La confirmación de la exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del INTA, abrió una nueva instancia en el conflicto por su reincorporación. Su abogado, Mario Bolla, fue notificado el martes 27 sobre la resolución del sumario y anticipó que recurrirá a la Justicia para buscar la revocación de la sanción.

La exoneración es la máxima sanción dentro de un organismo público: implica la expulsión del INTA y la inhabilitación para desempeñarse en otras instituciones estatales, como el Conicet.

Aparicio estuvo al frente en Argentina del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea, que estudia la exposición a agrotóxicos en distintas matrices ambientales, así como en muestras humanas y animales. Tras la difusión de los primeros resultados, el INTA intentó apartarse de la investigación y sancionó a quienes participaron de ella.

Cuestionamientos al sumario

Según Bolla, los cargos formulados contra la investigadora no se corresponden con las normas citadas y no acreditan un daño que justifique una medida de la gravedad aplicada. También sostuvo que la resolución final contiene inconsistencias respecto de las imputaciones iniciales.

Al inicio del sumario se habían formulado ocho cargos, uno de ellos dividido en tres subcargos, lo que totalizaba once imputaciones. Sin embargo, algunos cuestionamientos dejaron de figurar en la decisión final. Entre ellos, el abogado mencionó las acusaciones por una supuesta intervención en asuntos del ámbito sanitario y por no informar a autoridades de Salud.

Para la defensa, la ausencia de esos puntos en la resolución evidencia debilidades en la acusación original, aunque el expediente no lo reconozca de manera expresa. Además, Bolla señaló que se sumaron argumentos sobre los cuales la defensa no tuvo oportunidad de responder durante el procedimiento administrativo.

El abogado también cuestionó la desigualdad de las sanciones aplicadas. De acuerdo con su relato, a un bioquímico involucrado en el procedimiento le solicitaron 25 días de suspensión, pese a que algunas de las imputaciones y normas invocadas serían similares a las atribuidas a Aparicio. Por ese motivo, consideró que el INTA debería explicar por qué impuso a la investigadora la sanción máxima.

El proyecto SPRINT y las objeciones administrativas

La resolución no cuestiona los resultados de la investigación ni sostiene que Aparicio haya falseado información o se haya apropiado de fondos. De acuerdo con el artículo, el informe final del sumario se concentra en cuestiones formales y administrativas.

Respecto del uso de recursos para enviar muestras al exterior, Bolla consideró que el cuestionamiento es improcedente porque el INTA conocía ese procedimiento al integrarse al proyecto internacional.

Sobre las muestras humanas, cuando el INTA procuró retirarse de la coordinación europea de SPRINT al manifestar desacuerdos con la metodología, el consorcio internacional respondió que el estudio las contemplaba desde su inicio y que las actividades se desarrollaron de acuerdo con los protocolos establecidos. La defensa prevé utilizar en su presentación la correspondencia entre el INTA y Wageningen University.

Recursos administrativos y acción ante la Justicia Federal

Tras la notificación de la exoneración, la defensa dispone de veinte días hábiles para presentar recursos administrativos de reconsideración y jerárquico en subsidio ante las autoridades del INTA. Aunque no esperan una resolución favorable por esa vía, esos pasos son necesarios para dejar asentada la objeción y avanzar posteriormente en sede judicial.

Bolla prepara una presentación ante la Justicia Federal de Mar del Plata para solicitar la nulidad de lo actuado. También prevé pedir una medida cautelar de no innovar que permita a Aparicio continuar en su puesto hasta que se resuelva el conflicto. Por el momento, la investigadora sigue asistiendo a trabajar.

La defensa advierte que la exoneración podría afectar no solo su continuidad inmediata en el INTA, sino también sus posibilidades de reingresar a otros organismos nacionales y la continuidad de su trayectoria científica, incluido su vínculo con el CONICET.

El artículo también señala que Aparicio enfrenta restricciones dentro del organismo, entre ellas la imposibilidad de acceder a equipamiento de última generación adquirido por el INTA, como cromatógrafos destinados a su área de trabajo. Además, describe una situación de aislamiento laboral que, según la investigadora, se mantiene desde 2023.

Apoyos y campaña en defensa de la investigación pública

La exoneración comenzó a tramitarse durante el gobierno de Alberto Fernández y, según el artículo, el proceso se profundizó durante la gestión de Javier Milei, en un contexto de ajuste y reestructuración del INTA. Entre las medidas mencionadas se encuentran los retiros voluntarios y planes de venta de tierras del organismo.

Mientras se prepara la instancia judicial, organizaciones científicas, ambientales y de otros ámbitos comenzaron a difundir pronunciamientos de apoyo. La defensa reúne esas adhesiones para acompañar la presentación y visibilizar el caso.

Los impulsores de la campaña consideran que el conflicto trasciende la situación disciplinaria individual de Aparicio y representa un antecedente para la libertad de investigación y el funcionamiento de la ciencia pública. Por ello, reclaman pronunciamientos de organismos como el CONICET y de instituciones universitarias.

Para el sábado 31 está prevista una reunión virtual con organizaciones y asambleas territoriales, con el objetivo de coordinar acciones en universidades, centros de investigación, hospitales y comunidades afectadas. La postura de la campaña es que los cuestionamientos a los resultados de una investigación deben responderse con más estudios y conocimiento, y no mediante sanciones disciplinarias.