El proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el gobierno de Javier Milei, que circula desde fines de 2025, volvió a ocupar un lugar en la discusión educativa. La iniciativa ubica a las familias como actores centrales de la educación pública, en un contexto internacional en el que las derechas promueven discursos sobre la recuperación del modelo de familia nuclear.
La familia, el ajuste y la educación como servicio
El borrador de la Ley de Libertad Educativa se conoció luego de las reuniones del Consejo de Mayo, a finales de 2025. Tras sucesivas versiones, el tema recobró impulso cuando el Gobierno anunció en julio que presentaría el proyecto ante la comisión de Educación del Congreso.
La reforma de la actual Ley de Educación Nacional se inscribe, según el planteo del artículo, en una agenda de las derechas orientada a “recuperar la familia”. Laura García Tuñón señaló que entre quienes promovieron la propuesta se encuentran Carlos Torrendell, secretario de Educación y referente de la educación privada católica, y Martín Krause, de la Fundación Faro, junto con sectores vinculados al grupo de Paolo Rocca.
El artículo 4 del proyecto establece el “rol preferente de la familia” como agente natural y primario, con derecho y deber de orientar la formación de sus hijos de acuerdo con su identidad cultural y convicciones. También incorpora la subsidiariedad del Estado, que actuaría como garante del acceso y la validez educativa sin reemplazar la responsabilidad familiar ni la iniciativa social.
La noción de familia como agente natural y primario ya había sido incluida en la Ley Federal de Educación de 1993 y se mantuvo en la Ley de Educación Nacional de 2006. La novedad del nuevo texto es la incorporación de la subsidiariedad estatal y de la función de rol preferente de las familias.
El análisis sostiene que la reforma posee un fuerte contenido ideológico y se vincula con la denominada “batalla cultural” de sectores conservadores y reaccionarios. Desde esa perspectiva, el proyecto busca restituir a la familia como autoridad privilegiada en la formación de niñas, niños y adolescentes.
En esa línea, se cuestiona la incorporación del home schooling a la educación formal. El artículo 51 señala que la inscripción deberá realizarse mediante procedimientos no discrecionales, “sin controles invasivos de la vida familiar ni sobre la orientación pedagógica elegida”. Para el texto original, esta formulación supone que madres y padres son quienes están en mejores condiciones de decidir sobre la educación de las infancias y expresa una concepción de las hijas y los hijos como propiedad.
Estas ideas, según el artículo, exceden al gobierno de Milei y forman parte de corrientes de derecha internacionales. Como ejemplo, menciona el intento de Vox en el Estado español de implementar el denominado pin parental, una propuesta que buscaba dar a las familias capacidad de veto sobre determinados contenidos y actividades escolares.
El texto interpreta las medidas neoconservadoras como una expresión del capitalismo en crisis, destinada a radicalizar a su base social para avanzar con ajustes. En ese marco, plantea que la privatización y los recortes en salud, educación pública, cuidados y jubilaciones trasladan las tareas de reproducción social a los hogares y a las docentes, en particular a las mujeres.
Desde esta mirada, si el derecho social a la educación es reemplazado gradualmente por la libertad de elegir entre ofertas educativas, la familia deja de integrar una comunidad educativa y pasa a ser considerada un agente económico, usuaria o consumidora de un servicio. Las instituciones competirían por matrícula, mientras que las familias elegirían, evaluarían y demandarían resultados. Así, las desigualdades sociales quedarían redefinidas como consecuencias de decisiones individuales.
El artículo afirma que, cuando se omite la responsabilidad estatal en el deterioro educativo —por presupuestos insuficientes, salarios deteriorados, sobrecarga laboral, infraestructura deficiente, desigualdad social y falta de equipos de apoyo—, los problemas pasan a tener responsables individuales. En lugar de ampliar recursos y derechos colectivos, se priorizarían mecanismos de evaluación, control, premios, sanciones o desplazamientos.
En este esquema, se plantea que la Ley de Libertad Educativa podría configurar una relación antagónica entre familias y docentes: las primeras exigirían resultados, las y los docentes serían responsabilizados por problemas estructurales y las autoridades estatales quedarían como árbitros de un conflicto del que también serían responsables.
El enfrentamiento con la docencia, sostiene el texto, no sería un aspecto secundario. Los sindicatos docentes, los estatutos laborales y la intención de declarar a la educación como “servicio esencial” representarían obstáculos para una organización escolar basada en la competencia, la flexibilidad y la responsabilidad individual. La presión sobre las trabajadoras docentes se traduciría en la exigencia de aumentar la productividad y responder a la demanda sin modificar las condiciones de enseñanza, es decir, trabajar más por el mismo salario.
Como consecuencia, el proyecto buscaría profundizar la descentralización del sistema educativo. En un país donde ya existen circuitos escolares con condiciones de enseñanza desiguales, la dispersión de la oferta educativa podría ampliar aún más la segmentación.
