El cambio climático ha agravado los capítulos, poco a poco más usuales y extremos, de sequía y lluvias torrenciales. La sociedad se ha acostumbrado a ver estas imágenes en televisión, pero no puede ser únicamente espectadora y cruzarse de brazos.

La urgencia climática se encuentra dentro de los mayores retos que la raza humana tiene actualmente. Hay que actuar colectivamente y con urgencia. Lo que está en juego es, nada menos, el futuro del mundo y la supervivencia del humano como especie.

Un toque de atención

Cataluña es una de las zonas de la Unión Europea más afectadas por el cambio climático. En toda la cuenca mediterránea, el agua es cada vez un recurso más escaso. En verdad, hasta el 50% de la población del Mediterráneo sufre las consecuencias de la urgencia hídrica en algún momento del año. La Agencia Catalana del Agua cree en un 22% la disminución de la disponibilidad de agua en el litoral catalán para el año 2050. Además, se prevé que, en este mismo año, Barcelona tenga una necesidad adicional de agua bebible del 8,2% del consumo total.

El Día Internacional contra el Cambio Climático se festeja cada 24 de octubre para llamar la atención sobre este gran reto vinculado a la sostenibilidad del mundo. En noviembre, se celebrará en Egipto la Conferencia de forma anual de ONU sobre el Cambio Climático (COP27), con el deber de apresurar la acción climática y alcanzar objetivos ambiciosos como los planteados en el Acuerdo de París firmado hace más de seis años. Va a ser un nuevo toque de atención para pasar ahora de las promesas a los resultados y para realizar acciones específicas sobre el lote.

De las palabras a los hechos

Las empresas tienen el reto de transformarse en motor de la transformación social, ecológica y digital. Con este propósito, Aigües de Barcelona ha reducido un 51% sus emisiones durante el periodo 2015-2020, superando con creces el propósito que se había marcado antes. La compañía ahora trabaja en proyectos para lograr la neutralidad climática del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes del 2050.

Esto incluye la implementación de placas solares y pérgolas de captación fotovoltaica en las instalaciones de la compañía, tal como la valorización de los fangos (un resto abundante en materia orgánica) generados en las estaciones de depuración de agua, para transformarlos en ecocombustibles como el biogás. Tres de estas instalaciones usan la energía producida en exactamente los mismos procesos de la planta, reduciendo de esta manera las emisiones de carbono. En este sentido, en el 2021 la compañía generó mucho más de 11,5 millones de kWh de energía térmica con cogeneración de biogás y mucho más de 21 millones de kWh de energía eléctrica, correspondiente al consumo de energía de 150 días de estas tres estaciones depuradoras. Cerca del 100% de la energía que consume Aigües de Barcelona tiene origen renovable.

En el ámbito de la regeneración y la reutilización de agua para darle una segunda vida, Aigües de Barcelona ha regenerado en el último año 38 hm3 de agua con la primordial finalidad de emplearla para el mantenimiento ecológico y ambiental. Además de esto, la compañía está estableciendo proyectos de colaboración público-privada y acciones de implicación para apresurar la implantación del agua regenerada, una solución necesaria para la resiliencia de las ciudades en oposición al contexto irreversible de emergencia hídrica resultante del cambio climático. En este sentido, la compañía logró achicar su huella hídrica prácticamente un 25% en los últimos cinco años.

El agua regenerada, como la que consigue la depuradora del Baix Llobregat, es clave para la resiliencia de las ciudades / AIGÜES DE BARCELONA

Acción climática en el sector del agua

El Consejo de Administración de Aigües de Barcelona aprobó en el mes de noviembre del 2021 su Política de Acción Climática para trabajar de forma centrada por el tiempo y dar contestación a la situación de hoy de emergencia climática. La compañía asume el reto de liderar activamente la acción climática, cooperando con los conjuntos de relación y con el territorio en el que está presente.

La Política tiene tres ejes de actuación primordiales: la neutralidad climática, la adaptación al cambio climático, y la capacitación e implicación climática. En el desarrollo de confección de la Política, se han implicado instituciones relevantes, como el Área Metropolitana de Barcelona, la Secretaría de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya, la Agencia Catalana del Agua, el Catalan Water Partnership, agentes especialistas en cambio climático, empresas comprometidas y referentes en sostenibilidad, y entidades de activismo ambiental y social.

El esfuerzo de Aigües de Barcelona en su estrategia y acciones hacia la emergencia climática en los ejes de adaptación, mitigación y liderazgo climático le ha valido el reconocimiento de la International Water Association (IWA) como “Climate Smart Utility” en septiembre. Es el primer reconocimiento que recibe una compañía de gestión del período integral del agua en Cataluña. Aparte de avalar y también impulsar la acción climática de la compañía, el distintivo permite hacer una red de buenas prácticas ambientales con otros agentes del ámbito. De este modo, Aigües de Barcelona se transforma en un auténtico agente tractor de la acción climática en el sector del agua.

Las coaliciones, claves para avanzar

Aigües de Barcelona tiene en su ADN la colaboración público-privada y la cooperación y las sinergias con sus conjuntos de relación. Por ese motivo, la compañía lanzó en el mes de mayo un hub de acción climática. Hablamos de un espacio de codesarrollo que dejará a todas las entidades competidores producir nuevos modelos ecológicos, neutros y de encontronazo positivo.

En este momento, ahora se trabaja con más de 45 entidades distribuidoras de los operadores del período integral del agua para lograr la neutralidad climática de forma colectiva. Ninguna compañía puede hacerlo sola por el hecho de que siempre va a depender de las emisiones indirectas que se produzcan fuera de su organización. El hub deja compartir las buenas prácticas y el conocimiento para el cálculo y la reducción de la huella de carbono, así como actualizar las tendencias regulatorias, estratégicas y de financiación en temas de acción climática.

El cambio climático nos aboca a todos a ayudar. Cada ademán cuenta.

 

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.