El papel de la jerarquía de la Iglesia Católica durante la última dictadura cívico-militar ha sido señalado por cientos de testimonios de sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas a lo largo de 46 años. Esos relatos dan cuenta del involucramiento de cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes en los crímenes cometidos contra una generación que luchaba por una sociedad sin explotados ni oprimidos.
Según estas denuncias, la cúpula eclesiástica y el Vaticano legitimaron el accionar del terrorismo de Estado entre mediados de los años 70 y comienzos de los 80, y colaboraron con el plan represivo. Entre otros hechos, se les atribuye haber aportado sacerdotes y obispos a centros clandestinos de detención para tomar “confesiones”, entregar fieles a los represores, desorientar a familiares que buscaban a sus seres queridos, bendecir armas y brindar una fundamentación teológica a los vuelos de la muerte.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) también es cuestionada por haber entregado a integrantes de su propia estructura eclesiástica en nombre de “la Patria, la familia y la moral cristiana”. En ese marco, se menciona el caso de sacerdotes y monjas considerados díscolos, que no habrían sido protegidos frente a la persecución militar, policial y penitenciaria.
Uno de los nombres citados es el de Emilio Graselli, secretario del vicario castrense Adolfo Tortolo. Graselli recibía en la capilla Stella Maris de la Armada, ubicada en Retiro, a familiares de personas secuestradas y desaparecidas, mientras elaboraba fichas con los datos reunidos. Su nombre continúa apareciendo en los juicios por delitos de lesa humanidad.
También se menciona a Christian Von Wernich, capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quien participaba de sesiones de tortura en centros clandestinos pertenecientes al denominado Circuito Camps. En 2007 fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad, convirtiéndose en el único integrante de la Iglesia Católica condenado por esos crímenes.
El texto además cuestiona la intervención del Movimiento Familiar Cristiano, entidad acreditada por el Episcopado que habría actuado como mediadora entre niñas y niños nacidos en centros clandestinos y sus apropiadores, mayoritariamente integrantes de fuerzas represivas o civiles vinculados al aparato genocida.
El caso de Jorge Bergoglio
En este recorrido se incluye a Jorge “Francisco” Bergoglio, actual máxima autoridad de la Iglesia Católica. Pese a los intentos por mejorar su imagen pública, se señala que está documentada su vinculación con el secuestro de los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics en 1976.
Familiares de Elena de la Cuadra, hija de Licha de la Cuadra, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, también identifican a Bergoglio como colaborador directo de los represores en la apropiación de Ana Libertad en 1977. De acuerdo con esos testimonios, Bergoglio conocía el destino de la niña. Sin embargo, en 2010, cuando era la máxima autoridad de la Iglesia argentina, declaró en la megacausa ESMA desligándose de responsabilidades y afirmando no saber qué ocurría.
El testimonio que Estela de la Cuadra, hermana de Elena y tía de Ana Libertad, brindó en 2014 describe un mecanismo de actuación atribuido a la jerarquía católica y a sus funcionarios dentro de la trama represiva. Primero, recibían denuncias de familiares que buscaban a sus seres queridos; luego consultaban con militares, policías, penitenciarios y miembros de los servicios de inteligencia qué respuesta dar; finalmente, comunicaban que no tenía sentido continuar la búsqueda, que había que esperar con fe cristiana o que un niño o niña se encontraba, “gracias a Dios”, con una buena familia.
Estela de la Cuadra conserva una carta manuscrita por Bergoglio el 28 de octubre de 1977 que, según sostiene, contradice su afirmación de desconocer las desapariciones de niños y niñas durante el proceso genocida.
Beneficios e impunidad
La participación de miembros encumbrados de la Iglesia, como Graselli, Von Wernich, Bergoglio, Tortolo, Antonio Plaza, Juan Carlos Aramburu, Raúl Primatesta y Eduardo Pironio, es presentada como parte de una intervención deliberada y organizada de la jerarquía eclesiástica en el terrorismo de Estado.
Esa relación con la maquinaria represiva tuvo, además, una contraparte material. Durante la dictadura, Videla, Massera y otros integrantes del régimen otorgaron decretos y beneficios estatales para el sostenimiento económico y estructural de la Iglesia Católica.
Esos privilegios legales, según se plantea, continúan vigentes. A partir del artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, persisten leyes y decretos que conceden sueldos y jubilaciones equivalentes a los de un juez de la Nación, pasajes gratuitos, exenciones impositivas, subsidios a escuelas confesionales y cesiones de terrenos fiscales, edificios públicos y otros inmuebles.
Tras el regreso de la democracia en 1983, la jerarquía de la Iglesia Católica habría mantenido un amplio marco de impunidad. Son escasos los casos de integrantes juzgados y aún menos los de personas condenadas por su participación en la dictadura. La Conferencia Episcopal Argentina no realizó una autocrítica por su aval a torturadores y responsables de desapariciones, ni habilitó una apertura plena de los archivos que conserva junto al Vaticano sobre ese período.
En 2016, el Episcopado anunció la desclasificación de archivos como parte de un trabajo orientado, según afirmó entonces monseñor José María Arancedo, a la verdad, la justicia y la paz. No obstante, la documentación difundida consistió únicamente en copias de cartas enviadas por familiares de desaparecidos.
Luego de seis años de esa apertura, no se incorporaron a los juicios de lesa humanidad datos relevantes o concluyentes por parte de la jerarquía eclesiástica. La información central, sostiene el artículo, permanece resguardada en los archivos vaticanos.
