Instituto Santalucía advierte del “carácter cada vez más complejo y confuso” de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en materia de Seguridad Social, al incluir gastos y prestaciones que mezclan las partidas contributivas y no contributivas.

“Aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020 era clarificar la separación de fuentes entre el Estado y la Seguridad Social, en la práctica ocurre lo contrario”, comenta José Manuel Jiménez, director del instituto. “Algunos gastos supuestamente impropios se traspasan al Estado y la falta de transparencia y de metodología objetiva para el cálculo presupuestario aumenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, subraya.

Los expertos del foro opinan que las trasferencias crecientes para la financiación de “gastos impropios”, que en parte no son tales, solo sirven para traspasar al Estado la mayor parte del déficit del sistema contributivo de pensiones, ofreciendo una imagen distorsionada de la salud financiera del sistema.

Defensa de un modelo de cuentas nocionales

El análisis muestra también el poco efecto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para incrementar la “hucha de las pensiones”, que solo podría tener sentido con unos presupuestos de pensiones en equilibrio. Estos expertos valoran que esta aportación “parece más un artificio contable adicional para cumplir con la norma, que el reflejo de una realidad que muestra un sistema financiero en déficit, donde habría que concretar otras soluciones para conseguir el equilibrio presupuestario a medio y largo plazo”.

Además, consideran que habría sido más equitativo para todos los colectivos blindar solo a las pensiones más bajas y coinciden en defender la evolución hacia un modelo de cuentas nocionales, en el que el sistema seguiría siendo de reparto.

Acceso al informe completo de Instituto Santalucía.

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Intervención en nombramientos e intromisión en causas: Los motivos que llevaron a la suspensión de Ángela Vivanco



En una medida que ha generado un amplio debate en el ámbito judicial y político, Ángela Vivanco ha sido suspendida de sus funciones. La decisión se basa en múltiples acusaciones que giran en torno a la intervención en nombramientos e intromisión en causas judiciales específicas. Este artículo explora en detalle los eventos que llevaron a esta suspensión, así como las implicaciones que tiene para el sistema judicial en general.



Contexto de la Suspensión


La suspensión de Ángela Vivanco no es un evento aislado, sino que forma parte de una serie de controversias que han sacudido la estructura judicial en los últimos meses. En particular, las acusaciones de intervención en nombramientos han sido una constante fuente de preocupación y debate.



Intervención en Nombramientos


Una de las acusaciones más graves contra Vivanco es la de haber intervenido de manera indebida en el proceso de nombramiento de varios jueces y funcionarios judiciales. Según las denuncias, Vivanco habría utilizado su influencia para favorecer a ciertos candidatos, lo cual pone en entredicho la imparcialidad y la transparencia del sistema de nombramientos.



Intromisión en Causas Judiciales


Además de las acusaciones de intervención en nombramientos, Vivanco también ha sido señalada por su supuesta intromisión en causas judiciales específicas. Testimonios y documentos sugieren que habría intentado influir en el resultado de varios casos de alto perfil, lo que constituye una grave violación de la ética judicial.



Reacciones y Consecuencias


La suspensión de Ángela Vivanco ha generado diversas reacciones tanto en el ámbito judicial como en el político. Mientras algunos defienden la medida como necesaria para mantener la integridad del sistema judicial, otros la ven como una maniobra política. Las consecuencias de esta suspensión podrían ser de largo alcance, afectando la percepción pública de la justicia y la confianza en las instituciones.



Conclusión


La suspensión de Ángela Vivanco pone de relieve las profundas tensiones y desafíos que enfrenta el sistema judicial. Las acusaciones de intervención en nombramientos e intromisión en causas judiciales son extremadamente serias y requieren una investigación exhaustiva. Independientemente del resultado, este caso subraya la importancia de mantener la transparencia y la imparcialidad en todos los aspectos del sistema judicial.



En los próximos meses, será crucial observar cómo se desarrolla este caso y qué medidas se toman para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza. La integridad del sistema judicial depende de la capacidad de abordar y resolver estas controversias de manera justa y transparente.