo, y Morais Leitão como asesor legal.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.