El debate sobre el “Estado presente”
El artículo también cuestiona las posiciones que responden a la iniciativa únicamente desde la defensa de un “Estado presente”. CTERA publicó un trabajo crítico sobre la Ley de Libertad Educativa, en el que Gabriela Diker, exfuncionaria durante el gobierno de Alberto Fernández, sostiene que el antagonismo entre Estado y familias estructura el proyecto.
Según Diker, esa oposición presenta la necesidad de una ley que proteja a las familias de un Estado que “constriñe, invade, obliga” e impide que ejerzan su derecho a decidir sobre la educación de sus hijos. También advierte que esta mirada invisibiliza la dimensión colectiva de la vida social, aquello que permite vivir en común y que justificaría una orientación política compartida para la educación.
La nota cuestiona este análisis al considerar que deja de lado las condiciones que permitieron que los planteos de la Ley de Libertad Educativa encuentren eco en una parte de la población. Sostiene que el deterioro de la educación pública también se produjo bajo lo que el peronismo denominó “Estado presente”.
En particular, señala que gobiernos liberales y peronistas no alcanzaron la meta del 6 % del PBI destinado a educación, en un contexto atravesado por vencimientos de deuda. También cuestiona a los grandes sindicatos docentes dirigidos por el peronismo, a los que atribuye haber dado una tregua al gobierno de Milei pese a una retórica confrontativa.
Según la posición expuesta, el planteo de construir comunidad queda limitado a una estrategia de reemplazo gubernamental y no avanza hacia una construcción de poder desde abajo. El texto afirma que no se impulsa la autoorganización comunitaria contra los recortes, sino el apoyo al peronismo como un “mal menor” frente a la derecha, y agrega que en varias provincias se aplican medidas similares a las promovidas por La Libertad Avanza.
Para el artículo, rechazar la Ley de Libertad Educativa y denunciar la subsidiariedad estatal no debería limitarse a defender la actual Ley de Educación Nacional. Señala que la Ley 26.206 no revirtió la fragmentación educativa y mantuvo el principio, heredado de la Ley Federal de los años noventa, de la familia como agente natural y primario de la educación.
También menciona la persistencia de la descentralización educativa, que sostiene un modelo de segregación creciente, y la posibilidad de que la Iglesia, las empresas y los Estados provinciales definan programas y diseños curriculares. En ese sentido, plantea la necesidad de considerar el contenido de clase que esas instituciones imprimen a las escuelas.
Quiénes deben decidir sobre la educación
El texto destaca el potencial de las relaciones entre familias y escuelas cuando adoptan una dimensión colectiva y política. Como ejemplos, menciona experiencias en Estados Unidos frente a los operativos de ICE, donde sindicatos docentes, educadores, familias y comunidades escolares impulsaron acciones para defender a estudiantes y familias migrantes.
Asimismo, refiere a Catalunya, donde docentes se organizaron junto con familias y organizaciones de vivienda contra los desahucios bajo la consigna “sin vivienda no hay educación”. También menciona el repudio organizado desde escuelas de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, contra un operativo xenófobo de la gestión de Jorge Macri.
Estas experiencias, según el artículo, muestran que el vínculo entre escuelas y familias puede convertirse en una fuerza común frente a problemas sociales que afectan tanto a las instituciones educativas como a las familias trabajadoras.
La Ley de Libertad Educativa, en cambio, es presentada como una propuesta que concibe a cada familia como autoridad exclusiva sobre sus hijos, consumidora de un servicio educativo y corresponsable de sostenerlo. Frente a ello, se reivindica la capacidad de la escuela para organizar colectivamente a docentes, estudiantes y familias trabajadoras en torno a los problemas que condicionan la educación y la vida de las infancias.
La posición final expresa un rechazo total a la reforma propuesta por el gobierno libertario, aunque sostiene que no alcanza con defender la educación existente. Propone una educación pública, gratuita, laica, científica y crítica, orientada a garantizar el acceso al conjunto de los conocimientos producidos por la humanidad y no a la adaptación a las necesidades del mercado.
Frente a la fragmentación y la desigualdad del sistema, plantea su nacionalización y un presupuesto definido a partir de las necesidades educativas y sociales, en lugar de las exigencias del FMI y del pago de la deuda. Además, propone una deliberación social amplia para que el pueblo trabajador discuta las grandes orientaciones educativas, con participación específica de docentes, especialistas, estudiantes y familias de acuerdo con cada nivel y problemática.
Finalmente, el artículo vincula la lucha por otra educación con una transformación más profunda de la sociedad, al sostener que no puede haber una educación plenamente democrática mientras las principales decisiones sobre la economía, los recursos y la vida social permanezcan en manos de una minoría.