La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal restituyó la plena vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
Ese artículo deroga la norma que establecía límites para la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La ley se mantenía vigente a partir de un fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había cuestionado la decisión del Poder Ejecutivo por considerarla inconstitucional.
Según el planteo difundido, la decisión de la Corte elimina las restricciones que impedían que la propiedad extranjera superara el 15% del territorio nacional, provincial o departamental. También deja sin efecto el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agropecuaria y los controles específicos para las zonas de frontera. De este modo, se habilitaría la adquisición de extensiones ilimitadas de suelo rural por personas, empresas o Estados extranjeros.
La causa judicial se había iniciado con una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que advertía que la desregulación podía favorecer la extranjerización de la tierra y la conformación de latifundios, con consecuencias sobre la soberanía nacional. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata había dado lugar al reclamo al considerar a la soberanía como un bien colectivo, pero la Corte Suprema revirtió esa sentencia tras un recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional.
El DNU 70/2023 y su tratamiento legislativo
El DNU 70/2023 fue uno de los primeros decretos dictados por el Gobierno de Milei. Entre otras medidas, derogó la Ley de Alquileres, una decisión que, de acuerdo con el artículo original, profundizó las dificultades habitacionales y la especulación inmobiliaria.
El decreto fue rechazado por el Senado, aunque no ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados. Allí no llegó a tratarse debido a que no se reunieron las diez firmas necesarias para iniciar formalmente el debate. Los diputados del Frente de Izquierda cuestionaron reiteradamente a los bloques que, pese a declararse opositores al Gobierno, no acompañaron con sus firmas la convocatoria.
Desde ese espacio sostienen que, si el DNU fuera tratado en el recinto de Diputados, podría ser rechazado y quedar anulado, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara baja.
Críticas de Nicolás del Caño y Myriam Bregman
Tras conocerse la resolución, el dirigente del PTS-FITU Nicolás del Caño cuestionó el fallo y afirmó que la Corte Suprema, integrada por tres jueces, revirtió lo que —según su expresión— se había conseguido mediante la movilización del 6 de agosto. También comparó la situación con la reacción social frente al fallo del 2×1 que favorecía a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Del Caño señaló que la derogación de la Ley de Tierras, previamente declarada inconstitucional a partir del reclamo de excombatientes de Malvinas, representa una medida de entrega de la soberanía. En ese sentido, llamó a enfrentarla mediante la movilización en las calles.
Por su parte, Myriam Bregman expresó críticas al Gobierno y afirmó: “Dice que va a defender las Malvinas el mismo gobierno que entrega el continente. Son todos cómplices de la entrega”. Más tarde, en una entrevista con El Destape, sostuvo que la decisión de la Corte le recordó al fallo del 2×1 y destacó que, en aquella ocasión, el rechazo popular llevó a que la medida fuera revertida.
Convocatoria a nuevas movilizaciones
El artículo plantea que la respuesta frente al fallo debe ser la organización y la movilización popular, retomando las acciones del 6 de agosto y la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre. Desde esa perspectiva, se propone impulsar una movilización masiva para rechazar la decisión judicial y exigir la anulación del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados.
En ese marco, se informó una autoconvocatoria para el viernes 2 de octubre en Parque Lezama, Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de preparar nuevas acciones contra el fallo de la Corte Suprema.