Instituto Santalucía advierte del “carácter cada vez más complejo y confuso” de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en materia de Seguridad Social, al incluir gastos y prestaciones que mezclan las partidas contributivas y no contributivas.
“Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario”, comenta José Manuel Jiménez, director del instituto. “Algunos gastos supuestamente impropios se traspasan al Estado y la falta de transparencia y de metodología objetiva para el cálculo presupuestario aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, subraya.
Los expertos del foro opinan que las trasferencias crecientes para la financiación de “gastos impropios”, que en parte no son tales, solo sirven para traspasar al Estado la mayor parte del déficit del sistema contributivo de pensiones, ofreciendo una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema.
Defensa de un modelo de cuentas nocionales
El análisis muestra también el poco efecto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para incrementar la “hucha de las pensiones”, que solo podría tener sentido con unos presupuestos de pensiones en equilibrio. Estos expertos valoran que esta aportación “parece más un artificio contable adicional para cumplir con la norma, que el reflejo de una realidad que muestra un sistema financiero en déficit, donde habría que concretar otras soluciones para conseguir el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo”.
Además, consideran que habría sido más equitativo para todos los colectivos blindar solo a las pensiones más bajas y coinciden en defender la evolución hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que el sistema seguiría siendo de reparto.
Acceso al informe completo de Instituto Santalucía.