El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este miércoles que la Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas, durante un acto realizado en la sede del Gobierno porteño de Parque Patricios.
Macri presentó la medida como un resultado de gestión, en el marco de una política que incluye intervenciones de la Policía de la Ciudad, desalojos, operativos contra manteros y vendedores ambulantes y controles que, según cuestionamientos expresados en torno a estas acciones, afectan también a población extranjera.
Durante el encuentro, el jefe de Gobierno afirmó: “Nadie puede ser libre si de un día para el otro puede perder aquello por lo que trabajó toda su vida”. Sus críticos cuestionan esa postura al señalar que los desalojos dejan a familias trabajadoras, mujeres y niños sin vivienda ni alternativas habitacionales.
La administración porteña sostiene una agenda asociada a la consigna de “Ley y Orden”, con operativos sobre distintos tipos de inmuebles. Estas acciones abarcan desde propiedades particulares hasta hoteles familiares con personas que alquilan habitaciones, edificios ocupados desde hace décadas y predios donde funcionan espacios comunitarios.
En septiembre, la Policía de la Ciudad desalojó a unas 60 personas de un edificio de Constitución en el que vivían familias con niños desde hacía 21 años. En abril, un operativo en Villa Mitre dejó a decenas de familias ante la posibilidad de perder sus viviendas, en medio de denuncias por el uso de la fuerza policial.
El anuncio se produce en un contexto de crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Para trabajadores, jóvenes e inquilinos, el acceso a una vivienda propia se presenta como una posibilidad cada vez más distante.
Desde sectores críticos de la política porteña advierten una tensión entre la defensa de la propiedad privada y el derecho a la vivienda de las familias desalojadas, especialmente cuando no se ofrecen soluciones habitacionales para quienes deben abandonar los inmuebles.